Venezuela se encuentra en un punto de inflexión histórica. La reciente alocución de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Nacional para la Memoria y Cuenta 2025, no solo presentó cifras de recuperación alentadoras, sino que trazó la hoja de ruta para una reforma estructural de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) de 2001.

Desde Poli-data.com, hemos analizado profundamente esta propuesta. Nuestra postura es clara: Apoyamos la lógica de eficiencia económica planteada por el Ejecutivo, entendiendo que la soberanía moderna se ejerce con producción, tecnología y cuentas claras.

1. La Lógica del éxito: ¿Por qué el Método Chevron es el camino correcto?

Es un hecho concreto que la producción petrolera ha ido en ascenso en los últimos meses. Es irrebatible: la curva ascendente hacia los 1,2 MMBD coincide exactamente con la implementación del modelo de gestión compartida. El apoyo de Poli-data.com a esta gestión se fundamenta en tres realidades financieras:

• Optimización del capital estatal: En un escenario de asfixia financiera, el Estado venezolano ha logrado reactivar pozos sin desembolsar recursos que hoy son vitales para la salud, la educación y los salarios. El socio privado asume el riesgo y el costo operativo de alrededor del 20% (aprox. $15 por barril a un precio de mercado estimado en $70), liberando al flujo de caja nacional de una carga pesada.

• Saneamiento del balance nacional: El uso de una fracción del crudo para amortizar deudas acumuladas no es una pérdida, es una inversión en la reputación crediticia del país. Un país que paga es un país que atrae capital y disminuye el riesgo país tan necesario para atraer nuevas inversiones de otros sectores no petroleros.

• Seguridad de mercado: Este modelo garantiza una ruta legal y directa hacia los mercados de mayor valor, eliminando los descuentos forzados por el asedio económico.

2. Alerta Soberana: El Riesgo de la "Caja Negra"

A pesar de nuestro apoyo a la visión macroeconómica, como analistas de datos debemos encender una luz de alerta. El "Método Chevron" traslada la operación al socio privado, lo que genera una asimetría de información.

El riesgo no está en que el privado gane dinero, sino en que el Estado pierda la capacidad de auditar cuánto cuesta realmente producir un barril. Si los costos operativos se inflan sin supervisión, la renta nacional se erosiona silenciosamente. La soberanía del siglo XXI no reside en sostener el taladro, sino en controlar la calculadora.

3. Nuestra Recomendación: La Cláusula de Salvaguarda

Para que esta reforma de Ley sea un verdadero legado de soberanía pragmática, desde Poli-data.com proponemos la inclusión de un mecanismo técnico de control riguroso:

La Comisión Auditora de Costos Justos (CACJ)

Proponemos que la nueva LOH contemple la creación de una comisión multidisciplinaria (Ministerio de Petróleo, BCV, Contraloría y Universidades) con las siguientes facultades:

1. Indexación de costos: Establecer tablas de precios de mercado internacional para evitar la sobrefacturación de insumos e inflado de costos operativos discrecionales por las petroleras. Bastante historia hay sobre esas malas prácticas en los tiempos de las concesiones petroleras.

2. Certificación de deducciones: Que solo los costos validados y auditados por esta Comisión sean deducibles de la utilidad bruta.

3. Fin de la Ley Antibloqueo: Si se supone que la modificación de la LOH-2026 contemplará el Método Chevron y negociaciones Ganar-Ganar con el gobierno de Estados Unidos, no tiene razón de ser que se mantenga activa la Ley Orgánica Antibloqueo, porque se entiende que esas negociaciones implican el levantamiento de las sanciones petroleras.

4. Transparencia activa: Publicación trimestral de manera pública de los niveles de eficiencia de cada empresa mixta.

Propuesta de Artículo para la Reforma de la LOH

La cláusula de salvaguarda que permitiría que el "Método Chevron" pase de ser un acuerdo de emergencia a una política de Estado sostenible y soberana.

Para finalizar nuestro análisis, he redactado cómo se vería este aporte estructurado como una propuesta de reforma legal. Esto resume toda nuestra conversación en un instrumento de control concreto.

Artículo X: De la Comisión Auditora de Costos e Inversiones (CACI)

"Se crea la Comisión Auditora de Costos e Inversiones (CACI) como órgano colegiado de carácter técnico, adscrito al Ministerio con competencia en materia de petróleo. Su función principal será la certificación, validación y ajuste de los costos operativos (OPEX) y de capital (CAPEX) declarados por los operadores en las Empresas Mixtas y bajo Contratos de Participación Productiva."

Atribuciones Clave:

1. Indexación Técnica: Establecer una tabla de costos referenciales para insumos y servicios petroleros, indexada a mercados internacionales, para evitar la sobrefacturación.

2. Autorización Previa: Cualquier variación superior al 10% en el presupuesto de inversión aprobado deberá ser justificada técnicamente y autorizada por esta Comisión.

3. Composición Multidisciplinaria: Estará integrada por representantes del Ministerio de Petróleo, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central de Venezuela, la Contraloría General y expertos independientes de las Facultades de Ingeniería y Economía de las Universidades Nacionales.

4. Vinculación Fiscal: Solo los costos validados por la CACI serán deducibles para la determinación de la utilidad neta distribuible al Estado.

Análisis de Impacto de la Propuesta

Esta propuesta técnica, en esencia, la cláusula de salvaguarda permitiría que el "Método Chevron" pase de ser un acuerdo de emergencia a una política de Estado sostenible y soberana.

Reflexión de cierre

Este análisis ha demostrado que la Soberanía en el 2026 no se trata de quién sostiene el martillo, sino de quién tiene el cronómetro y la calculadora.

Al proponer la Comisión Auditora de Costos e Inversiones (CACI), se transforma el "Modelo Chevron" de una concesión pasiva en una Asociación Estratégica Vigilada. Financieramente, el país gana por el aumento de producción; jurídicamente, el país gana porque recupera el control sobre su principal activo; y socialmente, el país gana porque garantiza que la mayor cantidad de dólares posible llegue a la inversión pública.