"Cuando una guerra convencional limitada implica demasiados riesgos, las técnicas paramilitares pueden ser una manera segura y eficaz de utilizar la fuerza con fines políticos" (La guerra en el mundo moderno, Revista de las Fuerzas Armadas, Bogotá, mayo-agosto de 1976)
La afirmación con la cual inicio el desarrollo de un par de ideas sobre el tema colombiano, en boga con el cierre de la frontera Colombo- Venezolana y el estado de excepción, la he tomado de un extraordinario Artículo de Hernando Calvo Ospina, periodista de Lemonde Diplomatique, publicado en 1974; lo primero que debe quedar bien claro es la estrecha relación entre los mandos militares del gobierno neogranadino y el surgimiento y posterior desarrollo del paramilitarismo en el hermano país, inicialmente creado por Álvaro Uribe; y lo segundo, no menos importante, es el rol de Juan Manuel Santos en la modernización de las fuerzas armadas colombianas, en el manejo de una hipótesis de guerra futura con Venezuela, desarrollada por los Estado Unidos; es lo menos que se puede esperar de un hijo de la oligarquía colombiana en el marco de la ineludible lucha de clases, ocultada por la literatura del mundo occidental, con la complicidad de sus pares en América Latina, principalmente por los intelectuales colombianos que sostienen con su verbo el neoliberalismo.
Por un lado, la privatización del conflicto en la hermana república, llamada magistralmente por Carlos Lanz, "outsurcing de inteligencia en Colombia", fue articulada inicialmente por el Presidente Pastrana en 1999, cuando recibió de Clinton una ayuda de 1.700 millones de dólares para el financiamiento del Plan Colombia, a partir de ese momento, una vez aprobada la ayuda en el senado norteamericano, también se aprobó la participación de 400 subcontratistas, especialmente DynaCorp, una de las más desarrolladas del mundo en materia corporaciones militares privadas; es decir, los recursos aprobados por los Estados Unidos fueron a parar a estas subcontratistas norteamericanas para inteligencia, contra inteligencia, logística, información y entrenamiento; paralelamente a esto, se profundizó la modernización y aumento de las fuerzas militares y policiales de Colombia, que se incrementaron de 300.000 a 446.000 hombres entre 2001 y 2012, para lo cual se contó con un presupuesto de 12.900 millones de dólares en 2012.
¿Es la verraquera de Santos por la defensa de la dignidad del pueblo colombiano? Nada más alejado de la realidad, el cierre progresivo de la frontera y estado de excepción, aunque tardío, lesiona una de las partes fundamentales de la tenaza, con la que el gran capital transnacional estadounidense pretende aprisionar a Venezuela a través del gobierno colombiano y las oligarquías santanderiana y venezolana; se trata de la tenaza económica, social, política, con la extracción de alimentos y gasolina venezolanos, el ataque al bolívar desde miles de casas de cambio ilegales a lo largo de la frontera, con la complacencia de las autoridades del vecino país, además de la actuación paramilitar, que son junto al quintacolumnismo y la mayoría de los medios de comunicación privados nacionales e internacionales fuerzas de ocupación en el territorio venezolano.
Es así como, en lo político y militar, el gobierno colombiano representa la plataforma del enemigo principal a nivel internacional de la revolución bolivariana: el poder trasnacional y gobierno norteamericano.
En consecuencia, el Presidente Maduro debe seguir aflojando la tenaza, que el gobierno norteamericano, bajo la égida del capital transnacional y con la participación del gobierno y la oligarquía colombiana pretenden arrinconar la revolución bolivariana, cuya profundidad ha dado aliento para la emancipación de los pueblos del mundo; no hay espacio para la vacilación ante esta escaramuza imperial, debe continuarse con el cierre de manera progresiva de la frontera hasta estabilizar una zona de paz y desarrollo, que garantice nuestra soberanía y favorezca al hermano pueblo colombiano, víctima de la oligarquía colombiana en al marco de la lucha de clases, pero también debe castigarse con todo a funcionarios venezolanos que han sido cómplices del contrabando de extracción, así como, con otras medidas vitales en el ámbito económico.
