Debe hacerse una revolución en la Administración Pública

Venezuela, se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Nos recuerda el Texto Fundamental que el Gobierno Venezolano y el de sus entidades políticas, son y serán siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Es por ello que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Por tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas y los órganos del Poder Público están sujetos a la magnificencia de la Constitución Bolivariana.

Reafirmar que la democracia es el sistema político más eficiente y más humanos, que garantiza a plenitud el cumplimiento de los derechos del hombre, impone interrogantes, pues la transformación del sistema político no sólo asigna la búsqueda de una democracia participativa y protagónica, sino también la consolidación de una democracia económica y social al servicio del pueblo. Un sistema económico puesto al servicio del pueblo y no al revés.

Es necesario entonces, que hay que luchar por el imperio de la Ley para esta y las futuras generaciones; y erradicar para siempre todo aquello que revele una actitud prepotente en los servidores públicos, que muchas veces creen que conceden dádivas o favores a los particulares, y éstos a su vez, --y esto es lo que parece--, no tienen derechos ni como reclamar las malas actuaciones de los funcionarios y son aplastados inevitablemente por la administración pública. Hay que cambiar, en derecho y por el derecho, esa actitud y mentalidad, contrario a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Es necesario proyectar una Administración Pública al servicio del pueblo y para el pueblo, sin exclusiones.

Hay que hacer una revolución administrativa, al transformar la informalidad administrativa en procedimientos enmarcados en las leyes, expedita y eficiente, sin dilaciones, pues es inconcebible la impotencia de los administrados ante posturas indeseables de los funcionarios públicos, lo cual genera impotencia y sujeción en el pueblo, pese a que existe legalmente una situación colmada de garantías y derechos –todo un arsenal jurídico--, que, sin lugar a dudas, resulta como respuesta satisfactoria a una gestión gubernamental saneada, una vez que se asuma el esfuerzo deliberado y consciente en todos aquellos que tengan interés en una gobernabilidad para el servicio del pueblo, sin exclusiones y que no esté determinada por la afiliación u orientación política.

Entendemos la acción-participación no sólo como el simple actuar, o cualquier tipo de acción, sino como acción que conduce al cambio social, erradicar lo viejo, para reemplazarlo por lo nuevo, conjugar la praxis, la teoría y la práctica, no hablar sin ton ni son, sino por el contrario una acción-participación continua, en ejecución, sobre la realidad abordada no sólo para conocerla, sino para transformarla; toda vez que, en la medida que haya mayor reflexión acerca de la realidad, mayor calidad y eficacia transformadora se tendrá.

Estos planteamientos no son especulativos, si colocamos como referencia el Preámbulo de la Constitución de la República de Venezuela, el cual advierte que hay que "refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones"; donde, además, se "asegure el derecho a la vida, al trabajo, la cultura, a la educación, la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna". Este es el camino, esto debe ser la pretensión de la República Bolivariana de Venezuela. Sabemos que hay poca voluntad para estos planteamientos. Y ojalá que la flaqueza aunada a la pereza no siga imponiéndose de la mano con el saboteo. Que esta utopía sirva para la reflexión. ¡¡¡Viviremos y Venceremos!!!

albertovargas30@hotmail.com



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Alberto Vargas

Abogado y periodista, egresado de la UCV, con posgrado en Derecho Tributario y Derecho Penal. Profesor universitario en la cátedra de Derechos Humanos

 albertovargas30@hotmail.com

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