Las circunstancias que originaron la acción del gobierno venezolano de no renovar el permiso para la utilización del espacio radioeléctrico venezolano por el poderoso consorcio 1 Broadcasting Caracas (1BC) dueño de la empresa que operaba el canal de televisión RCTV, así como los acontecimientos que derivaron de aquella medida, tienen varias lecturas y no pocas lecciones. Los capitalistas han acuñado a lo largo de la existencia del orden económico y social en que predominan, una serie de consignas que sirven para imponer sus intereses fundamentales a partir del principio de que sea el capital -la tenencia del dinero- lo que determine el espacio que cada quien ocupe en la sociedad y lo que asigne la facultad de ejercer el poder en todas las ramas y aspectos de las relaciones sociales, En todos aquellos asuntos en los que está garantizada esta función del dinero, convocan a la sociedad a una libertad sin fronteras.

La burguesía ha pretendido siempre identificar la propiedad privada con la libertad de prensa, con los mismos argumentos que ellos aplican a los demás aspectos del orden neoliberal.

Así como Inglaterra, cuando tenía garantizado el dominio naval, llamaba a la "libertad de los mares", los Estados Unidos, a partir de su preponderancia en la economía y las finanzas mundiales han clamado por el "libre comercio" y el "libre flujo de los capitales". Similarmente, las naciones desarrolladas que poseen las tecnologías mas avanzadas para la comunicación y difusión de ideas a escala planetaria, defienden a capa y espada la "libertad de prensa" para propagar sus ideologías e intereses.

El neoliberalismo contemporáneo ha impuesto al proceso de globalización su sello promoviendo la conformación de sociedades de consumo homogéneas, abiertas a la economía de escala requerida por las grandes corporaciones transnacionales, y también una concentración de los medios de información masiva en pocas manos que reduzca a la insignificancia toda competencia por parte de los gobiernos nacionales, los movimientos sociales, las organizaciones comunales o las pequeñas empresa privadas, incluso cuando son "admitidas".

Pero al cabo de la tan ignominiosa época de reinado del neoliberalismo en los medios de difusión, lo que está quedando es la confirmación de la incompatibilidad de la libertad de expresión con la propiedad privada sobre los medios de información.

La obvia inclinación del capitalismo a la universalización del capital y todos lo factores que integran su sistema de relaciones, ha llevado a una realidad en la que el dinero -además de alimentos, educación, transporte, comunicaciones, salud, recreación, vivienda, energía y justicia- pueda comprar opinión publica. En la actualidad, esto se ve como lo más razonable del mundo en una sociedad regida por el mercado. Los medios son mercancías. La decisión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, -fundamentada en poderes que le otorga la Constitución del país- de no reanudar la concesión de la megaempresa 1BC dueña de Radio Caracas Televisión ha tenido lugar en un marco de legitimidad que admite que la inmensa mayoría de los medios, escritos, televisivos y radiales, sean privados. Ellos no sufren censura de ningún tipo e incluso se da el caso de que algunos mantienen viva la campaña que promueve la revuelta callejera e incita al magnicidio. Globovisión es uno de ellos.

La acentuación de la cruzada de propaganda contra Chávez es parte de un plan sedicioso que pretende inducir al gobierno a la represión, si es posible sangrienta, a fin de crear la percepción de que hay una crisis de gobernabilidad que justifique sanciones externas contra Venezuela.

En Venezuela, el 80% de los canales de televisión y emisoras de radio, así como cerca de 120 periódicos de circulación nacional y regional pertenecen al sector privado –que también utiliza la televisión por cable y por satélite.

La Revolución bolivariana rige su proceder por una Constitución y un ordenamiento legal absolutamente democrático y pacífico. Esto hace su lucha mucho más difícil que lo que pudiera esperarse si fuera un proceso resultante de la toma del poder por la vía armada -como se vio forzado a hacerlo casi medio siglo atrás el pueblo cubano con la guía de Fidel Castro al frente del Ejército Rebelde y su movimiento revolucionario clandestino.

Hasta ahora, quienes han estado azuzando la violencia en Venezuela han sido los medios de prensa bajo control de las clases desplazadas del poder y derrotadas en las urnas por Hugo Chávez en nueve ocasiones consecutivas –la última de ellas en diciembre de 2006-, con votaciones cada vez mayores. Los voceros de la oligarquía y de los Estados Unidos atribuyen al gobierno bolivariano la voluntad de limitarle a sus medios la libertad de expresión y la capacidad de difundir la perspectiva disidente de las versiones oficiales: débil argumento en boca de quienes aún controlan la mayoría de los medios de información masiva en Venezuela y los abusan para sus objetivos contra la revolución bolivariana.

La campaña contra la medida oficial que dejó fuera del aire a la televisora más encarnizadamente opositora del proceso bolivariano logró realizar marchas durante varios días – aunque menos nutridas que las movilizaciones que organizaban en años anteriores – bajo el "lema de la libertad de expresión".

Todos los recursos de la vieja oligarquía venezolana que ahora actúan al servicio de los intereses de la superpotencia norteña, han salido en apoyo a la campaña, a cuyo frente Estados Unidos ha situado a sus pesos pesados en los asuntos de prensa: la CNN; la Sociedad Interamericana de propietarios de medios de Prensa, SIP, fundada en 1950 por el oficial de la CIA Jules Dubois, y Reporteros Sin Fronteras, organización también creada por la CIA que dirige su hombre de confianza, Robert Menard. Las protestas recorren el mundo con la intensidad y reiteración que la maquinaria mediática de Washington dedica a sus mayores infundios.

Omiten siempre, al hacerlo, que RCTV, junto con otros canales que siguen funcionando sin problemas, fueron los patrocinadores "mediáticos" del antidemocrático golpe del 11 de abril de 2002 sin que se tomaran represalias contra estos medios, que continuaron agrediendo en sus programas al gobierno nacional más democrático y con mayor reconocimiento popular, según encuestas, que haya tenido Venezuela.

Muchos destacados intelectuales y periodistas identificados con objetivos de progreso social rechazan la propiedad estatal de los medios de comunicación como alternativa y mejor respuesta a la preponderancia del mercado. En mi opinión, en las condiciones del capitalismo, no les falta razón, porque en tal sistema sociopolítico el gobierno que actúa como administrador supremo del Estado responde a los intereses de una clase dominante que no representa los intereses de toda la ciudadanía.

Estoy convencido de que solo el control social de la prensa, ejercido por personas electas por la población y comprometidas a garantizar el acceso de todos los sectores y corrientes de la opinión pública que se manifiesten por la defensa de los objetivos fundamentales de la sociedad: su independencia, desarrollo económico, integridad cultural y la justicia social, pueden llenar la aspiración de una plena libertad de prensa.

En nuestra América, sólo en Cuba, con la proscripción de la propiedad privada sobre los medios de información y divulgación, se han creado hasta ahora las condiciones para instaurar un orden que garantice el acceso de todas las corrientes de pensamiento que caben en una sociedad independiente y soberana.

Pero desde el triunfo mismo de la Revolución el pueblo cubano ha tenido que librar una asimétrica guerra contra un enemigo que lo supera en todos los aspectos materiales: un enemigo sumamente poderoso que se ha erguido en jefe de la contrarrevolución ante el cual cualquier brecha en la unidad del pueblo sería suicida.

Esta situación ha impedido a los medios masivos cubanos alcanzar el objetivo de crear las condiciones para librar el intercambio abierto de ideas que requiere la formación social socialista a que aspiran los cubanos como coronación de su proceso revolucionario.

El asedio constante y la tenaz agresividad que los abrumadores medios al servicio de las campañas contra Cuba han limitado, fundamentalmente, el desarrollo más amplio de la crítica política y social interna en nuestra prensa, que ha debido acentuar al máximo su rol unificador del pueblo y de la nación contra los propósitos fraccionalistas de sus enemigos.

Sirvan los aleccionadores sucesos de Venezuela en torno a la salida del aire del canal RCTV como alerta a los pueblos del continente contra la manipulación y la mentira. Es preciso que el pueblo venezolano sienta, una vez más, la solidaridad de todos los latinoamericanos y la confianza en su Revolución bolivariana. La verdadera democracia excluye el manejo de los medios informativos por otro dueño que no sea el mismo pueblo, aunque ello tendrá que ser allí donde haya cesado la existencia de clases explotadoras y explotadas. ¡La carreta no puede ir delante de los caballos!

*Manuel E. Yepe Menéndez es abogado, economista y politólogo. Se desempeña como Profesor en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana.