Es evidente que, para Donald Trump, la Organización de Naciones Unidas
y en particular su instancia más representativa y democrática, la
Asamblea General, son instituciones irrelevantes.

No obstante, el próximo 1º de noviembre, Cuba presentará una vez más
ante la Asamblea General de la ONU, por vigésimo sexto año
consecutivo, el proyecto de resolución sobre la "Necesidad de poner
fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados
Unidos de América contra Cuba".

Todo el mundo sabe que lo que ocurrirá en esta ocasión en la máxima
instancia de las Naciones Unidas será más de lo mismo, porque así lo
adelantaron los discursos que pronunciaron en días recientes en Nueva
York varios presidentes, primeros ministros y cancilleres de los cinco
continentes que coincidieron en condenar a Estados Unidos como
ejecutor del bloqueo a Cuba, la violación de los derechos humanos más
grande que sufriera el continente americano en el pasado siglo.

El 26 de octubre del pasado año 2016, un proyecto cubano similar al
que ahora se pondrá a la consideración de los máximos dirigentes de
las 193 naciones que integran la comunidad mundial fue aprobado por el
voto favorable de 191 países, ninguno en contra y las abstenciones de
Estados Unidos e Israel.

Fue aquella la primera vez en veinticinco batallas diplomáticas
similares en la Asamblea General de la ONU que estos dos países se
abstuvieron en la votación porque, en los anteriores veinticuatro
sufragios sucesivos esas dos naciones se habían pronunciado
activamente en contra.

En cada uno de los últimos veinticinco años, la comunidad
internacional de naciones representada en la Asamblea General de las
ONU se ha ido acercando a la unanimidad en la condena al bloqueo
económico, financiero y comercial a Cuba que ha venido ejerciendo
unilateralmente Estados Unidos en detrimento de todos los países del
mundo por su intención y efectos extraterritoriales.

El anterior gobierno estadounidense, con Barack Obama como presidente,
llevó a cabo tímidos avances en la política exterior hacia Cuba
respondiendo a la voluntad y los intereses de la mayoría de los
ciudadanos de ese país desmarcándose discretamente de su severa
conducta imperialista mostrada al respecto durante un cuarto de siglo.
Incluso tuvo diversos gestos que denotaba una voluntad rectificadora y
hasta propició el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Pero hasta allí llegó, dado que no pudo corregir –porque no era la
voluntad del invisible Estado Profundo que asienta en Wall Street y en
el Complejo Militar- el principal obstáculo para la normalización de
los nexos de buena vecindad: el inhumano bloqueo que ya dura más de
medio siglo.

Para quienes no confían en las potencialidades del pueblo de Estados
Unidos, con el advenimiento a la presidencia de la nación del magnate
Donald Trump y especialmente luego de las palabras de éste el 16 de
junio último en la ciudad de Miami, hoy devenida madriguera de lo peor
de la mafia anticubana en Estados Unidos, ha desaparecido toda
esperanza de normalización a corto plazo de las relaciones entre los
gobiernos de Washington y La Habana.

Por cierto, fue ese el lugar y el momento que marcó, según muchos
observadores una reconciliación de Rubio con Trump que, hasta
entonces, era un violento detractor del actual Presidente cuando era
candidato.

La historia de los misteriosos ataques sónicos o acústicos contra el
personal diplomático de la Embajada estadounidense en La Habana,
aparentemente, comenzó hace un año y nada ha sido esclarecido a pesar
de los declarados esfuerzos de ambas partes por determinar origen,
medios y actores de semejantes incidentes.

No solamente no se tiene ni la más remota idea de quiénes han sido los
autores ni los recursos tecnológicos empleados. "La bruma del misterio
es tan densa y de implicaciones tan variadas que en algunos pasillos
de Washington se llega a decir en voz baja…que ello nunca se sabrá...y
de saberse no se haría público", ha escrito un periodista de Miami. El
senador anticubano Marco Rubio desató el coro de tambores de guerra
pidiendo las condenas y sanciones más drásticas hacia Cuba.

No obstante esta ausencia de antecedentes, el Departamento de Estado,
desde Washington, anunció el retiro del 60% de su personal diplomático
en La Habana, suspendió indefinidamente las visas y advirtió a sus
ciudadanos que no deben viajar a Cuba.

Los hechos se originaron hace un año y las partes consultaron entonces
entre ellas, de manera constructiva, lo ocurrido. El ataque a la salud
de los diplomáticos de EEUU habría tenido lugar antes del inicio de
la administración Trump pero ésta, al "descubrirlo", comenzó a
capitalizarlo políticamente. El escándalo actual denota con toda
claridad que hay quienes buscan beneficiarse ahora del misterioso
incidente.