Resulta paradójico que el gobierno de Santos pretende restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Ecuador y Venezuela, pero, preservando ¡la guerra! causa fundamental del rompimiento.
La paz debe ser tema obligado en el restablecimiento de relaciones. ¿Por qué? Porque es la base de la estabilidad y continuidad de esas relaciones. Sin el tema de la paz por delante, el encuentro de presidentes no pasa de ser una mascarada más. Ni Ecuador ni Brasil ni Venezuela pueden continuar con la permanente zozobra en sus fronteras de grupos armados respaldados por el gobierno oligarca (paramilitares, narcotraficantes, bases militares) o de grupos armados enfrentados a dicho gobierno (la guerrilla).
La pretensión del gobierno colombiano de hacer participes de la guerra a los países vecinos es ¡inaceptable! Si desde el comienzo de su gobierno el presidente Chávez declaró imparcialidad en el conflicto, “ningún apoyo a la guerrilla”, aun cuando existan coincidencias ideológicas y políticas, esa misma actitud tiene mayor fuerza frente a los crímenes de lesa humanidad del gobierno oligarca contra el pueblo colombiano. Baste enumerar los crímenes de los últimos cinco años: 1.309 masacres, 42.875 homicidios, 40.000 desaparecidos, 2.719 fosas comunes con 3.299 cadáveres localizados, más el ataque militar contra el Ecuador, más el eufemismo de los “falsos positivos”, más el asesinato de sindicalistas y periodistas, más los cuatro millones de campesinos desplazados internamente, más los cinco millones de desplazados hacia países vecinos. Ante tanto horror, la guerrilla tiene ganada justificación
¿Es posible tener relaciones normales con un gobierno que presenta tan dantesco cuadro de violación de los derechos humanos? Estas son las mismas razones que alegan EE.UU y la UE para no firmarle el TLC. Si estas razones valen para otros, valen también para los países vecinos, víctimas de la guerra.
Santos se enfrenta:
(1) A la ilegitimidad de su gobierno (de 30 millones de electores, 21 votaron en contra o se abstuvieron).
(2) A la orden de detención que le dictó un Juez ecuatoriano.
(3) Al aislamiento de Colombia frente a Sudamérica, por sus vínculos guerreristas con EE.UU., que de nada valieron para la Corte Constitucional al negarle a Uribe la reelección y declarar la inconstitucionalidad de las bases militares gringas.
(4) A la acusación contra Uribe ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, en los cuales Santos es co-participe.
(5) Al agotamiento económico para mantener la guerra o recibir ayudas. Imposible nuevos impuestos.
Las FARC-EP le han pedido a UNASUR una reunión de presidentes para presentar su versión sobre la realidad colombiana y la necesidad de abrir conversaciones que posibiliten las vías para la solución del conflicto armado. Igual propuesta ya le fue hecha a la ONU y a la OEA, sin que dichos organismos le hayan dado respuesta. Es la oportunidad que tiene UNASUR de demostrar que no es cómplice en agresiones militares, como la ONU (Irak, Afganistán, Yugoslavia) o la OEA (Honduras), en contraposición al objetivo para el cual fueron creadas ¡la paz!
Se dice que la paz es el más preciado tesoro de un pueblo, pero en Colombia se la teme tanto, que ni en la misa los feligreses se dan ya el “abrazo de paz”, para no ser vistos como enemigos del gobierno y los peligros que ello trae.
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