También en 1979, y en el mismo diario, El Tiempo de Pto. La Cruz, escribimos el artículo que sigue, titulado "Contrato para los educadores". En él, nos opusimos como también lo hizo Arsitóbulo, a nivel nacional, se nos remitiese a una "Ley de Sueldos y Salarios". En el mismo están expuestos los motivos de nuestra posición, que ahora, cuarenta años después, sigue siendo la misma, y lo es, porque pese a que algún soñador crea que el Estado, las bases estructurales, la distribución de la riqueza y la forma de hacerla, han cambiado, todo eso sigue siendo igual. Hoy, en buena medida, por las razones que sean, el trabajador de la enseñanza y específicamente el docente, está más desasistido que antes. Ni siquiera el IPAS.ME, está en capacidad de atender su salud como en los tiempos de cuando se escribió el artículo que comentamos y reponemos.

Constate el lector, como entonces luchamos hasta lograrlo por un contrato donde el asunto relacionado con el salario, no nos lo impusiese el patrón por distintos motivos. Incluso, en aquella oportunidad rechazamos la llamada "escala móvil de salarios", porque está restaría poder y pertinencia a la lucha de los trabajadores, que lo es también por el cambio y la justicia social y reducía aquello a un simple trámite burocrático. Por esto mismo, y a través de estos medios, he advertido varias veces a los trabajadores de la peligrosidad y negatividad que envuelve sea el presidente quien decida sobre nuestro salario, pues es casi lo mismo que aquello contra lo que luchamos en 1979, una Ley, que otorgaría al presidente de entonces, manejador del presupuesto nacional, el derecho a decidir por nuestro salario. Y esto, ha venido sucediendo de hecho, desde que Maduro es presidente con el aval y aplauso de la dirigencia sindical; clase, cónclave o coyunda que optó por entregar sus derechos a quien, parezca injusto, indelicado o no, en realidad es nuestro patrón y defensor de los intereses del Estado. Y éste, pese uno sueñe y desee otra cosa, sigue siendo el mismo.

Quienes gobiernan cometen un grave error, advertido por abundante literatura, según el cual, las vanguardias, apropiándose del Estado, creen sentirse competentes para decidir por el pueblo y los trabajadores todos; como si fuesen portadores de una especie de compendio inalterable o enviados del más allá "con la buena nueva". Una cosa es el momento, escuchar los clamores y otras son los detalles y procedimientos.

Leamos pues ese trabajo de 1979 que contiene lo mismo que defendió entonces Aristóbulo Istúriz.

Contrato para los educadores

Eligio Damas

El Tiempo

Pto. La Cruz, miércoles, 14-11-79

El Ministro de Educación, licenciado Rafael Fernández Heres, ha desatado una campaña, que en principio le ha resultado ventajosa, destinada a presentar como insensata la postura gremial de no aceptar la LEY DE SUELDOS Y SALARIOS como alternativa para regular las relaciones entre los educadores y el Ministerio.

Procede el rechazo por parte de los trabajadores de la educación a la propuesta ministerial por varias razones. En primer término, porque los educadores no estamos luchando sólo por un aumento salarial, por demás justo, sino por la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo. Quien contrata con su patrón adquiere el derecho de discutir y acordar con este las condiciones del trabajo y el valor del mismo. No podemos admitir que sea una Ley, en cuya elaboración no participamos los trabajadores de la enseñanza, la que determine el monto de nuestro salario y porque ella ignora el resto de nuestras propuestas. Aceptar tal solución implica invalidar nuestro derecho a contratar, lo cual significaría retroceder hasta antes de 1969. Significa restarle legalidad al conjunto de cláusulas contenidas en el proyecto de Contrato dirigidas a resolver problemas fundamentales de la educación y de los educandos.

Por otra parte, es incierta la especulación ministerial, según la cual los gremios docentes aspiran la firma de un contrato previo con el Ministerio de Educación para luego hacerse acreedores al beneficio que concederá la Ley de Sueldos y Salarios. Por eso hemos dicho que los educadores no tendrían ningún inconveniente en aceptar que en la propia Ley se introduzca un aparte que les excluya de los beneficios que ella otorgaría. De modo que los educadores quedemos sujetos solamente a los benefi cios derivados de la firma del contrato.

Rechazamos la tesis del oficialismo de esperar la aprobación de la Ley de Sueldos y Salarios para que, partiendo de ella, se asigne al magisterio los aumentos salariales que aquel está dispuesto a admitir. Tal rechazo obedece además a otras razones. El aumento salarial que se conceda a través de dicha Ley no tendría carácter retroactivo porque así lo dispone la Constitución Nacional. Esto determinaría que la aspiración del magisterio establecida en las anteriores Actas de Convenimiento y formulada en el actual proyecto de Contrato Colectivo, de hacerse acreedor a aumento salarial a partir del primero de abril, quedaría sin efecto.

Nuestra actitud se fundamenta además en que el propio gobierno ha amenazado con una demanda contra el proyecto de Ley de Sueldos y Salarios por considerarlo inconstitucional; considera que de acuerdo a nuestra Ley fundamental la prerrogativa de administrar la hacienda nacional es del Presidente de la República y no del Congreso. Por eso el oficialismo ha que los aumentos deben hacerse de manera unilateral por la vía de la decisión presidencial a través del presupuesto.

De insistir el gobierno en esa conducta y en el supuesto que resulte triunfante en su demanda, quedaríamos atados frente a la decisión presidencial.

Rechazamos la propuesta ministerial también porque los porcentajes de aumentos propuestos en el proyecto de Ley están muy por debajo del alza del costo de la vida y de las aspiraciones del magisterio. Es bueno tomar en cuenta que FEDECAMARAS y el gobierno nacional están tendiendo, con la ayuda de los notables del país, un cerco de fuego a la CTV y la están impulsando a conciliar para rebajar sus ya pálidas proposiciones.

Denunciamos el interés político del oficialismo de definir primero lo relativo a la Ley, pues piensa convertirla en un punto de referencia obligatorio en torno al salario para contrarrestar nuestra argumentación. Tenemos la seguridad de que el gobierno no escatimará esfuerzos para invertir millones de bolívares en propaganda para comparar nuestras peticiones por la vía del Contrato con lo establecido en la Ley y presentarnos ante el país como exagerados y como un grupo que aspira consideración especial.

La posición oficial estriba en negar la contratación para escamotear no sólo las reivindicaciones del educando y la escuela, sino las inherentes al sistema educativo todo.

Por su parte el gremio, por razones de clase y en aras del interés educativo, lanza la consigna de CONTRATO COLECTIVO. Esta consigna justifica la profundización de nuestras acciones.