Una nueva estrategia para superar de manera definitiva la violencia política en Colombia, la de las bandas criminales ligadas al negocio de la droga y la de los grupos neoparamilitares orquestados desde las Fuerzas Militares y de policía, se está abriendo paso de la mano del nuevo gobierno que se instalara el próximo 7 de agosto en cabeza del Presidente Gustavo Petro.

La paz del expresidente Juan Manuel Santos con las Farc, acordada en el segundo semestre del 2016, quedo con muchos vacíos y limitaciones haciéndola imperfecta hasta llegar a su parálisis durante el gobierno del señor Ivan Duque que se las arregló para hacerla trizas en todos sus frentes, incluido el componente presupuestal y financiero que fue objeto del robo abierto de las partidas económicas sustentadas en la cooperación internacional y en las apropiaciones del sistema general de regalías centralizadas en el denominado OCAD Paz.

Una paz imperfecta y bloqueada fue el óptimo caldo de cultivo para desatar desde el 2017 un "tercer ciclo" de violencia que revivió el fenómeno de la guerra con un mayor protagonismo del Eln, la recomposición de varios bloques de las FarcEP en cabeza de los Frentes primero, séptimo, 33, 10, 28, 40, 62, el Comando Jorge Briceño, el Comando Coordinador de Occidente (en el Pacifico), la conformación de la Nueva Marquetalia con el liderazgo de Ivan Márquez y la gradual expansión territorial (Catatumbo, Cauca y Putumayo) del Epl; a lo que se debe agregar la acción de las bandas del neoparamilitarismo asociadas al narcotráfico y al procedimiento criminal de las instituciones militares y policiales que proyectaron una ruta de masacres y exterminio sistemático de líderes sociales, de reincorporados de las Farc y de jóvenes que protagonizaron la protesta social desde noviembre del 2019, con un trágico saldo en los últimos 48 meses que son los del gobierno de Duque.

En su campaña presidencial, Gustavo Petro abordo con reiteración el tema de la paz y se trazó el objetivo de alcanzar, en poco tiempo, una "Paz total" con los actores armados conocidos, para de esa manera avanzar en sus otros compromisos electorales relacionados con la justicia social, la democratización política y la justicia climática.

A dos semanas de la posesión presidencial de Petro, este tema parece ya tener algunos avances, pues se han realizado 10 reuniones reservadas con distintos actores relacionados con los procesos de paz y se ha sugerido un patrón legal que implica ajustar la ley de sometimiento colectivo (Ley 1908 del 2018), modificar la ley de orden público (Ley 418 de 1997), intervenir el diseño jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reducir los alcances ultrajantes de la extradición pactada con los gringos.

Alvaro Leiva, el Canciller del próximo gobierno y el senador Ivan Cepeda, han dicho que la estrategia que rueda tiene dos vertientes: una política y otra judicial.

En el componente político solo incluyen, por ahora, al Eln para adelantar un dialogo y una negociación con sus delegados, desconociendo la naturaleza rebelde y política de las FarcEP, de la Nueva Marquetalia y del Epl, grupos a los que se quiere encasillar como simples bandas narcotraficantes, cuando su existencia está vinculada con la lucha por el poder político en función de las demandas campesinas regionales donde hacen presencia.

Ojalá esa tesis no prevalezca, pues el caso del sometimiento a la justicia seria para las bandas del neoparamilitarismo involucradas en el negocio de las drogas (urabeños, caparros, rastrojos, paisas, pachencas y costeños).

Por lo pronto, Antonio García del Eln ha dicho en su twitter que tiene toda la disposición de dialogar y propuso abordar unos temas que coinciden mucho con la plataforma programática del Pacto Histórico; las bandas neoparamilitares de los urabeños y demás grupos referidos solo tienen la opción de someterse a la justica y negociar prerrogativas penales como evitar la extradición a los Estados Unidos.

Las tendencias de la neoinsurgencia de las Farc más bien están a la espera de los pasos concretos del entrante gobierno en materia de reforma agraria integral, ataque a la corrupción, ampliación de la democracia, de representación política para las minorías en los municipios y departamentos y de la transformación de las Fuerzas Armadas en los términos sugeridos en el Informe de la Comisión de la Verdad que recomienda dar un vuelco en la organización y doctrinas de los entes de guerra.

Es un error atenerse a que solo "existe el Eln y que los otros son grupos cobijados por el eufemismo de moda: "organizaciones multicrimen", pues así se desconoce la historia y los hechos y solo condena al fracaso a la más bienintencionada iniciativa para poner fin a la guerra. Es un error caracterizar mal el conflicto armado colombiano en su actual etapa como mera expresión de criminalidad del narcotráfico y disputas por rentas ilegales. Mucho menos reducir grupos políticos armados a la categoría de crimen organizado o negar el carácter contrainsurgente de las nuevas estructuras paramilitares por sus dinámicas gansteriles, ya que dicha realidad no es una novedad ni le resta su carácter ni su connivencia con expresiones criminales de las FF.MM" (https://rebelion.org/crisis-hegemonica-y-riesgos-de-recomposicion-en-colombia/ ).

Si el presidente Gustavo Petro quiere hacer historia debe organizar una estrategia cuyo objetivo sea resolver las fuentes del actual ciclo de la guerra, adelantando un proceso diferenciado y simultaneo de diálogo con las insurgencias con participación social, pero coincidente junto al necesario desmantelamiento del paramilitarismo y otras expresiones armadas (https://rebelion.org/crisis-hegemonica-y-riesgos-de-recomposicion-en-colombia/ ).

En ese sentido bien puede considerarse el nombramiento del ex magistrado Ivan Velásquez como nuevo Ministro de la defensa un gran acierto dado sus antecedentes en la investigación y condena de la parapolítica y de los vínculos de los militares con el paramilitarismo.

Como quiera que la Comisión de la Verdad ha dicho en su Informe final que la violencia colombiana de los anteriores 60 años ha sido consecuencia de la acción criminal del Estado y de sus Fuerzas Militares, Velásquez tiene ante si grandes retos como reorganizar las Fuerzas Militares depurándolas y erradicando las nefastas doctrinas de la seguridad nacional y el enemigo interno que moldean las conciencias políticas de la alta oficialidad en los sentidos de las tendencias neonazis; eliminar el ESMAD; adelantar una rigurosa acción contra la corrupción de los militares en la compra de armamentos, dotaciones, combustibles y alimentos; reestructurar la Policía nacional con su traslado a una entidad civil que bien puede ser el Ministerio de la paz o una dirección administrativa que dependa de la Presidencia de la Republica; eliminar el falso Plan ambiental Artemisa que se ha convertido en un azote de los colonos cocaleros para favorecer el extractivismo de las multinacionales en la Amazonia; suspender el bloque pentagonista de la Fudra-Omega en los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare, pues se trata de un mero apéndice del Comando sur de los gringos; eliminar las Zonas futuro (si es que aún existen en y al pie de los Pdet) y liquidar las Fuerzas de tarea militares (Vulcano, Quiron, Hércules, Aquiles, etc); y establecer un avanzado sistema de pedagogía y formación en los derechos humanos y el DIH en todos los escenarios educativos del Ministerio de Defensa.

Por lo pronto el nombramiento de Ivan Velásquez está siendo asimilado en buenos términos entre la oficialidad que no comparte la retórica y la visión uribista neonazi de la saliente cúpula comandada por Zapateiro, Navarro, Moreno y los jefes de la Fuerza Aérea y de la Marina.

Seguro que grandes cambios en las Fuerzas Armadas serán un salto de garrocha en la nueva estrategia de paz del Pacto Histórico. El solo hecho de desmilitarizar amplias regiones del país como el Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Choco, Meta, Guaviare, Arauca, sur de Bolívar y el Catatumbo va a crear confianza en las comunidades campesinas comprometidas con la resistencia al poder del Estado.

Adicionalmente, hay que prever que la paz completa, total e integral debe trascender el paradigma neocolonial del Consejo de Seguridad (cuyo apoyo, obviamente se requiere), el cual tiene sus límites e insuficiencias, al desconocer las resistencias y soberanías locales con sus comunidades y liderazgos desprendidos de las redes gamonalicias de los partidos al servicio de la oligarquía terrateniente y burocrática.