Indiscutiblemente, las sanciones económicas, políticas y administrativas impuestas a la República Bolivariana de Venezuela por los gobiernos de EEUU, Canadá y la Unión Europea han causado un daño incalculable al pueblo venezolano. Su combinación con la incompetencia institucional, la corrupción administrativa y la impunidad selectiva han magnificado sus efectos. Las sanciones han conducido a negociaciones de alto nivel. La convocatoria a elecciones presidenciales "libres y democráticas" se ha convertido en la exigencia mayor y su cumplimiento, solo es posible con la suspensión de las sanciones, según respuesta del gobierno venezolano. El juego luce trancado y el pueblo paga las consecuencias convencido que con sanciones no hay "paraíso" y sin elecciones tampoco.
Las sanciones internacionales son instrumentos del Derecho Internacional Público que tienen como objetivo persuadir (más no castigar) a un Estado que ha violentado alguna norma en las relaciones internacionales. Se consideran válidas, las sanciones contempladas en la Carta de Naciones Unidas (Capitulo VII) y deben ser administradas e impuestas por el Consejo de Seguridad con el propósito de garantizar la paz mundial.
En el marco de un nuevo orden global multipolar con nuevas relaciones internacionales, las sanciones se han convertido en un mecanismo que utilizan las grandes potencias para imponer su dominio a otros países. Los Estados más poderosos se han atribuido la autoridad de imponer sanciones de carácter unilateral, sin más fundamento que sus intereses. En estos casos se trata de una medida coercitiva que busca limitar la independencia y capacidad de algunos países para administrar sus propios recursos naturales, económicos, financieros, sociales y culturales.
En el caso venezolano, el colapso económico y productivo del país es el resultado de un proceso que se agudizó desde diciembre del año 2014 cuando el Congreso de EEUU aprueba una Ley denominada "Defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil en Venezuela". Un instrumento de injerencia que sirve de fundamento para aplicar sanciones unilaterales desde marzo de 2015. Las sanciones se profundizaron en el año 2019, afectando al sector petrolero de manera directa.
Las sanciones económicas de EEUU contra Venezuela mantienen su epicentro en el área petrolera y le han impedido vender petróleo, establecer acuerdos económicos, contratar servicios, adquirir repuestos e insumos. Sin embargo, Venezuela logró alianzas que le permitieron mantener una mínima actividad en el mercado internacional. El año pasado EEUU autorizó que la empresa transnacional CHEVRON reactivará sus actividades en Venezuela. Se anuncia la liberación de activos nacionales y recursos financieros retenidos. La flexibilización de las sanciones se debe a la crisis energética que vive EEUU como consecuencia del conflicto OTAN-Ucrania-Rusia. En este contexto el crudo venezolano, pesado y liviano, es una necesidad para el gobierno norteamericano.
El 29 de agosto de 2023, altos funcionarios del gobierno de EEUU anunciaron desde Washington que hay un gran avance para aliviar las sanciones contra Venezuela y trabajan en un documento final para formalizar tal planteamiento con la única y precisa condición de una convocatoria a elecciones presidenciales "libres y democráticas". Voceros del gobierno venezolano respondieron que la convocatoria a "elecciones condicionadas" solo será posible cuando se supriman las sanciones contra Venezuela.
Oposición y gobierno saben que la reactivación del aparato productivo se torna muy difícil si las sanciones de EEUU y la Unión Europea no son suprimidas. Cualquier condicionamiento pierde valor ante el sufrimiento del pueblo venezolano y la urgencia social de unificar esfuerzos para reactivar el aparato productivo y acordar políticas que permitan recuperar el Estado de Bienestar Social.
Mientras se desarrollan estas negociaciones, el escenario electoral luce incierto. Se agudizan las contradicciones entre factores de oposición y sus elecciones primarias no reflejan garantía de criterios unificados frente a la realidad nacional. Sigue prevaleciendo la polarización como estrategia aunque la realidad demuestra su nefasto efecto social. El nuevo Consejo Nacional Electoral -CNE- debe ser garantía de la independencia y autonomía institucional necesarias para atender un momento histórico tan complejo. En manos del CNE pudiera estar la posibilidad de agilizar la flexibilización de las sanciones y la apertura a sólidas relaciones internacionales.
El futuro del país parece sumergido en un círculo vicioso, el gobierno exige suprimir las sanciones como garantía para la convocatoria a elecciones y la contraparte reclama elecciones "libres y democráticas" como garantía para suprimir las sanciones. ¡Amanecerá y veremos!
