El presidente Gustavo Petro ha convocado una Consulta Popular para enfrentar el bloqueo institucional que ha sufrido su gobierno y sus principales iniciativas, entre ellas, las "reformas sociales" (salud, laboral, ley de refinanciación, etc.) en el Congreso Nacional. Dicho bloqueo se hizo manifiesto y explícito en la Comisión Séptima del Senado cuando se archivó el proyecto de reforma laboral sin desarrollarse el debate normal y necesario.

Inicialmente, la propuesta de Consulta Popular se planteó como un instrumento para movilizar al pueblo en torno al contenido de específico de la reforma laboral y obligar con ese mandato a los congresistas a que finalmente conviertan el proyecto de reforma en Ley. Sin embargo, por lo que se observa en las primeras de cambio de esa iniciativa, pareciera que se va a ir convirtiendo en una especie de plebiscito en torno al apoyo o al rechazo al gobierno progresista, que colocará en la escena pública el debate sobre las barreras institucionales que han impedido que el gobierno progresista avance y concrete los cambios propuestos, y que lograron mayorías en la elección presidencial de 2022.

Además, dado que el bloqueo institucional al gobierno no sólo ha provenido del Congreso, sino que ha operado desde las Cortes Judiciales (Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado), los órganos de control (Procuraduría y la Fiscalía cuando estaban en manos de Margarita Cabello y Francisco Barbosa) y el Consejo Nacional Electoral, el ejercicio de la Consulta Popular adquiere una connotación más amplia en relación a la institucionalidad misma, o sea, el carácter y formas de la democracia colombiana.

Ese fenómeno de bloqueo institucional a todo nivel también lo vivieron hace pocos años los gobiernos progresistas y/o de izquierda en América Latina como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Honduras y Paraguay. En algunos de ellos se desató una verdadera "guerra jurídica" (lafware) que llevó a juicios y hasta golpes de Estado "blandos" y "duros" que como en Paraguay, Honduras y Perú, sirvieron para destituir a sus respectivos presidentes.

Para resolver esa situación de bloqueo institucional, en aquellos países en donde los presidentes progresistas y/o de izquierda habían logrado triunfos electorales importantes (Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia), se convocaron Asambleas Constituyentes para cambiar –por lo menos en materia formal– las Constituciones, y poder impulsar transformaciones más profundas en las instituciones de esos países. No obstante, ello no se logró plenamente.

El pulso que se va a jugar el gobierno progresista con la Consulta Popular tiene que ver con la contradicción evidente entre la existencia de una institucionalidad conservadora, heredada desde la Colonia, y el programa de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en los primeros meses del gobierno progresista. De lograrse una participación contundente de los ciudadanos y del pueblo colombiano en respaldo a las reformas bloqueadas y saboteadas, no sólo podría asegurarse la continuidad del gobierno progresista en las elecciones de 2026 sino que se dejaría la puerta abierta a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en el siguiente período gubernamental.

Además, es importante anotar que lo que ocurre en Colombia no es algo excepcional. Hace parte de lo que a nivel mundial se identifica como la crisis de la democracia representativa liberal de Occidente ("colapso de la democracia", la llama Paul Krugman), en donde proyectos políticos de tipo autoritario y neofascista han ido ganando terreno político, con base en discursos y propuestas que cuestionan el "sistema" y que se proponen no solo reformar el Estado sino socavarlo y "destruirlo" desde adentro, como ocurre actualmente en los EE.UU., en donde la élite de los "nuevos señores tecno-feudales" (oligarquía tecnológica) están llevando al extremo lo que soñaron –en su momento– los teóricos más radicales del neoliberalismo pero, ahora, no con la visión de la globalización neoliberal sino con una concepción "nacionalista de gran potencia".

Por ello, por lo que la Consulta Popular en ciernes representa en este momento de la vida política de nuestro país, es que avanzamos en nuestra reflexión con una mirada amplia y compleja.

Lo que la Consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro con los derechos salariales de los trabajadores colombiano esta mostrando es la tremenda crisis de la democracia liberal representativa colombiana que algunos resaltan como un modelo de estabilidad y fortaleza.

Democracia que se ha convertido en un instrumento de los grupos plutocráticos de la sociedad para construir y blindar sus aberrantes privilegios.

En ese sentido es necesario caracterizar lo que es el colapso de la democracia representativa en Colombia y en el mundo, sus causas y consecuencias para la población, especialmente para los trabajadores y para los pueblos marginados y oprimidos.

En esa dinámica se identifican los síntomas de la crisis de la democracia representativa en Colombia, como la corrupción, la desigualdad y la violencia; se analizan las causas profundas de la crisis, como la concentración del poder económico y político en manos de una élite; y se muestra cómo la crisis de la democracia representativa afecta a los ciudadanos y a la sociedad en general.

La crisis de la democracia representativa en Colombia y en el mundo

La crisis de la democracia representativa en el mundo, que el economista Paul Krugman ha denomina "El colapso de la democracia" se manifiesta en la desconfianza generalizada en las instituciones públicas, que es un problema común en muchos países, lo que ha llevado a una menor participación ciudadana en la política y a una mayor apatía hacia la democracia.

Las encuestas de opinión pública han mostrado una disminución en la confianza en las instituciones públicas en muchos países occidentales. Por ejemplo, según una encuesta de Gallup en 2020, solo el 43% de los estadounidenses tenía confianza en el gobierno federal.

Las protestas y movilizaciones sociales han sido una manifestación común de la desconfianza en las instituciones públicas. Por ejemplo, los movimientos como Occupy en Estados Unidos o el movimiento de los chalecos amarillos en Francia han mostrado el descontento con la política y las instituciones públicas. La crisis de legitimidad de las instituciones públicas ha llevado a una menor participación ciudadana en la política y a una mayor apatía hacia la democracia. La abstención en las elecciones ha aumentado en muchos países occidentales.

Además, los escándalos de corrupción y la percepción de que las instituciones públicas están al servicio de los intereses de una élite económica han contribuido a la desconfianza en las instituciones públicas. Por ejemplo, el escándalo de corrupción en la Unión Europea conocido como Qatargate, ha generado una gran controversia y ha erosionado la confianza en las instituciones europeas.

Igualmente, la desconfianza en los medios de comunicación ha contribuido en que la población no tenga la más mínima credibilidad en las instituciones públicas. Por ejemplo, la percepción de que los medios de comunicación están sesgados o manipulados ha llevado a una mayor prevención frente a la información que se difunde a través de estos medios.

En el caso de Colombia, la situación es más grave. Según una medición de capital social realizada por la Corporación para el Control Social (Contrial) en 2020, la confianza en la administración pública en general es muy baja, con solo 1,9 sobre 10. La confianza en el gobierno municipal y departamental también es baja, con 1,72 y 1,14 sobre 10, respectivamente.

El Congreso es la institución con el nivel más bajo de confianza ciudadana, con 0,86 sobre 10, según la misma medición. La Iglesia, por otro lado, es la institución con mayor confianza, con 6,4 sobre 10. La Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI) realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2020 encontró que el 42,8% de los servidores públicos considera que la ausencia de valores éticos es el factor que más influencia puede tener para que se presenten prácticas irregulares en la administración pública.

La corrupción y el abuso de poder son algunos de los motivos que contribuyen a la desconfianza en las instituciones públicas en Colombia. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), el 80% de la población colombiana desconfía en las instituciones públicas debido a estos motivos. La pandemia del Covid-19 ha paralizado al mundo y ha fracturado alianzas, lo que ha expandido brechas que se estaban sanando. Esto ha contribuido a aumentar la desconfianza en las instituciones públicas en Colombia.

Lo anterior ha creado condiciones para que se presente una ola de movimientos populistas lo que se constituye una manifestación evidente de la crisis de la democracia representativa, ya que estos movimientos a menudo cuestionan la legitimidad de las instituciones democráticas y promueven soluciones autoritarias.

Entre los movimientos populistas en el mundo tenemos, por ejemplo, el movimiento Tea Party, que surgió en 2009. Es un movimiento populista que se opone a la globalización neoliberal y a la intervención del gobierno en la economía. También, la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y 2024, se caracterizó por un discurso populista que apelaba a la nostalgia por un pasado glorioso y a la oposición a la globalización y la inmigración. El movimiento de los chalecos amarillos en Francia, que comenzó en 2018, es un ejemplo de un movimiento populista opuesto a las políticas económicas y sociales del gobierno. También, el ascenso de partidos populistas como el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Libertad en Países Bajos y el UKIP en el Reino Unido han sido influenciados por la oposición a la globalización y la inmigración.

En América Latina los ejemplos más visibles de este tipo de movimientos son los procesos políticos liderados por Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. Se podría decir que los procesos revolucionarios de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales, portaban ciertos aspectos "populistas" aunque con enfoques de izquierda, y también fueron resultado de la crisis de la democracia liberal.

El ascenso de líderes populistas como Narendra Modi en la India y Rodrigo Duterte en Filipinas, también hicieron parte de ese mismo proceso y fueron influenciados por la oposición a la globalización neoliberal y la búsqueda de una mayor soberanía nacional.

Otro tipo de manifestaciones de la crisis de la democracia representativa "liberal", en el caso de Colombia, se concreta en las protestas y movilizaciones sociales. Estas han sido una manifestación común de la crisis de la democracia representativa en Colombia, ya que los ciudadanos buscan expresar su descontento y exigir cambios. La crisis de legitimidad de las instituciones públicas es un problema grave en Colombia, lo que ha llevado a una menor confianza en el gobierno y en las instituciones democráticas. La corrupción y el clientelismo han sido problemas endémicos, lo que ha debilitado la confianza en las instituciones públicas. La desigualdad económica y social es un problema de mayor importancia en Colombia, lo que ha llevado a una sensación de exclusión y marginación entre ciertos grupos de la población.

Otras manifestaciones de esa situación las encontramos en la existencia de democracias iliberales que conservan la práctica de las elecciones periódicas pero revocan o limitan las garantías constitucionales y la transparencia en las acciones de gobierno. También, el surgimiento de autocracias que ofrecen supuestas respuestas a las necesidades de los ciudadanos pero niegan las libertades individuales y los sistemas de Estado de derecho.

La democracia representativa en Colombia y en el mundo ha sido criticada por ser selectiva y discriminatoria, y por no permitir la participación directa y real de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Definición

La crisis de la democracia representativa en el mundo occidental se puede definir como el agotamiento de la capacidad de control, la ingobernabilidad y ausencia de participación, la resistencia y los desafíos de la globalización neoliberal, la crisis de legitimidad política, y la aparición de lo que algunos teóricos denominan "postdemocracia". Todo lo anterior, obliga a plantearse la necesidad de redefinir la democracia. Alrededor de ese tema se ha abierto el debate entre democracia procedimental y sustantiva y la importancia de redefinir los llamados valores democráticos.

La democracia representativa "liberal" ha mostrado debilidades en su capacidad para controlar y responder a las demandas de la sociedad. Esto se debe en parte a los cambios que se han producido en el capitalismo y a los efectos de la globalización neoliberal, que han llevado a una desconexión entre los intereses de los ciudadanos y las acciones de los gobiernos que, por lo general, representan los intereses de las poderosas oligarquías financieras, que en los últimos años se han consolidado como "milmillonarios tecnológicos" o "oligarcas tecno-feudales".

Los "oligarcas tecnológicos" o "tecno-feudales" son aquellos líderes y dueños de las grandes empresas tecnológicas que, según la teoría del tecno-feudalismo, ejercen un poderío comparable al de los señores feudales en la Edad Media. Estos individuos controlan vastos recursos, plataformas y datos, creando una dependencia de los usuarios que se asemeja a la relación entre los siervos y los señores en el pasado.

Los principales tecnoligarcas y las empresas que lideran son Jeff Bezos dueño de Amazon; Mark Zuckerberg de Meta o Facebook; Elon Musk de X (antes Twitter); Tim Cook de Apple; Sundar Pichai de Google; Shou Zi Chew de TikTok; Satya Nadella de Microsoft; Pável Dúrov de Telegram; y Sam Altman de OpenAI. Estos líderes milmillonarios, al controlar plataformas digitales que son esenciales para la comunicación, el comercio y la vida diaria, ejercen un poder económico, político y social significativo. La teoría del tecnofeudalismo, desarrollada por economistas como Yanis Varoufakis, argumenta que este nuevo sistema de dominación está reemplazando al capitalismo tradicional.

Retomando la idea del colapso de la democracia, se puede afirmar que la ingobernabilidad y la falta de participación ciudadana son problemas significativos. La democracia representativa ha sido criticada por ser más una herramienta de las oligarquías financieras y tecnológicas que controlan en forma absoluta la economía de los diferentes países, lo que lleva a la deslegitimación de la autoridad y el desgaste de los gobiernos.

La globalización neoliberal ha generado nuevos desafíos para la democracia representativa, como la des-intermediación política y la posibilidad de una democracia virtual. Algunos estudiosos y teóricos argumentan que la tecnología puede ser una herramienta para mejorar la participación ciudadana, mientras que otros analistas la perciben como una amenaza a la democracia representativa tradicional.

La crisis de legitimidad es un tema central en la discusión sobre la democracia representativa. La percepción de que los gobiernos no responden a las necesidades y demandas de los ciudadanos ha llevado a una erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Por ello, algunos autores hablan del surgimiento de una "postdemocracia", en la que la democracia representativa tradicional está siendo reemplazada por nuevas formas de relación entre los ciudadanos y el poder. Esto podría incluir la manipulación mediática y la pérdida de control ciudadano sobre las decisiones políticas.

Existe un consenso generalizado en que la democracia representativa necesita ser redefinida para abordar los desafíos actuales. Esto podría implicar la búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana, revivir y reinventar "otras democracias" como la directa, la deliberativa, la "ilustrada" o consejos de sabios o ancianos, y la incorporación de tecnologías para mejorar la democracia y la reevaluación de los valores fundamentales de la democracia.

El debate sobre la democracia también se centra en la distinción entre democracia procedimental (nominal o formal) y la democracia sustantiva (basada en valores). La crisis de la democracia representativa podría estar relacionada con la tensión entre estos dos enfoques.

Así, el análisis y estudio de estos fenómenos ha hecho que los valores democráticos como la igualdad, la libertad y la participación ciudadana vuelvan a estar en el centro de la discusión y convertirse en aspectos fundamentales para el funcionamiento de la democracia. La crisis de la democracia representativa podría estar relacionada con la erosión de estos valores y la necesidad de replantearlos sobre las bases de una realidad que se hace visible para muchos sectores de la población y de la sociedad.