Un viejo cuento humorístico habla de dos peligrosos orates encerrados
en una celda que, mirando a los curiosos que les observan a través de
las rejas, se preguntan: -¿Porqué habrá tanta gente recluida en esa
prisión?

Algo parecido es lo que motiva a las autoridades de la política
exterior de Estados Unidos a estar buscando la mejor manera para
castigar a las naciones que desafían sus posicionamientos en las
votaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Se informa que Washington estudia la forma de privar de apoyo a los
países que disientan de Estados Unidos mediante un proyecto de ley que
prohíba la asistencia de Washington a países que voten de manera
diferente a EEUU en más de la mitad de los debates que concluyan con
votación en las reuniones de la ONU.

El proyecto, presentado a la Cámara de Representantes por los
congresistas republicanos Louie Gohmert y Steve King, sugiere privar
de apoyo financiero en el marco de la cooperación económica y militar
a aquellos Estados que votaran de manera diferente a la de EEUU en las
reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU,
en más de la mitad de los casos.

El documento objeto de estudio explica que pudieran haber excepciones
a esta norma porque admite que el Presidente de la nación tiene
derecho a continuar brindando asistencia a los Estados disidentes, si
ello responde a los intereses nacionales de EEUU.

Adicionalmente, el secretario de Estado puede excluir a un país de la
prohibición si desde la última sesión de la Asamblea General "ha
habido un cambio fundamental en su liderazgo y sus políticas, y como
resultado de dicho cambio el gobierno de la nación en cuestión dejará
de oponerse a la posición estadounidense en Naciones Unidas cuya
transgresión dio origen a la sanción".

El Departamento de Estado Usamericano, desde 1984, ha preparado
informes anuales en los que registra la votación de cada país miembro
de la ONU para rastrear las disidencias, y calcula el porcentaje de
coincidencia en las posiciones de cada país con las de Washington.
Sobre la base de estos informes el Departamento de Estado, así como
también el Congreso, realizan el seguimiento de los puntos de vista
de otros países acerca de las cuestiones que son clave para los
intereses de Estados Unidos.

Según tales estudios estadísticos, en 2016 Washington y Moscú
coincidieron en el 40,3% de los casos; votaron de la misma manera en
31 ocasiones y 46 veces sus posiciones no coincidieron. Entre los
representantes de naciones que más discreparon con la votación de
Estados Unidos, según el informe del Departamento de Estado de 2016,
fueron Irán (18,6%), Siria (16,7%) y Corea del Norte (11,1%).

Según manifestó el politólogo ruso Vladímir Bruter, experto del Club
Valdai del Instituto Internacional de Estudios Humanitarios y
Políticos de Moscú, en una entrevista que le hizo la publicación
Russia Today, Washington jamás había prestado ayuda a países que no
respaldaran su punto de vista antes de pensarse en este proyecto de
ley. "La única diferencia será que, con la nueva ley, Washington habrá
consolidado este principio a nivel legislativo".

Sin embargo, advirtió Bruter, hay también países que nunca han
necesitado del apoyo de EEUU. "Rusia o Siria siempre han tenido claro
cómo comunicarse con Washington", pero a países como "Egipto,
Filipinas, Argentina, Brasil y México, pudiera resultarles algo
problemático".

Por tal motivo, el experto ruso considera que el nuevo proyecto de ley
estadounidense constituye "una advertencia" para aquellos países que
tratan de construirse un curso político independiente, pero que siguen
siendo sumamente dependientes de EEUU.

El proyecto de ley que Washington pretende que se apruebe se
fundamenta en un principio de reciprocidad que no puede ser el que
caracterice las relaciones entre naciones acaudaladas y pobres en el
mundo actual.

El desarrollo desigual es producto de relaciones desiguales de larga
data y, necesariamente, tiene que ser abordado con vínculos desiguales
en beneficio de los menos favorecidos en la carrera por el desarrollo
para que ello contribuya reparar el histórico disfavor.

Parece algo natural y lógico que la asistencia internacional al
desarrollo sea en una sola dirección y que, por motivos históricos
también sea voluntaria. Pero nada impide aspirar a que algún día sea
imperativa, a la manera que ya lo es internamente en algunos países en
los que las regiones más desarrolladas son obligadas legalmente a
asistir a las más rezagadas, en aras de su progresivo avance a los
niveles de las más adelantadas.

Lo vergonzoso es que se utilice por los poderosos la asistencia al
desarrollo como arma para imponer sus políticas a los países de menor
desarrollo, como hace Washington con tanta frecuencia.