No es de hoy que aquellos
brasileños que al menos se informan en cuanto al escenario político
se dan cuenta de los costos de la tal gobernabilidad. Pusimos el término
así, “de la tal”, en función de haberse hecho la gobernabilidad
un concepto polisémico. En la mayor parte de las veces, se alega su
defensa para que no ocurra una “inmovilidad decisoria”, o una “incapacidad
de gobernar”. En estos casos, se evoca el gobierno entre todos, lo
que buena parte de las veces implica gobernar para los mismos de siempre,
sólo variando sus matices.
También sería incorrecto
de nuestra parte afirmar que, al cargar con los costos de la gobernabilidad,
los gobiernos de turno se asemejan hasta tal punto que entre ellos no
hay diferencia. Esto no es correcto ni conceptual ni factualmente. Hay
diferencias grandes entre, por ejemplo, los ocho años de Fernando Henrique
Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña - PSDB, principal
partido de oposición y el mismo del ex-candidato a la presidencia José
Serra) en el ejercicio del mandato y los ocho años de Luiz Inácio
Lula da Silva. Lo que hemos insistido es el hecho de que estos últimos
ocho años no hayan significado un cambio mínimo ni fundamental de
las estructuras de poder del Brasil. Dicho esto, se puede resumir afirmativamente
que las personas viven mejor como un todo, pero el pueblo -a través
de sus formas organizativas- no obtuvo un avance significativo.
Uno de los factores para
que tal fenómeno ocurra fue consagrado en la ciencia política brasileña
como “presidencialismo de coalición”. Este concepto sería la necesidad
que el gobierno electo al Poder Ejecutivo tenga para formar mayoría
en el Congreso. Ocurre que en el Poder Legislativo, los partidos se
organizan también en el acuerdo entre asociaciones, componiendo o no
el grupo de apoyo al Ejecutivo. Así, las pautas quedan atravesadas
por los intereses intra-partidarios que, por su parte, fuerzan la vigencia
de esta misma política, avergonzando a aquellos que, aún ocupando
una franja de poder institucional, igual se atendrían a los intereses
de tipo particular.
Los costos de la coalición, muchas de las veces acaban haciéndose costos contabilizables, permaneciendo separados por dentro (en la ley y con rúbrica), o por fuera (de la manera que sea). A la hora de pagar la factura, el nuevo gobierno electo puede gobernar aún menos de lo poco que prometió.
Cuota de ministras y políticas de género
En los últimos días
Dilma viene reforzando un discurso de composición ministerial a partir
del reclutamiento de una cuota de mujeres, venidas de la composición
de partidos del bloque de gobierno. Aunque no se trate de una novedad,
es un progreso del modelo ya aplicado. La política de cuotas, indicando
que los partidos tengan al menos el 30% de sus listas compuestas por
candidatas del género femenino ya es corriente y aceptada. Aunque de
difícil cumplimiento en virtud de las dificultades en reclutar el porcentaje
necesario, en general esa posición cae bien. Esto estimula a
las mujeres a la vida pública e implica una oxigenación de la vitrina
del poder.
Es obvio que el hecho
de ser mujer por sí sólo no asegura el buen proceder en el ejercicio
de la función. El pensamiento común diría que, además del género,
la persona debe tener calificación y capacidad de gestión. Como ya
afirmamos en otras ocasiones, tal noción trae implícita la idea del
tecnicismo como substituto de la política. En este caso, el raciocinio
simplista diría que, “siendo una buena técnica, no importa el género
de la ocupante del primer escalón”. Son dos consideraciones frágiles
que, infinitamente repetidas, se transforman en hechos de fácil digestión.
Tanto es una mala consideración la noción de que basta ser mujer y
correligionaria para ocupar una función ejecutiva, como es aún más
absurda la segunda idea, el mérito por la técnica. Una vez más se
repite el problema del supuesto falso y de la premisa neoliberal oculta.
La administración privada no es la administración pública y gobernar
no es gestionar ni gerenciar. Todo acto de gobierno es político
y esto subordina a todo, incluyendo los límites de lo posible (lo deseable
según las alianzas) y los márgenes de maniobra de los operadores,
sean hombres y mujeres.
La aplicación de las
cuotas ministeriales, más allá de su éxito o no, acarrea una ganancia
de poder simbólico para las brasileñas. Es innegable el reconocimiento
de la mujer más allá de funciones social y culturalmente definidas
en la correlación de fuerzas de un mundo construido bajo el género
masculino. Tal hecho se acentúa considerando que estamos en el Brasil,
país creado bajo el signo de la esclavitud y cuyos símbolos públicos
(como bustos, estatuas y nombres de calles), adoran próceres y patriarcas,
casi siempre de sospechosa trayectoria. Es muy bueno quebrar paradigmas
machistas de un país que fue gobernado, a lo largo de casi dos siglos,
por emperadores, generales y doctores.
El conflicto que presentamos
aquí es otro. Es tristemente curioso ver esta propuesta crecer
en el momento en que los partidos de la coalición capitaneada por la
centro-izquierda se ven en el debate (poco republicano, como siempre)
por las parcelas de poder (expolio del Estado en el concepto clásico)
en el primer escalón de la República. Conforme ya tuvimos la oportunidad
de afirmar en otras ocasiones, es una pena que la discusión de mujeres
en las carpetas ministeriales no venga acompañada del debate de las
banderas históricas de las luchas de género, como los derechos reproductivos
y la consecuente legalización del aborto; una política nacional de
guarderías infantiles y educación de la primera infancia, beneficiando
la mayor parte de la población económicamente activa (compuesta en
su mayoría por mujeres); la necesaria escuela de turno integral, con
la implantación de las actividades para-didácticas, culturales y deportivas
en el contra turno escolar; y, de entre las medidas más polémicas,
la necesaria regulación de las campañas publicitarias, piezas que
insisten en caracterizar el cuerpo de la mujer en forma de mercancía,
colaborando con la “cosificación” de la especie humana.
Nada de lo que narramos se trata de novedad, lejos de eso. Reconocemos que tampoco hemos citado ni la mitad de un programa histórico construido a partir de debates, agendas de activismo, producciones académicas y luchas de mujeres presentes en el Brasil hace más de treinta años. Triste es constatar que estas banderas están pasando muy lejos del debate de las cuotas ministeriales.
El retorno de la CPMF y otros problemas sociales
Pasado el periodo electoral
nos reencontramos con el país real. Parodiando al escritor y periodista
brasileño Nelson Rodrigues, “la política es cómo es”, y no como
los políticos profesionales –o aspirantes– la hacen parecer. Sería
incorrecto, por no decir otro término, afirmar que es el desarrollo
de propuestas y situaciones insostenibles luego que pasado el pleito,
es una característica exclusiva de la era Lula y de su sucesora.
A los legos en la historia del Brasil, sugerimos la triste memoria del Plan Cruzado II, famosa medida implantada por el entonces presidente José Sarney, en el gobierno de la Alianza Democrática (PMDB y Partido del Frente Liberal, actualmente Demócratas - DEM, legenda de política neoliberal), que congeló los precios de los productos, llevando a los productores a desaparecer las mercancías, razón por la cual las personas no tenían ni leche. Corría el año de 1986, aún ni había sido creado el PSDB, estando por tanto la social-democracia derechista entera dentro de las huestes peemedebistas. Veintidós años después, lo que era blanco de críticas de la izquierda, se hace práctica incorporada por la coalición de centro-izquierda al asumir el Ejecutivo federal.
De tantas “sorpresas pre-navidad”, tenemos el anuncio –en tono
de pragmatismo político– de la necesidad de retorno de la Contribución
Provisional de Movimiento Financiero (CPMF), tasa que incide en casi
todas las acciones bancarias. Si es aprobada, a través de la mayoría
absoluta del nuevo gobierno en el Senado Federal y en la Cámara de
los Diputados, esto representaría la materialización del acierto entre
los partidos de Dilma Rousseff y de su vice, Michel Temer (PT y PMDB),
los que si confrontaron al “muy noble y valeroso” Legislativo federal
en 2007, quedando el primero en la vejatoria situación de defender
a más de una de las políticas implantadas en el gobierno de Fernando
Henrique Cardoso. Ya los correligionarios de José Sarney, Romero Jucá,
Renan Calheiros y compañía, en su mayoría se alinearan con el Gobierno,
salvo algunas excepciones, que sumadas con los recalcitrantes de la
base lulista después de la crisis de 2005, dieron los votos necesarios
para asegurar la victoria de los creadores (PSDB y DEM) contra una de
sus criaturas (la CPMF).
En otra oportunidad,
ya analizamos los por qué de la caída de la Contribución semi-Permanente
(el nombre de bautismo original es Provisional) sobre la Movimentação
Financiera y, concomitantemente, la aprobación por acuerdo de la Desvinculación
de las Recetas de la Unión (DRU). La famosa DRU es el artificio jurídico
para desplazar fondos y recursos de las áreas sociales y colocarlos
bajos límites, esperando que el bollígrafo del equipo económico de
turno defina el destino de las riquezas colectivas producidas por la
nación.
Discursos alarmistas
aparte, ni gobiernistas y menos aún la oposición quieren entrar en
este dilema. El problema en la Salud es lo ocurre en la Educación y
Sanidad Social. El dinero es pura y simplemente desviado hacia otras
finalidades. En la Asamblea Constituyente de 1988, las bancadas llamadas
entonces progresistas trataron de asegurar el mayor número y volumen
de derechos posibles para las mayorías. Por eso es por lo que en la
Carta Magna constan temas que, en teoría serían coyunturales o materia
para leyes complementarias. En la mano contraria, aquello que el grupo
del centro político no pudo borrar, los gobiernos posteriores fueron
“enmendando”. Como no se negocia un derecho adquirido y casi siempre
se tratan de medidas impopulares, cada enmienda fue duramente negociada.
Literalmente, costaron caro.
Nuestro argumento contrario
a la vuelta de la CPMF no es nada original y repite el ya proferido
por entidades sindicales. Aprobándose la cobranza de tasas, lo que
sólo aseguraría el destino de los presupuestos para la Salud, sería
una “enmienda del bien”, como la 29 (elaborada en 2000, que prevé
más recursos para el área a partir del establecimiento de valores
mínimos y bases estructurales), vergonzosamente aún no votada. Y,
si no fuera aprobado el retorno del impuesto, la Salud tendría su financiación
garantizada con la misma legislación complementaria que aún no fue
a la votación. De lo contrario, se trata de más de lo mismo, como
siempre.
Líneas conclusivas
Quien gobierna por la
izquierda, o al menos con un mínimo de políticas distributivitas,
se debe anclar en el prestigio popular. Reposaría sobre los hombros
de los sectores organizados de la población la responsabilidad de imposición
de una agenda, confrontando a las representaciones parlamentarias hipotéticamente
– en este caso supuesto – conservadoras. En el caso simulado arriba,
las estructuras de poder del Brasil se verían sacudidas por la suma
explosiva del Ejecutivo a la izquierda y movimientos populares presionándolo.
Estamos muy lejos de que esto ocurra en el Brasil electoral de 2010.
Aquí el caso es otro.
Acomodar las máquinas
partidarias que se juntaron en la campaña mayoritaria federal cuesta
caro y, siendo por dentro y con rúbrica esta retribución, implica
necesariamente la acomodación de cargos y salarios compatibles. Distribuir
el expolio del Estado implica coser la coalición más allá de una
base programática. Es cómo si hubiera un tercer turno, pero de esa
vez exclusivo para los bastidores de la transición de gobierno y un
nuevo pacto de alianzas.
El resultado de esta
democracia indirecta y elitista obedece casi siempre a dos normas de
procedimiento: la primera apunta a resultados distantes hasta de las
manifestaciones de preferencias de las elecciones de octubre; la segunda,
es que el peso político del Congreso obliga el gobierno “mejorador”
a realizar aún menos de lo poco que prometió en términos de cambios
estructurales.
Cualquier semejanza con
los entretelones de la formación de mayoría en el Congreso, no será
(ni puede ser) ninguna coincidencia.
