Cada día cobra más fuerza el proyecto de una negociación de paz entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Farc. El Eln ha expresado su disposición favorable a dicha iniciativa.
Estamos delante de un work in-proceess. Un trabajo que progresa paulatinamente dada la compleja naturaleza del problema a resolver.
Es el sexto intento a lo largo de 30 años de accidentada y violenta historia nacional. Desde 1982 hasta hoy, varios gobiernos del Estado colombiano han querido materializar una negociación y un acuerdo para superar el conflicto más violento conocido por la nación, la cual ha experimentado varios ciclos de guerra (siglo XVI, guerra de independencia, guerras civiles del siglo XIX, violencia de los años 50).
Todo indica que ha ocurrido un salto cualitativo en la Habana. Hay acuerdos para iniciar rondas de negociaciones desde el 5 de octubre en Oslo. Posteriormente se darán mesas de trabajo en Cuba y Colombia. Es un esquema de acción con una metodología constructiva y ponderada. De algo sirve la experiencia acumulada.
Hay que considerar que todo ocurre en la Colombia del Siglo XXI. En pleno proceso de globalización. Con la revolución de las comunicaciones y la informática impactando todos campos de la vida del hombre y la sociedad. Con la organización en red del mundo postmoderno.
Hay que contar con los obstáculos que surgirán por el camino. De entrada tenemos el torpedo de la ultraderecha uribista epitome de la Colombia señorial y retardataria; feudal y aristocratizante; oscurantista y agresiva. Es el mundo oscuro del pasado. Por supuesto, la casta militar golpìsta hará un juego macabro de provocaciones. No omito el delirio de cierta extremaizquierda que quiere vivir a perpetuidad en la guerra y la fantasía de asaltos audaces al poder que no dejan de ser pesadillas cultivadas en la frustración psicoanalítica.
Pero el mayor obstáculo tiene su fuente en las debilidad de un Estado que no alcanza el ideal weberiano del monopolio legitimo de la violencia, lo que estimula el aventurerismo de los ejércitos pretorianos al servicio de las mafias y facciones regionales con su preponderancia política en el ámbito nacional. Lo deseable en este campo es que las leyes y las instituciones que se conformen en el desarrollo del Marco Legal para la paz le den forma a un "estado civilizado" y postmoderno, capaz de garantizar las libertades políticas que son como la palanca de los revolucionarios de hoy para hacer efectivos los ideales socialistas. Por supuesto, no se deben menospreciar otros estatutos expedidos recientemente para destrabar la problemática agraria y el derecho de las víctimas de la violencia.
Las mesas de negociación y diálogo se acercaran a los asuntos que debate el país sin fundamentalismos o mesianismos que estorban por la manera como bloquean la deliberación equilibrada.
Salud, locomotora minera, derechos indígenas, regalías, educación, reforma electoral, corrupción defensa del interés público, industria, agricultura, derechos de la oposición y otros temas se pueden debatir encontrando soluciones ponderadas sin que de por medio exista la amenaza de la violencia o el exterminio del opositor.
La justicia distributiva, con una sabia interpretación, tiene un papel muy importante en lo que cobra forma para la paz y la conciliación.
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