Volver al futuro IV

Pensaba titular esta nota como "La Oportunidad la Pintan Calva II", en referencia al tema tratado en la reláfica anterior, sobre las "novedosas" propuestas de repartir anualmente la renta petrolera venezolana entre los ciudadanos -los mayores de edad según el código civil- que habitamos hoy en este país, pero una casual limpieza de viejos papeles me hizo topar con los argumentos esgrimidos durante la polémica desatada a finales de 1999, a raíz de la propuesta y aprobación de los artículos, 12, 302 y 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Además, me enteré hace tres días de que Robert Zemeckis, realizador de la trilogía de los viajes en el tiempo, se niega a producir la versión IV de la saga.

Por ambas razones decidí hacer yo mismo el viaje al fin del siglo pasado y volver a nuestros días con mi vieja argumentación:

  • Petróleos de Venezuela y de todos los venezolanos

  • Alcance y significación del carácter estatal de PDVSA y su nuevo rango constitucional

  • ¡Alerta! Los privatizadores petroleros no se han rendido

  • La insistencia expansionista y privatizadora: ¿Intoxicación teórica o voluntaria ceguera?

Sin más que mis disculpas por alguna vetusta afirmación desmentida por la realidad en estas dos décadas, anacrónica o demasiado citada desde entonces, transcribo los trabajos referidos, tres de ellos insertos en mi libro "Nacionalismo Petrolero Venezolano…" 1 y el cuarto, publicado en mi columna de FUNDAPATRIA.2

Petróleos de Venezuela…

Y de cada uno de los venezolanos

La reserva constitucional al Estado de la propiedad sobre las acciones de Petróleo de Venezuela, o del ente a cuyo cargo se encuentre el control de la industria petrolera venezolana, es la única manera de mantener la titularidad accionaria de cada uno de los venezolanos sobre su principal fuente generadora de riquezas.

Cuando menciono a todos los venezolanos, no me refiero a los mayores de 18 años, como pretende establecer la más detestable de las propuestas privatizadoras, sino a todos, incluyendo a los que nacerán mañana, el mes que viene o dentro de 150 años. Y así tendría que ser, por cuanto se trata del control sobre una industria cuyas expectativas de duración, considerando el nivel actual de sus reservas petroleras, pasa de los mil años. Ello sin contar con los inmensos recursos de hidrocarburos depositados al norte del Orinoco, la mayoría de los cuales todavía hoy no tienen valor comercial y hacen de Venezuela el mayor reservorio mundial de ese prodigioso legado acumulado bajo el subsuelo hace decenas de millones de años.

Pero, sin necesidad de colocarnos en esas perspectivas milenarias, razones de peso inmediatas, de nuestra contemporaneidad, de corto, mediano y largo plazo humanos, sustentan la necesidad de establecer la garantía constitucional del control estatal sobre su industria petrolera. La principal de esas razones es que PDVSA es, por su magnitud y por la importancia de sus operaciones, un instrumento estratégico para garantizarle al país una presencia digna y considerable en el concierto de las naciones.

En efecto, sólo manteniendo el control operativo sobre su ingente producción petrolera puede Venezuela tener injerencia decisiva en un aspecto vital para las relaciones económicas internacionales como lo es el suministro energético.

Precisamente, la condición de ser una de las primeras empresas petroleras del mundo es la razón de ser de las apetencias que sobre PDVSA ejercen poderosos capitales privados nacionales e internacionales. Para esos sectores, es una verdadera incongruencia que un país de miserables sea propietario de una empresa de nivel mundial, y por eso mismo, sucumben a la tentación de ofrecerle montañas de espejitos a sus desprevenidos 23 millones de propietarios actuales.

Lo triste del caso es que esos poderosos intereses internacionales tienen voceros nativos –auténticos cipayos- que ejecutan insólitos malabarismos argumentales para convertirse en defensores de la supuesta "necesidad" que tenemos los venezolanos de sentirnos propietarios sin la tutela del Estado. Todo ello, desde luego, sin importar que, en realidad, ese "sentido de propiedad" sólo nos durará el tiempo necesario para hacer la transferencia de esa propiedad hacia otras manos.

Por ello, mueven a risa los pícaros argumentos de los "vivos" criollos que claman "¿Cómo es posible que yo pueda comprar en la Bolsa una acción de la Royal Dutch Shell y no una de PDVSA? ¡Exijo mi derecho a ser accionista de PDVSA y poder hacer con esa acción lo que me dé la gana!" Desde luego, ese vivaracho podrá comprarle sus acciones a otros venezolanos que, como los habitantes de Carapita o el barrio El Carpintero, no tendrán otra alternativa que convertir esas acciones en efectivo para sufragar mercados, vehículos populares o cuotas atrasadas del alquiler del rancho.

Pero a la postre, esos privilegiados venezolanos que expropiarán a la mayoría de sus coterráneos, serán a su vez expropiados, porque en el país no existen los capitales privados requeridos para el desarrollo de una industria petrolera como la venezolana y tendrán que acudir a los mercados financieros internacionales y al "bondadoso" capital petrolero internacional para que asuma el control, tal como lo han tenido que hacer el Grupo Polar, Inelectra y otras compañías venezolanas que se han aventurado en las licitaciones de contratos operativos.

Para quienes tenemos algún sentido de la trascendencia de nuestras responsabilidades, lo peor de todo será la maldición que pesará sobre las cabezas de esta generación finisecular, si se convierte en desheredadora de los cientos de millones de venezolanos por nacer en los próximos años y siglos.

Y precisamente para impedir que alguien en el futuro se sienta tentado, por dificultades económicas coyunturales, por un simple problema de flujo de caja, a liquidar el capital accionario de PDVSA y con ello, a desistir del control venezolano sobre su petróleo, es que creemos indispensable el establecimiento de obstáculos constitucionales que alejen esas tentaciones.

Ahora bien, el otorgarle rango constitucional a la propiedad estatal sobre la empresa a la cual se reservan las operaciones petroleras, no representa ningún obstáculo para que esa misma empresa sea dotada de la autonomía, flexibilidad y capacidad de negociación suficientes para realizar sin complejos todo tipo de negociaciones con el capital privado y se comporte como una empresa moderna y competitiva.

Sólo una visión acomplejada y fatalista, desconocedora de experiencias históricas de empresas petroleras estatales exitosas, como las de Noruega y Gran Bretaña, puede atribuir a priori a nuestra empresa estatal todas las perversidades del estatismo burocrático.

Desde luego, y como suele suceder, los argumentos contra la referida previsión constitucional no son el producto de visiones acomplejadas, surgen mas bien de visiones interesadas, minuciosamente construidas, alimentadas y convertidas en matrices de opinión que se instalan en las mentes de los sectores "modernos y globalizados" de nuestra sociedad.

Ahora bien, la existencia de sectores particulares, nacionales y extranjeros, con intereses y apetencias sobre la actividad petrolera, no es algo necesariamente malo ni ilegítimo, el problema se plantea cuando esos intereses entran en contradicción con los intereses permanentes de la Nación venezolana actual y los de sus descendientes. Este es precisamente el caso en cuanto a la propiedad de las acciones de PDVSA.

jueves, 28 de octubre de 1999

Alcance y significación del carácter estatal de PDVSA y su nuevo rango constitucional

La reserva constitucional al Estado de la propiedad exclusiva sobre la totalidad de las acciones de PDVSA ha sido recibida como una gran derrota por parte de las fuerzas interesadas en el jugoso negocio que ya tenían asegurado, de haber continuado la gestión petrolera del combo Giusti-Arrieta-Quirós o una parecida. Como dice Veneconomía en su edición semanal correspondiente al 10 de noviembre pasado, "El sector privado plenó los diferentes medios de comunicación para expresar su rechazo a tal decisión".

Nada más obvio, cuando ya esos medios habían silenciado, por dos meses el hecho de que esa propuesta existiera, y ello obligó a FUNDAPATRIA a publicar un comunicado pagado anunciando al país que esa medida había sido aprobada por la Comisión de lo Económico y Social de la Asamblea Nacional Constituyente.

Claro, confiaban en el ejercicio de sus silentes mecanismos de presión, para torcerle en privado, a la sombra del "bajo perfil", el brazo a la ANC.

Ahora, como la estrategia les fracasó, se desgañitan en protestas y en interpretaciones trucadas de las implicaciones de la norma constitucional aprobada.

Por lo demás, se han presentado de cuerpo entero los sectores y personalidades que, agazapados, han estado trabajando por la privatización de PDVSA, aunque digan que sólo se trate de prevenir "rigideces" en el futuro.

En primer lugar es necesario aclarar que en ningún caso la propiedad exclusiva de las acciones implica la imposibilidad de contratar o convenir con empresas privadas del sector, nacionales o extranjeras. Esto hay que puntualizarlo, porque las falacias voceadas este sentido pretenden demostrar que ahora PDVSA no podrá realizar contratos operativos o realizar operaciones de "outsourcing" sobre actividades no medulares.

Se trata simplemente de satanizar la norma constitucional y de dar por sentado que la estupidez burocrática es consustancial con la propiedad estatal.

La realidad es que PDVSA, en tanto que empresa a la cual su propietario estatal tuvo que darle la forma de sociedad anónima (i), puede realizar toda clase de operaciones mercantiles, mientras ellas no involucren enajenación del capital accionario de la empresa. Es decir, que no puede comprometer la integridad de la empresa, ni comprometer su patrimonio como garantía en operaciones financieras o contratos de cualquier índole con terceros.

Pero ello no quiere decir que no pueda, por ejemplo, enajenar activos cuya prescindencia no dañe el normal desenvolvimiento de las actividades reservadas al Estado, o contratar servicios externos para la operación de alguna de sus instalaciones y equipos, cuando así se considere conveniente.

Más aún, si la propia Constitución la autoriza a realizar Convenios de Asociación, aún con la previsión de que Estado deberá detentar el control, automáticamente la está autorizando a participar en la propiedad sobre los activos de esa Asociación, compartida con las empresas privadas participantes.

La intención del constituyente es una sola: mantener bajo el control del Estado, como ejecutor y garante de la propiedad colectiva de los venezolanos, el poder de decisión sobre esa industria fundamental. Para que eso se cumpla a plenitud, es absolutamente necesario impedir la cesión, por mínima que ella pretenda ser, de porciones de la propiedad y el control sobre el ente estatal bajo cuya responsabilidad se ha colocado la administración física de los recursos y las operaciones de producción que habrán de realizarse, en función de las políticas que determinen los poderes públicos.

Esa propiedad absoluta es la que permitirá a la Nación venezolana tener una voz propia, clara y distinta en el mercado petrolero, no sólo como propietaria de sus inmensos yacimientos, sino como soberana en las principales decisiones para su disposición, manufactura y comercialización.

No se trata de cerrar las puertas a los capitales privados nacionales y extranjeros en esas actividades. Quienes conocen el negocio petrolero saben que aún con el control estatal exclusivo sobre PDVSA existen muchas vías para la participación de esos capitales en los negocios que se generan a partir de la producción petrolera venezolana. Es más aún, existen múltiples ventajas, que son las que han atraído permanentemente al capital petrolero internacional hacia nuestro país y que lo seguirán atrayendo.

De lo que se trata es de una negociación dura, con los capitales internacionales más avezados, acostumbrados a imponer ruinosas condiciones a quienes no estén preparados para hacerse respetar. Venezuela tiene en sus manos un poderoso instrumento de negociación y no puede renunciar a él. Por el contrario, debe utilizarlo, debe hacer valer su poder y sus condiciones inmejorables como suministrador seguro, políticamente estable y cercano al principal mercado mundial.

Es claro que una de las maneras de negociar preferidas por el poder petrolero es la del chantaje y el soborno, la de: amenazar con bloqueos, boicots y restricciones y la de comprar "lobbystas" y fabricar solidaridades automáticas. Para ello cuentan con inmensos recursos y el poder suficiente como para lograr coros de aparente unanimidad en los medios de comunicación.

Pero Venezuela cuenta con suficientes recursos para enfrentar esa "!negociación dura". A las mencionadas ventajas estratégicas de nuestro petróleo y al control estatal sobre PDVSA, hay que agregar la pertenencia a la OPEP y la posibilidad de hacer un frente común con los principales exportadores para evitar posibles boicots de los consumidores.

Una negociación dura fue la "disuasión nuclear" de los tiempos de la guerra fría, cuando la mutua destrucción que aseguraban los inmensos arsenales nucleares de que disponían los contrincantes impedía que alguno de ellos pensase en la posibilidad de "ganar" una guerra nuclear. Aunque en verdad ese escenario de confrontación no está planteado hoy en día en Venezuela, y las campañas alarmistas de los corifeos de la privatización no son otra cosa que "bluff" de fulleros, es necesario estar preparado para algún tipo de negociación dura.

Claro que hay diversas maneras de estar preparados para una confrontación o para evitarla, y por ello, mientras algunos piensan que hay que tener los pantalones bien puestos, otros están dispuestos a aflojárselos.

En verdad, de lo que se trata es de una cuestión de intereses. De un conflicto de intereses. En primer lugar, para nosotros, está el interés colectivo de los venezolanos. De todos y cada uno de los venezolanos. Luego está el interés de sectores importantes de la sociedad venezolana, respetables y valederos dentro de una sociedad capitalista, donde cada cual busca legítimamente un beneficio particular, pero dentro de los límites que establece la sociedad nacional, es decir, siempre y cuando ese interés privado no choque con el interés colectivo. Si se tienen claros esos límites, siempre será posible una actividad lucrativa privada en cualquier actividad sin afectar el interés colectivo sino, por el contrario, contribuyendo a su salvaguarda. El conflicto de intereses se presenta de manera muy aguda en este caso, cuando es estimulado por la intervención de intereses foráneos claramente antagónicos a los nacionales en lo que respecta al control del negocio petrolero venezolano y de los grandes beneficios que genera: el capital petrolero internacional.

miércoles, 10 de noviembre de 1999

---------------

(¡) El gobierno se vio obligado a ello por la presión que ejercieron los hombres que irían a ocupar los niveles gerenciales y altos cargos técnicos en la empresa nacionalizadas, quienes amenazaron, a través de la asociación que los agrupaba, AGROPET, con decretar una estampida, una verdadera "fuga de cerebros", si no se les garantizaban los niveles de sueldos de los cuales disfrutaban en las empresas concesionarias extranjeras. La figura de sociedad anónima, del dominio del derecho privado, era la única que permitía eludir las normas de la administración centralizada, que establecían como tope de los sueldos en el sector público el asignado al Presidente de la República, cuyo monto era unas diez veces inferior al devengado por los máximos niveles de la gerencia petrolera de entonces.

¡Alerta! Los privatizadores petroleros no se han rendido

El quincenario FUNDAPATRIA acaba de cumplir 3 años, y junto con él, "ABC Petrolero", columna de divulgación y debate petrolero que suscribo en ese medio y de la cual se nutren estos "Apuntes para una discusión" que publica Anexo I. Durante ese lapso he acompañado a FUNDAPATRIA en un intenso combate por la defensa del principal patrimonio colectivo de los venezolanos del presente y del futuro: sus recursos de hidrocarburos.

A pesar de haber sido derrotados muchas veces, de haber sido silenciados y vetados en los grandes medios de comunicación, remontamos la "moderna" matriz de opinión, que se instauró en el inconsciente de los venezolanos, según la cual era urgente la privatización de PDVSA para propiciar la expansión ilimitada del negocio petrolero y lograr por esa vía el luminoso desarrollo de Venezuela. Combatimos las políticas expansivas y las trampas a la OPEP. Resistimos las difamaciones que nos presentaban como "tontos útiles" y agentes al servicio de los gobiernos árabes y por el otro lado, contradictoriamente, nos presentaban como unos ignorantes, fundamentalistas y atrasados dinosaurios patrioteros.

Hoy, el balance es positivo. Como he dicho en anteriores oportunidades, incluido "Apunte" de la quincena pasada, hoy PDVSA sigue siendo de todos y cada uno de los venezolanos, la OPEP ha demostrado una vez más su vigencia y el precio del petróleo más que triplica los niveles de febrero de este mismo año.

Pero además, concluido el debate constituyente -en el cual participé como asesor de la Comisión de lo Económico y Social y, especialmente, apoyando el arduo trabajo de los constituyentes Luis Vallenilla y Gastón Parra Luzardo- puedo decir que una parte sustancial de ese balance positivo lo representan los artículos del Proyecto de Constitución donde se ratifican la propiedad inalienable e imprescriptible de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos (Art. N° 12), la reserva al Estado de la actividad petrolera (Art. N° 302) y la propiedad estatal de la totalidad de las acciones de PDVSA (Art. N° 303). [Ver Recuadro]

No fue una batalla fácil, ni tampoco ganada en toda la línea. Las fuerzas de la privatización y la integración sin condiciones a los mercados globalizados ejercieron toda clase de presiones sobre la Asamblea Nacional Constituyente y, con los buenos oficios de algunos "constituyentes sensatos y modernos" lograron insertar, en los dos últimos artículos mencionados, algunos párrafos -denominados "coletillas" en la jerga legislativa- atenuantes de la disposición fundamental, con los cuales buscarán, en el futuro inmediato y en un contexto más favorable a sus intereses, adulterar la voluntad del constituyente, convertir lo negro en blanco e imponer su antinacional voluntad privatizadora.

Por eso, es necesario no dormirse en los laureles y mantenerse alerta, porque se trata de un combate sin fin. Y por eso mismo creo pertinente traer a colación lo dicho en una edición anterior de esta columna, (ABC Petrolero N° 66), cuando hacía referencia a los logros de FUNDAPATRIA frente al gobierno anterior, a propósito del inicio del debate constituyente:

"Responsablemente, sin embargo, debemos reconocer que no hemos ganando la guerra. Que a pesar del gigantesco logro de haber impedido que la administracion Caldera-Giusti-Arrieta concluyera sus planes privatizadores, las fuerzas e intereses que mueven esos planes siguen vivos y actuando en nuestra esfera pública, planteando nuevas batallas, mejorando sus armas, afinando sus estrategias.

En razón de ello, los sectores e individualidades que se consideran identificados con la defensa del patrimonio nacional deben, también, preparar sus armas." (Miércoles, 11 de agosto de 1999).

Apenas tres meses después de haber escrito lo anterior debemos ratificarlo. No basta el texto de los artículos constitucionales citados porque, como ya dije, en ellos ha quedado inserto el virus que posibilita su propia destrucción. Así lo perciben y anuncian con aires de triunfalismo los más perspicaces e insistentes voceros de la privatización, quienes adaptan sus propuestas al ritmo de los acontecimientos y nunca se dan por vencidos, porque se trata de la defensa de unos intereses muy jugosos y particulares.

Veamos algunos ejemplos.

Alberto Quirós Corradi, en su columna dominical de El Nacional, el 24 de octubre pasado, proponía la realización de un referendum, "que le pregunte al pueblo si quiere que el subsuelo y Pdvsa sean del Estado, o si prefieren ser los dueños directos de esos bienes, bajo un sistema de administración que les conceda acceso directo a parte de los beneficios que generan, y una voz en la forma de gerenciar el negocio petrolero". Muy precavidamente, concluía afirmando que "Si el referendum favorece al estatismo será porque todavía no estamos listos para entrar en la modernidad". Y precisamente, poco tiempo después, (El Nacional, domingo 14 de diciembre de 1999, "El cónclave del desvarío") cuando ya era evidente que se aprobarían las citadas disposiciones constitucionales de reserva al Estado y adoptando la típica actitud de decir que las uvas estaban verdes, sostiene que, aunque "esa pudiera ser una posibilidad a largo plazo, no la promuevo ahora".

Pero lo más importante de todo es que en ese artículo Quirós Corradi, haciendo gala de su muy reconocida experticia gerencial, delata la forma como, de todas maneras, podría ser utilizada la "coletilla" del Artículo 303 del Proyecto constitucional, según la cual se pueden vender filiales de PDVSA, para desnaturalizar el sentido inicial de la norma: transferir a esas filiales todos los activos de PDVSA y dejar a los venezolanos con una titularidad vacía. Veamos.

"Como no se podrán vender acciones de PDVSA… ¿Se podrán vender activos? (Eso permitiría descapitalizar totalmente a Pdvsa sin vender acciones).

¿Se podrán vender empresas propiedad de Pdvsa, como Citgo y Veba-Oel? (Otra descapitalización).

¿Se podrán crear filiales del tipo de las antiguas Maraven, Lagoven y Corpoven y venderlas después? (sin vender acciones de PDVSA).

Como se podrá apreciar, ese afán de "blindar" algo, lo que hace es abrir mas huecos de los que tapa."

Por su parte Francisco Monaldi, el ideólogo de la más antipática propuesta privatizadora que conozco, aquélla que postula el reparto de las acciones de PDVSA entre los venezolanos mayores de 18 años, es decir, entre menos de la tercera parte de la población actual, desheredando a las otras dos terceras partes y, desde luego, a los cientos de millones de venezolanos que nacerán en el futuro previsible de existencia del petróleo en nuestro subsuelo, anuncia triunfalmente que lo que se omitió en el texto del proyecto constitucional fue precisamente la propuesta radical de FUNDAPATRIA en materia petrolera y que, por ello, ahora están dadas las condiciones para "transformar a los ciudadanos en socios-propietarios de su principal negocio" ("¿Por qué Chávez se la juega con Pdvsa?", El Nacional, 28-11-99, pág. E-9).

Pues bien, si ellos no se cansan de postular sus posiciones privatizadoras, nosotros tampoco debemos cansarnos de defender la propiedad colectiva sobre un bien cuya duración trasciende la vida de varias generaciones de venezolanos y sobre el cual esta generación sólo puede ejercer un derecho de usufructo parcial y tiene el inmenso deber de garantizar el mantenimiento en óptimas condiciones de la industria, con una producción eficiente y racional que no violente -como se hizo entre 1997 y 1998- los óptimos y máximos técnicos y que, por el contrario, preserve, para el disfrute de nuestros descendientes, la larga vida de los inmensos yacimientos, muchos de los cuales todavía no son explotables.

En verdad que todas las propuestas antinacionales de enajenación de ese patrimonio son posibles porque así lo permiten las rendijas que han quedado en las normas constitucionales mencionadas, pero para poder llevarlo a cabo tendrán que enfrentar a una colectividad mucho más consciente de sus derechos. El fomento de esa conciencia dependerá precisamente de todos aquellos que, como FUNDAPATRIA, comprenden que un reparto de las acciones de PDVSA, así sea en la más atractiva de las versiones, concluirá inevitablemente en el despojo de los venezolanos por parte del gran capital transnacional. En esa tarea estamos comprometidos.

jueves, 02 de diciembre de 1999

La insistencia expansionista y privatizadora: ¿Intoxicación teórica o voluntaria ceguera?

Una de las argucias que se han convertido en moneda de curso legal entre algunos de nuestros analistas petroleros es aquélla de calificar como "rentista y estatista" a la política petrolera tradicional venezolana de defensa de los precios y aumento de la participación fiscal. Esta política, que fue abandonada con resultados desastrosos en el quinquenio pasado y viene siendo rescatada desde el inicio de este gobierno, logrando la triplicación de los precios petroleros vigentes en febrero pasado, cobra nuevos bríos ahora, cuando se le ha otorgado rango constitucional al tradicional derecho soberano de la Nación sobre el subsuelo y los "bitúmenes y jugos de la tierra", establecido por ley (Real Cédula) desde la constitución de la Capitanía General de Venezuela.

La referencia histórica no es ociosa. Intento poner de bulto el reduccionismo de quienes pretenden que postular la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos de hidrocarburos y su industria es una actitud política derivada de la persistencia en un enfoque teórico recientemente desfasado: estatista, paternalista, benefactor de los desposeídos, asistencialista, redistribuidor de los ingresos, promotor de la justicia social y no del desarrollo, originado por una mezcla indigesta de cepalismo, marxismo, keynesianismo y cuanta cosa "pasada de moda" se pueda uno imaginar.

Así, utilizando la transmisión al pasado de la ideología contemporánea que utilizan los autores de las comiquitas norteamericanas "Trucutú" y "Los Picapiedras", podríamos pensar que de alguna de esa desviaciones teóricas, características del siglo XX, ha debido sufrir el Rey Carlos III de España en 1783, cuando aplicó a la Capitanía General de Venezuela las normas del Fuero Viejo de Castilla en materia de minería y con ello, en su condición de soberano absoluto de las colonias americanas, se reservó para sí el usufructo privilegiado de las riquezas de esos subsuelos.

Todo esto viene a cuento, porque de lo que se trata en esta discusión es de una cuestión de ejercicio de la soberanía, no carente, desde luego, de intencionalidad ideológica, pero que no puede identificarse, como se pretende, con determinadas concepciones políticas venidas a menos en este último cuarto del siglo veinte. Por el contrario, sea cual sea nuestra posición en materia de política económica o nuestra condición social -Rey absolutista, empresario multinacional, economista neoliberal, obrero petrolero o recogelatas- todos tenemos posiciones, ambiciones y aspiraciones sobre la propiedad y usufructo de un bien que, por su magnitud y su perdurabilidad, algunos creemos que sólo debe ser aprovechado colectivamente y en el transcurso de varias generaciones.

En este debate, que ya lleva varios años, los partidarios de la privatización petrolera han venido utilizando regularmente un recurso argumental muy manido pero efectivo: poner al adversario a sostener estupideces para luego rebatirlo a placer. Atribuirle al contrario toda clase de dogmatismos y fundamentalismos para hacer gala de moderna racionalidad. Si además, se hace mención de estar utilizando los postulados de alguna novedosa escuela de pensamiento, se habrá demostrado que quien habla es un actualizado ser que utiliza los últimos adelantos de la ciencia para enfrentar a hordas de fanáticos ignaros.

Tal es el caso del Dr. Luis Carlos Palacios en su artículo "El contenido económico del proyecto de Constitución", aparecido en la edición correspondiente a la primera semana de diciembre de Venezuela Analítica y cuyas apreciaciones fueron reproducidas editorialmente por el diario El Mundo pocos días después. El Dr. Palacios, apelando a los preceptos de la "nueva economía institucional", critica al proyecto constitucional por ser "rentista y estatista". Al hacerlo, identifica al "esquema rentista" como aquél que sostiene "que la explotación de los recursos petroleros naturales … debe ser reservada al Estado … o regulada de manera tal, que buena parte de los ingresos que se derivan de esta actividad se trasvasen al colectivo social a través del Estado". (Lugar citado)

Ante esta formulación, mi única observación se refiere al calificativo de "esquema rentista", endilgado a lo que, como ya dije, es simplemente un problema de soberanía, de propiedad sobre un bien que hasta ahora es inconmensurable. Por el contrario, la presunción de una voluntad redistributiva en la reivindicación de la reserva al Estado del control y administración de esos recursos es correcta, en tanto que quienes sostenemos esa posición consideramos que se trata de una propiedad colectiva y que su usufructo debe tener también esa característica colectiva, pero no lo hacemos por irracional romanticismo justiciero y socialistoide, sino por una cuestión de derechos ancestrales que hasta nuestros días han sido convertidos en letra muerta.

Aunque parezca lo contrario, lo que yo estoy reivindicando es mi derecho particular, privado, pero compartido con otros 23 millones de venezolanos, de tener acceso al disfrute de una riqueza descomunal y, más allá, garantizarle a mis descendientes de las próximas y lejanas generaciones una herencia también colectiva. Creo que el único medio efectivo que tengo yo -hijo de obrero ascendido socialmente por virtud de la renta petrolera a la condición de profesor de una mendicante universidad estatal- para garantizar esas aspiraciones privadas e individuales, es manteniendo semejante riqueza bajo el control de un administrador colectivo: el Estado.

No se trata de que el Estado bondadoso me esté "trasvasando" algo, a manera de la beneficencia pública. Se trata de mis legítimos derechos como venezolano, como titular de un respetable acervo patrimonial. Y lo que defiendo es mi derecho a no ser despojado de mi propiedad y a que no se desherede a mis descendientes.

Desde luego, hay algunos venezolanos, miembros de la élite que durante ocho décadas estableció, consolidó y usufructuó el viejo modelo parasitario-clientelal de reparto de la renta petrolera, quienes, en consecuencia, poseen mayores y mejores medios que el 90 por ciento de sus coterráneos y quienes, por ende, podrían aplicar con ventaja el dicho –común entre los que alguna vez disfrutáramos del plebeyo placer de sorber cucuruchos de harina de maíz Cariaco tostado- según el cual, "el que tiene más saliva traga más harina".

Esos venezolanos no están preocupados por el escenario privatizador, por el contrario, lo promueven: competitivos al fin y al cabo, sueñan con que, a diferencia de los habitantes de Carapita o Barrio a Juro, ellos sobrevivirán indemnes, y aún más opulentos, a la masiva adquisición de acciones de PDVSA a precios de gallina flaca que será organizada por sus fraternales socios del capital petrolero internacional después del cándido y equitativo reparto inicial. [Valga una digresión para decir que cada quien es libre de soñar lo que le dé la gana, pero en mi opinión, estos "venezolanos competitivos" saldrán tan chasqueados como todo aquél que hace pactos con el diablo]

Ahora bien, hasta aquí podría considerarse que la discusión versa sobre una diferencia de enfoques, producto de posiciones ideológicas y sociales divergentes. Pero hete aquí que aparece en el artículo comentado la apelación al recurso de atribuir sandeces al adversario:

"Esta fuente de recursos sería capaz de financiar en forma amplia tanto servicios como gastos para dinamizar la economía: gasto corriente o transferencias (amplias y relativamente indiscriminadas), servicios sociales subsidiados, apoyo a otras actividades productivas y gasto fiscal de inversión. La idea central es que la actividad que genera este ingreso excepcional no debe quedar bajo la égida del sector privado y que el Estado debe y puede funcionar como un benefactor honesto, eficiente y benevolente." (L.C. Palacios, lugar citado)

Tales afirmaciones, llevadas a los límites del absurdo, no son sostenidas por ningún agente o factor político actuante en la Venezuela contemporánea, pero son bien útiles para redondear la posición del Dr. Palacios, quien de seguidas procede a demostrar lo obvio: que los futuros recursos generados por la industria petrolera no alcanzarán para cubrir semejante gula redistributiva. De hecho, y cuando ya estábamos concluyendo estas líneas, aparece en Venezuela Analítica de la tercera semana de diciembre la referencia a la existencia en "Analítica Research" de un nuevo trabajo del Dr. Palacios, preñado de estadísticas y escenarios: "El aumento de los ingresos petroleros puede no ser suficiente para superar la crisis". La gran pregunta es ¿quien sostiene lo contrario?

A mi manera de ver, tal descubrimiento del agua tibia es el resultado de no haber tomado en cuenta lo que al respecto ya había sido expuesto por Juan Pablo Pérez Alfonzo en un año tan lejano como 1971, cuando alertaba sobre la tendencia declinante de la participación fiscal petrolera y la incapacidad de tales ingresos para reproducirse: "la imposible siembra". Ello quedó documentado en varios de sus trabajos posteriores:

"Actualización de hechos y cifras muy trajinados pero frecuentemente olvidados. II.- Venezuela: la siembra imposible" Prensa Petrolera, Documentos No. 3, Caracas Diciembre de 1974. Recopilado en Hundiéndonos en el excremento del diablo, Editorial Lisbona, Caracas, 1977. Págs. 203-242.

"Peligros del petróleo, el efecto Venezuela", Le Monde, 31 de octubre de 1975. Recopilado en Hundiéndonos en el excremento del diablo, Editorial Lisbona, Caracas, 1977. Págs. 19-31.

"Venezuela se acerca a la debacle" Caracas 1978. Recopilado en Petróleo y Ecodesarrollo de Venezuela. Dorothea Metzger, compiladora. Coedición ILDIS – Editorial del Ateneo de Caracas, Caracas 1981. Pags. 85-179.

Años después, ya en los 80 y con la industria petrolera nacionalizada, algunos de los discípulos de J.P. Pérez Alfonzo, con Francisco Mieres como mentor principal, identificábamos el problema en cuestión como "una tendencia estructural a la declinación de la capacidad generadora de excedentes de la producción petrolera".

Por sostener tal caracterización y advertir de sus consecuencias, algunos fueron catalogados por el entonces Presidente de la República, Luis Herrera Campíns, como profetas del desastre… hasta que sucedió el viernes negro venezolano de febrero de 1983…

Debo decir, finalmente, que la técnica del boxeo de sombras contra escenarios absurdos es una rutina argumental, muy propia del moderno expansionismo privatizador petrolero, a la cual he denunciado en trabajos anteriores. De manera particular, en mi libro "El Poder Petrolero y la Economía Petrolera", (CDCH-UCV, Caracas 1995), hice referencia a soliloquios similares contenidos en las "Guías Corporativas 1993-1998" de PDVSA, material confidencial que pretendía sustentar teóricamente los faraónicos planes de expansión de la producción petrolera propuestos y adelantados ruinosamente por esa corporación para el quinquenio mencionado. Veamos:

"El [escenario, n.n.] primero, al cual llamaremos PRODUCTOR, supondrá que se dan las condiciones políticas y fiscales para la expansión de la Industria en función de nuestra base de recursos de hidrocarburos. En contraposición, un segundo escenario al cual llamaremos RENTISTA, supone que dichas condiciones dan pie a un nivel de desarrollo de la Industria que estaría por debajo del potencial que brinda la base de recursos existente…"

"…en el escenario PRODUCTOR, el desarrollo del sector petrolero permitiría realizar la transición de una economía petrolera rentista hacia una economía menos petrolera y definitivamente no rentista, donde el petróleo apuntalaría el desarrollo de otros sectores económicos…"

"El escenario RENTISTA, por su parte, representa otro extremo, la ausencia de acción, la simple explotación de la base actual de recursos con su agotamiento paulatino. La consecuencia sería la prolongación, por quince años más, de un cuadro de crisis y estancamiento." (Guías Corporativas citadas)

Huelga decir que los autores de ambos escenarios los adoban convenientemente y el resultado es siempre el esperado por ellos. No importa que, por ejemplo, no existan los sostenedores del escenario rentista ni se puedan identificar sus supuestos en ningún escrito o discurso público o privado... lo que importa es que el escenario que yo defiendo siempre gana. Pero cuando un tercero hace ejercicios imparciales con tales escenarios aparecen sorprendentes contradicciones…"

(Mendoza P., lugar citado).

Hoy en día, vistos los catastróficos y lamentables resultados del expansionismo petrolero, que en esas "Guías Corporativas 1993-1998" defendía el Economista Jefe de PDVSA, Ingeniero Ramón Espinasa, no es necesario hacer "ejercicios imparciales", basta simplemente con constatar la realidad de los años 1997-1998 y su espectacular reversión a partir de febrero de 1999. Lo lamentable a estas alturas es la persistencia en el error de algunos analistas… ¿Error? Nos remitimos al título que encabeza estas líneas.

FUNDAPATRIA, ABC Petrolero, lunes, 27 de diciembre de 1999

1

2C. Mendoza P., Nacionalismo Petrolero Venezolano en Cuatro Décadas, Págs. 415-423.

http://publicacionesbcv.alejandria.biz/cgi-win/be_alex.cgi?Documento=T210000170350/0&Nombrebd=BCV&CodAsocDoc=6185&DSalida=CRes&Sesion=1795489705&DSalida=CRes

C. Mendoza P.,"ABC Petrolero", FUNDAPATRIA, 27 de diciembre de 1999.

i

 



Esta nota ha sido leída aproximadamente 1273 veces.



Carlos Mendoza Potellá

Economista. Investigador Petrolero. Docente. Blog: http://petroleovenezolano.blogspot.com

 cmendop@gmail.com      @cmendop

Visite el perfil de Carlos Mendoza Potellá para ver el listado de todos sus artículos en Aporrea.


Noticias Recientes:



US mp N GA Y ab = '0' /energia/a280615.htmlCd0NV CAC = Y co = US p hace 3 = NO