El anuncio del presidente Maduro de reestructurar el gobierno, de sacudirlo totalmente, no es un gesto menor de los nuevos tiempos que corren. La admisión implícita por parte del heredero de que lo heredado es un desastre, de que el estado ha fracasado rotundamente en el objetivo de proveer a la sociedad un mínimo de condiciones favorables para el desarrollo económico y social debe considerarse un enorme progreso respecto a los años recientes, en los cuales la soberbia de algunos, la complicidad de muchos y un aparato mediático considerable han pretendido hacer ver que de verdad estamos a punto de ser un país potencia, y que si no lo hemos logrado es por culpa de terceros, jamás por causa nuestra.

No es que no se haya logrado nada, por el contrario, sería mezquino negar la mejora de algunos indicadores sociales, la masificación en la construcción de viviendas, la política de pensiones entre otras transferencias que el estado hace hacia los ciudadanos, lo que ha permitido elevar la capacidad de consumo agregada de la población. Lease bien –capacidad de c o n s u m o. Claro, la pregunta que habría que hacerse es si esos progresos se corresponden con los 650 millardos de dólares que según Giordani se han invertido en desarrollo social. No parece.

Aprovechando la oportunidad que se presenta, y asumiendo como cierta la disposición a introducir reestructuraciones en el funcionamiento del estado venezolano, me tomo la libertad de plantear algunas ideas que permitan comenzar con la transformación de lo que considero el eje central de una política integral en materia productiva: las empresas estatales.

Para nadie es un secreto que las empresas estatales productoras de bienes y servicios son un rosario de problemas, barriles sin fondo para el erario público. En la mayoría de los casos, simplemente nóminas necesarias para la colocación de los “cuadros” del partido, sin experiencia gerencial y sin resultados que mostrar. Algunos casos son proyectos condenados desde su nacimiento, proyectos industriales esclavizantes, mecanismos para garantizar la venta de producción al país, por parte de nuestros socios extranjeros. Otros casos son oportunidades suceptibles de ser aprovechadas, impulsando de un cambio cultural hacia la competitividad y la obtención de resultados financieramente sostenibles. Algunos elementos concretos derivados de ese cambio podrían ser:

• Política de contratación y retención de talentos profesionales, técnicos y gerenciales: En los últimos años se impuso “El Giordanismo” como doctrina en algunas empresas estatales. Esto es, una tendencia a identificar el hecho de trabajar para el estado como sinónimo de conformismo en términos de progreso material, a pretender evangelizar a los trabajadores en un credo opuesto al dinero. El estado se encarga de “asignar” los elementos que el trabajador necesita para vivir decentemente: vivienda, equipamiento del hogar, vehículos etc. Las aspiraciones de una remuneración competitiva son sustituidas por la aspiración a ser considerados en una de las infinitas listas y censos que el estado elabora para esa asignación. El talento técnico y profesional, el estrato gerencial simplemente ha huido en estampida desde las empresas estatales hacia el sector privado nacional ó en el extranjero en busca de mejores remuneraciones quedando las empresas en muchos casos en manos de equipos gerenciales sin calificación armados únicamente con un discursito revolucionario. No sobra decir que muchos de quienes se han quedado al frente de las empresas no lo hacen porque estén satisfechos con la remuneración percibida ó por un ánimo patriotero, sino por las múltiples oportunidades de rebusque que se presentan. De esa cabuya hay miles de rollos.

La igualdad que se pretende en el socialismo no debe confundirse con la igualación de los salarios de los trabajadores, se refiere a la igualdad en la distribución del excedente. No es posible que tengamos ingenieros ganando Bs. 8.000 mensuales y hasta menos y que algunos imbéciles lo consideren un acto de patriotismo, de ascetismo. A la menor oportunidad ese talento se va y se perjudica a la empresa, que debe invertir de nuevo en el desarrollo de capacidades para el nuevo personal. La complejidad de las tareas asignadas, la preparación académica, la experiencia, la formación continua recibida entre otros son criterios a considerar en la determinación de los niveles salariales necesarios para competir con el sector privado, de lo contrario seguiremos obteniendo los mismos resultados.

• Política de remuneración a los trabajadores: Es cierto que el dinero no lo es todo, que nadie está satisfecho con su sueldo, que hay otros elementos de incentivo al trabajador, que la pirámide de Maslow etc. Ese discurso es casi 100% cierto pero muy poco efectivo en trabajadores con salario mínimo en el contexto estructural de precios que se vive en el país desde hace varios años. Por otra parte, es cierto que en muchas empresas estatales, el gobierno honra sobradamente los compromisos laborales, que el paquete de beneficios de las empresas estatales es muy superior al de ley y al de muchas pequeñas empresas privadas, y que muchas de esas empresas no producen ni para pagar la nómina y aún así los trabajadores no dejan de protestar. El caso de CORPOELEC ó SIDOR es dramático en ese sentido.

En esta materia, debe implantarse –y esto seguramente será una dura batalla con los sindicatos- esquemas de remuneración variable vinculados con el nivel de producción de las empresas y sus resultados financieros. El estado no puede seguir tomando dinero del petróleo para subsidiar las nóminas de empresas productoras; estas deben generar los recursos suficientes para su operación, incluyendo obviamente las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios contractuales ó de ley, el pago oportuno de las obligaciones parafiscales, pasivos laborales etc. Perversiones observadas en los contratos colectivos que deben ser honradas por las empresas independientemente de sus resultados no pueden continuar. Debe establecerse un salario base (razonable y suficiente en cualquier caso) y dejar en manos del trabajador, la materialización de la fracción complementaria a través del logro de objetivos de producción, productividad y eficiencia individual y colectiva, lo que redundará indefectiblemente en un empleo sostenible en el tiempo. Estos objetivos deben ser medibles a través de evaluaciones de desempeño y deben ser conocidos y compartidos por todos los integrantes de una unidad de producción estatal, incluyendo evidentemente, los cargos de dirección quienes, en su condición de trabajadores, se encuentran igualmente sujetos a evaluación y amparados por el esquema de la remuneración variable.

• Estrategia de compras: El estado ha desarrollado un conjunto de empresas productoras de bienes y servicios que, en alguna medida han desarrollado vínculos entre sí para la colocación de su producción, sin embargo, en el aspecto de los insumos la realidad es otra: las empresas estatales dependen (naturalmente, no debe considerarse algo negativo) de una red de empresarios privados, nacionales, extranjeros, multinacionales, grandes, pequeños, cooperativas, pymes etc. para la obtención de los insumos necesarios para producir. Por otra parte, es un hecho que la mayor parte de los verdaderos productores y comerciantes no actúan como proveedores de las empresas estatales por no ser este, un negocio atractivo para ellos por múltiples razones, por ello se convierten en proveedores por medio de terceros, quienes tienen las flechas y la disposición de embarcarse en un proceso con el estado. En este contexto, es inocultable que la Ley de Licitaciones y la obligación derivada de esta, de contratar únicamente (salvo excepciones justificadas) con empresas registradas en el Servicio Nacional de Contratistas, constituye en realidad un obstáculo para que las empresas estatales dispongan de bienes y servicios en las mejores condiciones de mercado. ¿Quién en su sano juicio puede creer que estos mecanismos legales han detenido ó minimizado la corrupción en las compras del estado? Por una parte crecen como la verdolaga las empresas de maletín, empresas con altísimos niveles de contratación pero con sólo dos o cuatro empleados, las empresas “toderas” que hacen desde obras civiles hasta suministro de equipos médicos, de seguridad entre otros, se hace cotidiano que una misma empresa entregue las tres tapas entre otros mecanismos que se han hecho práctica común para eludir la ley pero cumpliendo sus formalidades. Como se ve, las comisiones de contrataciones son una formalidad que no necesariamente implican la búsqueda de las mejores condiciones, los mayores ahorros para las empresas y mucho menos, mayor transparencia. En el mejor de los casos, un proceso licitatorio impecable conducirá a que la empresa acepte la mejor de las ofertas entre las que se presenten, no la mejor del mercado. El carácter estratégico de las compras en la formación del precio de las empresas, en la construcción de un tejido productivo local, el desarrollo de “partners” locales estratégicos y el encadenamiento en la medida de lo posible con otras productoras estatales, debe ser la prioridad.

• Presupuesto vs Contabilidad: En una empresa privada, independientemente su naturaleza, tamaño y propiedad, la toma de decisiones de gasto, van indisolublemente ligadas a los resultados obtenidos por el lado de los ingresos. Evidentemente, existe un presupuesto de ingresos y gastos realizado con anterioridad como parte del natural proceso de planificación, pero es la información sobre los resultados obtenidos en realidad, reflejados en la contabilidad y los reportes e indicadores operativos tempranos, lo que valida la pertinencia de un gasto ante cambios en el resultado vs lo planeado. En una empresa pública al parecer, lo importante a la hora de ejecutar una decisión de gasto, es la aprobación presupuestaria. Si está en el presupuesto puede realizarse, independientemente de que los ingresos que lo sustentan no se hayan materializado de acuerdo a lo planificado y aun cuando el gasto pueda ser considerado superfluo (material POP, por ejemplo). Esta visión basada en la certeza de que cualquier déficit puede y debe ser cubierto por el presupuesto del ente de adscripción, que proviene en últimas del petróleo, es uno de los elementos a corregir en el modelo de gestión de las empresas estatales productivas.

No se trata de que las empresas estatales funcionen igual que las privadas pero, evidentemente deben ser por lo menos autosustentables financieramente. Para muchos, esto suena a capitalismo de estado, para otros son las mismas “armas melladas del capitalismo”. Para mi, es la única forma de avanzar hacia una economía productiva sana sin depender exclusivamente del capital privado, cuya lógica le impide asumir la enorme tarea de desarrollar las fuerzas productivas del país.

 

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