El acuerdo alcanzado en los diálogos de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc/EP, en materia de participación política[1] es un reto al pensamiento político en diversos campos. En principio, el consenso señala que la consecución de la paz y la superación del conflicto social y armado conlleva ampliar la democracia para que surjan nuevas fuerzas en el escenario político, que enriquezcan el debate y la deliberación pública; fortalecer el pluralismo, facilitando la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos; facilitar la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con garantías para la participación e inclusión política.
En el plano de las formalidades constitucionales y legales, el Estado colombiano ha funcionado, desde mediados del siglo XIX, como una democracia liberal al servicio de las elites económicas y políticas: comerciantes, latifundistas, banqueros, transnacionales y políticos del bipartidismo liberal/conservador.
Esa democracia representativa se refleja en la realidad de la nación y la sociedad civil, con el autoritarismo, el clientelismo, la violencia estatal, el excepcionalismo jurídico, la exclusión, la corrupción, el fraude electoral, la manipulación mediática, el neoliberalismo y la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales de las mayorías sociales.
En Colombia lo que ha existido a lo largo de su historia es una democracia de papel manipulada y al servicio de los grupos oligárquicos.
Lo pactado en La Habana en esta materia es de una gran magnitud. Plantea la necesidad de adelantar una amplia reflexión sobre el tema de la democracia. ¿Cuál es la democracia que se necesita para la paz con justicia social? ¿Cuáles los contenidos y aspectos esenciales de una democracia participativa, directa, como autogobierno de las masas, que sirva de soporte a la superación del conflicto social y armado?
Los elementos de ese nuevo modelo democrático hacen parte del contenido de los pactos avanzados en la Mesa de diálogos de Cuba, incluyendo las salvedades sobre temas álgidos que deben ser debatidos y aprobados en nuevos escenarios.
Los temas de coincidencia, pendientes de desarrollos efectivos en la construcción de una nueva institucionalidad y régimen político, están referidos a tópicos como la participación mediante el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales y el robustecimiento de los espacios de participación para darle vigor a la democracia directa. Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable en igualdad de condiciones. Al pluralismo, con la presencia de nuevos partidos y movimientos políticos rodeados de garantías para su actividad y acceso al sistema político e igualdad de condiciones en la competencia política. La promoción de una cultura democrática y participativa. La representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono. La promoción de la participación política y ciudadana de las mujeres. La creación de un nuevo medio de comunicaciones para los partidos y movimientos políticos que se conformen para la paz. Y la promoción de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización.
Punto neurálgico es el de las garantías políticas y jurídicas efectivas. Lo que quiere decir: i) distribución equitativa de los recursos públicos; ii) la revisión integral del régimen electoral, de la conformación y funciones de las autoridades electorales, la promoción de la participación electoral y la transparencia en la distribución de la pauta oficial; iii) las garantías para el ejercicio de la Oposición política, la movilización popular y la protesta social; y iv) el acceso a los medios masivos de comunicación.
Los sectores más afectados por la violencia y las organizaciones conformadas por iniciativa de las Farc/EP, serán beneficiadas con Acciones afirmativas en materia electoral para corregir los daños y hacer efectivos sus derechos políticos fundamentales.
El punto de las garantías de seguridad para el ejercicio de la política, de los líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de Derechos Humanos, se dota de un nuevo Sistema Integral de Seguridad con los siguientes componentes: i) adecuación normativa e institucional; ii) prevención; iii) protección; y iv) evaluación y seguimiento.
Respecto de los mecanismos democráticos de participación ciudadana se asume el compromiso de elaborar y aprobar una Ley de garantías y promoción de la participación directa del pueblo en el sistema político.
Los consensos alcanzados prevén la creación de un Consejo Nacional para la reconciliación y la convivencia.
Respecto de la lucha contra la corrupción se plantea impulsar los comités de control y las veedurías ciudadanas. El desarrollo social y económico se debe acompañar de políticas para el fortalecimiento de la planeación participativa.
De estos temas, empezando con el debate sobre la democracia ampliada, y de las 14 salvedades de la delegación de las Farc nos ocuparemos en los siguientes artículos.
[1] Para conocer el texto de los acuerdos de La Mesa de La Habana en materia de participación política se debe acceder al siguiente enlace electrónico consultado el 14 de diciembre del 2014 http://bit.ly/1wI23vD