En el año 2008, con los tres apagones nacionales que tuvimos, nadie señaló a la sequía como la responsable. En el fondo, el problema siempre fue la ley vigente, ya que impone el Libre Mercado como el modelo a seguir en la gestión del sistema eléctrico.
Ya a mediados de la década de los ochenta, había comenzado la liberación de los mercados eléctricos a nivel mundial. En Venezuela, en la década de los 90, durante el nefasto segundo gobierno de Rafael Caldera, junto al proceso de privatización de las empresas del Estado, se comienza a “diseñar” el Mercado Mayorista de Electricidad, pero al parecer, aquel gobierno no tuvo tiempo de sancionar la Ley que lo consagraría.
CADAFE, ya había sido divida en filiales, estaba lista para ser vendida por partes. Se privatizó la filial SENECA y la filial SEMDA estuvo a punto de ser vendida. Pero el Comandante Chávez gana las elecciones en 1998 y detiene ese proceso. Sin embargo, la Ley que Caldera no tuvo tiempo de aprobar, fue aprobada y publicada en Gaceta Oficial el día 21/09/1999 (antes que la Constitución vigente). Así comenzó la liberación del mercado eléctrico en Venezuela.
Según la Ley vigente, en el Mercado Eléctrico se desarrollan cuatro funciones: Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Una institución (pública o privada) no puede participar en más de una función y, además, dicha participación es limitada (se supone que así se evita el monopolio). Como el Estado tiene reservada la generación hidroeléctrica, es propietario de las líneas de transmisión y distribución y juega un papel regulador (todo esto es inevitable para el neoliberalismo, dada la forma en que está estructurado el sistema eléctrico), la generación termoeléctrica queda en manos de la empresa privada. Siendo así, resultaba contradictorio que el Estado estuviese construyendo las nuevas centrales de generación. Entonces, no es de extrañar el retraso en estos proyectos (retraso heredado del gobierno de Caldera). Pareciera que los proyectos del sector esperaban por la liberación del mercado para ejecutarse plenamente.
Lo anterior, es una hipótesis. Sin embargo, hay varios elementos que le dan validez. Por ejemplo, la participación de Ibedrola (empresa española que domina una porción importante de los mercados eléctricos de los países de la región) y otras trasnacionales, en la construcción de varios proyectos del sector eléctrico en el país. Por otra parte, desde que se sancionó la Ley de Servicio Eléctrico en 1999, no se detuvo el desarrollo de los instrumentos necesarios para consolidar el Mercado Mayorista de Electricidad. Así, en el año 2000, se sanciona el “Reglamento General de la Ley de Servicio Eléctrico”. En el año 2001, se le da rango de Ley Orgánica a la Ley de Servicio Eléctrico. Más tarde, en el año 2003, con sendas resoluciones ministeriales, se decretan el “Reglamento de Servicio” y las “Normas de Calidad de Servicio de Distribución de Electricidad”. Todavía era necesario constituir los entes operativos, así que se conforma una comisión en OPSIS para crear el Centro Nacional de Gestión (CNG) que es aprobado y decretado en Gaceta Oficial el 01/12/2006. Hasta este momento, el Mercado Mayorista de Electricidad iba viento en popa.
Llega febrero del año 2007 y se nacionaliza la CANTV, la EDC y la Faja Petrolífera del Orinoco. Luego, el 31/07/2007, con el decreto 5.330, se ordena la creación de CORPOELEC y con esto, la nacionalización de todas las empresas privadas que operaban en el sector.
Por fin, el proceso de privatización se había detenido, pero la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico seguía vigente. Entonces, comenzaron los apagones, el viento moldeó a su manera torres eléctricas del sistema de 800kV, aparecieron torres de 400 kV cortadas con oxicorte, explotaban transformadores de potencia; en fin, al sistema eléctrico le cayeron las siete plagas y, por si fuera poco, nos alcanzó la sequía.
De inmediato, los “expertos” vaticinaron el colapso eléctrico para el mes de abril 2010, lo que justificaba, según ellos, tomar cualquier tipo de medida. Entonces se ejecuta el “racionamiento loco”, que no duró más de 24 horas. En ese momento, algo nos llamó poderosamente la atención: La sequía fue más severa en el año 2003 y nadie, fuera del sector eléctrico, se enteró. Nos movilizamos para explicar nuestra visión con respecto a las medidas que se estaban tomando. Sentimos que, de alguna manera, el mensaje llegó. Pero hasta ahora, el asunto de la ley no se abordaba suficientemente.
En los mercados liberados, el dinero deja de ser un instrumento de cambio y se convierte en el objeto del cambio. Luego, los precios no se establecen según la oferta y demanda de bienes y servicios, sino por el movimiento del capital en el mercado. Esto es fácilmente controlable por la banca privada. No es casual que los servicios públicos y la banca de varios países de la región son controlados, en buena medida, por grupos trasnacionales.
No podemos permitir que ninguna de nuestras leyes, avale el funcionamiento de estos mecanismos en nuestro país. En el sector eléctrico, necesitamos una ley que este acorde con las políticas energéticas del Estado, que este acorde con las políticas en materia de servicios públicos. Una ley factible, es decir, que sea aplicable a nuestra infraestructura energética. Una ley que abra la participación de los usuarios en la gestión del sector y en el establecimiento de la tarifa eléctrica. Una ley que no sólo garantice la transferencia tecnológica, sino que también garantice la creación de conocimiento propio. Necesitamos una ley que diversifique nuestra matriz energética. Necesitamos una ley que nos permita superar los desafíos que tenemos en el sector (ver http://www.aporrea.org/energia/a89021.html). Necesitamos una ley socialista.
Continuemos en el debate.
(*) Ing.
