1. ¿Qué es la Ley Orgánica de Hidrocarburos y por qué importa?

Es la ley que regula cómo se explota, produce, comercializa y distribuye el petróleo en Venezuela. Define quién puede extraerlo, bajo qué condiciones, cuánto le queda al país y cuánto a las empresas, y dónde se resuelven los conflictos.

El petróleo representa más del 90% de las exportaciones venezolanas. Es, literalmente, el único activo estratégico que tiene el país para financiar su reconstrucción. La ley que lo regula determina si esa riqueza beneficia a los venezolanos o a otros.

2. ¿Qué cambia con la reforma que se está aprobando?

Los cambios fundamentales son cinco:

a) Quién opera: Antes, PDVSA debía tener el control operativo. Ahora, el socio privado minoritario puede asumir "la gestión técnica y operativa" completa.

b) Quién vende el petróleo: Antes, solo PDVSA podía comercializar el crudo. Ahora, los privados pueden "realizar la comercialización directa" y manejar los fondos en cuentas bancarias en el exterior.

c) Cuánto recibe Venezuela: Las regalías —lo que paga quien extrae petróleo por el derecho a sacarlo— se reducen del 30% hasta el 20% en contratos de servicio y hasta el 15% en empresas mixtas. Eso significa miles de millones de dólares menos para el país cada año.

d) Dónde se resuelven los conflictos: Antes, en tribunales venezolanos. Ahora, mediante "arbitrajes independientes" —es decir, tribunales internacionales donde Venezuela se subordina a las capacidades políticas de terceros.

e) Quién aprueba los contratos: Antes, la Asamblea Nacional debía aprobarlos. Ahora, solo "será notificada".

3. ¿Por qué dicen que viola la Constitución?

Porque la Constitución de 1999 establece claramente:

• Artículo 302: "El Estado se reserva (…) la actividad petrolera". La reforma transfiere esa actividad a privados.

• Artículo 303: La reforma reduce a PDVSA a un cascarón mientras otros operan.

• Artículo 150: Los contratos de interés público requieren "aprobación de la Asamblea Nacional". La reforma elimina esa aprobación.

• Artículo 151: Las controversias en contratos de interés público "serán decididas por los tribunales competentes de la República". La reforma introduce arbitraje internacional.

4. ¿Cuánto dinero pierde Venezuela con esta reforma?

Según cálculos basados en la producción y precios actuales, la reducción de regalías significa aproximadamente 7.445 millones de dólares menos por añopara el fisco venezolano.

Para ponerlo en perspectiva:

• Es más de 20 veces el presupuesto anual del Ministerio de Salud

• Podría financiar la reconstrucción del sistema eléctrico nacional

• Equivale a unos $250 por cada venezolano, cada año

Es dinero que se transfiere de las arcas públicas a las ganancias de las empresas privadas que operarán los campos.

5. ¿Por qué no se pueden reducir las regalías como "incentivo" a la inversión?

Porque la regalía no es un impuesto:

La regalía es el pago que recibe Venezuela por ser dueña del petróleo. Es el precio de la propiedad. Cuando una empresa extrae un barril, ese barril ya no existe más —es un activo agotable que pertenecía a todos los venezolanos. La regalía compensa esa pérdida permanente.

Los impuestos (como el ISLR) gravan las ganancias de la empresa. Si la empresa gana mucho, paga más; si gana poco, paga menos.

¿Por qué importa esta diferencia?

• La regalía no depende de los costos: Da igual si producir un barril cuesta $10 o $50; el valor del recurso para su dueño es el mismo. Los costos son problema del inversor, no del propietario.

• La regalía es el "piso sagrado": Garantiza que Venezuela nunca reciba cero por su petróleo, aunque la empresa declare pérdidas o infle costos.

• Reducir la regalía es regalar patrimonio: Cuando el Estado acepta menos regalía porque el proyecto es "difícil", está subsidiando a la empresa con el patrimonio de todos.

¿Cómo atraer inversión sin tocar la regalía? Hay muchas opciones: reducir temporalmente el impuesto sobre la renta, permitir depreciación acelerada de inversiones, dar créditos fiscales. Eso es política fiscal legítima. Pero la regalía —el precio de la propiedad— debe permanecer intacta.

Brasil extrae petróleo a 2,000 metros de profundidad bajo capas de sal y mantiene su regalía fija en 15%, sin negociación. Guyana, sin infraestructura petrolera previa, aumentó su regalía de 2% a 10% en 2023. En ningún país serio la dificultad técnica justifica regalar el patrimonio nacional.

6. ¿No necesita Venezuela inversión extranjera para recuperar la producción petrolera?

Sí, la necesita. PDVSA está destruida y Venezuela no tiene el capital ni la tecnología para desarrollar sola los yacimientos de la Faja del Orinoco.

Pero hay muchas formas de atraer inversión:

algunos modelos de inversión extranjera

La pregunta no es si debe haber participación privada. La pregunta es si esa participación debe implicar perder el control, la comercialización, la jurisdicción y la mitad de las regalías. Otros países atraen inversión sin entregar todo eso.

7. ¿No fue el "nacionalismo petrolero" chavista lo que destruyó a PDVSA?

No exactamente. Hay que distinguir dos cosas:

Bajo Chávez (1999–2013): A pesar del paro petrolero de 2002–2003 y el despido de 18.000 empleados, la producción se recuperó. Cuando Chávez murió en 2013, Venezuela producía casi 3 millones de barriles diarios.

Bajo Maduro (2013–2025): La producción colapsó a menos de 400.000 barriles en el peor momento. Hoy apenas supera los 900.000.

¿Qué pasó? Maduro no continuó el modelo chavista. Lo que hizo fue repartir PDVSA como botín entre las distintas facciones que competían por el poder: militares, el ala de Cabello, el ala de los Rodríguez, redes de "enchufados". Cada grupo "ordeñaba" su pedazo sin reinvertir. Además, encarceló a cientos de trabajadores petroleros en purgas políticas.

El colapso no fue por el "nacionalismo". Fue por convertir a PDVSA en un sistema de extracción de rentas para las facciones en el poder.

8. ¿Quiénes se benefician con la reforma?

Los beneficiarios son predecibles:

• Transnacionales petroleras (principalmente estadounidenses como Chevron) que ahora pueden operar, comercializar y cobrar directamente, con regalías reducidas y arbitraje internacional que los protege.

• Empresarios locales "enchufados" que se insertan como socios menores en los nuevos contratos. Muchos son los mismos que se beneficiaron del saqueo madurista, ahora reciclados.

• La cúpula gobernante actual (los Rodríguez, Cabello) que entrega el petróleo a cambio de su supervivencia política bajo el nuevo esquema de protectorado.

• Washington, que asegura flujo de crudo venezolano hacia refinerías del Golfo de México bajo condiciones favorables.

¿Quién no se beneficia? El pueblo venezolano, que sigue ausente de la ecuación.

9. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con esta reforma?

Mucho. La reforma ocurre semanas después de la captura de Maduro en una operación estadounidense y bajo un gobierno (Delcy Rodríguez) que opera como protectorado de Washington.

El propio Trump ha hablado públicamente de los acuerdos petroleros. El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, justificó la reforma diciendo que "el petróleo debajo de la tierra no sirve de nada" —el mismo argumento que usaban los promotores de la apertura de los años 90.

La reforma no es una decisión soberana de Venezuela. Es parte del precio de la "transición" negociada: el régimen entrega el petróleo a cambio de que Washington le permita mantenerse en el poder bajo otro formato.

10. ¿No es mejor esto que el desastre de Maduro?

Es una falsa dicotomía. Las opciones no son "Maduro o protectorado".

El madurismo destruyó PDVSA mediante corrupción, tribalización y represión. Pero la solución a ese desastre no es entregar el recurso a otros bajo condiciones peores que las de la apertura de los años 90.

Es como si alguien administrara tan mal tu casa que la dejara en ruinas, y la "solución" fuera venderla por una fracción de su valor a quien te la va a alquilar de vuelta. Ciertamente, ya no la administra el que la destruyó. Pero tampoco es tuya.

La alternativa real es: recuperar la institucionalidad democrática, establecer controles transparentes, atraer inversión bajo condiciones que mantengan el control nacional. Eso requiere un gobierno legítimo, no un protectorado.

11. ¿Qué dice la Constitución sobre cómo debería manejarse el petróleo?

La Constitución de 1999 —aprobada por referéndum popular— es clara:

Artículo 302: "El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva (…) la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico."Artículo 303: "Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A."

La Constitución no prohíbe la participación privada. Lo que exige es que el Estado mantenga la reserva sobre la actividad y el control sobre PDVSA. La reforma invierte esa relación: mantiene la palabra "reserva" pero vacía su contenido.

12. ¿Hubo debate público sobre esta reforma?

No. La reforma se aprobó en primera discusión con "celeridad complaciente", según sus propios críticos. No hubo:

• Consulta pública

• Debate entre expertos

• Audiencias con sectores afectados (trabajadores petroleros, académicos, sociedad civil)

• Tiempo para que la ciudadanía conociera el contenido

Los Contratos de Participación Productiva (CPP) que la reforma legaliza fueron firmados en secreto bajo la Ley Antibloqueo. Nadie sabe quiénes son los beneficiarios, qué áreas se entregaron, bajo qué términos.

Se está decidiendo el futuro del principal recurso del país a puertas cerradas.

13. ¿Qué podemos hacer?

Primero, informarse e informar. Esta reforma afecta a todos los venezolanos, pero la mayoría no conoce su contenido ni sus implicaciones.

Segundo, exigir transparencia. ¿Quiénes son los beneficiarios de los contratos? ¿Qué áreas se entregaron? ¿Bajo qué condiciones? El pueblo tiene derecho a saber.

Tercero, rechazar la falsa dicotomía. No es "Maduro o protectorado". No es "estatismo corrupto o privatización entreguista". Hay alternativas que combinan inversión extranjera con control nacional, como demuestran otros países petroleros.

Cuarto, defender el principio básico: el petróleo es de los venezolanos. Cualquier gobierno —del signo que sea— que lo entregue sin el consentimiento del pueblo está traicionando a la nación.

El consenso de casi un siglo de pensamiento petrolero venezolano —desde conservadores hasta socialistas— fue que el petróleo debe servir a Venezuela. Ese consenso está siendo demolido en semanas, sin debate, sin consulta, sin legitimidad.

No podemos permitirlo en silencio.