Uno de los grandes males que azota a las economías del mundo, particularmente a las de América Latina y el Caribe, incluyendo a la economía de Venezuela, es la proliferación rampante de empresas pertenecientes a Empresarios mafiosos. Estos últimos se aprovechan de las vulnerabilidades de los sistemas jurídicos de los Estados, para apoderarse de los recursos de las naciones, con o sin la complicidad de los funcionarios públicos, y a través de mecanismos ilegales tales como el pago de soborno y la sobrefacturación.
El soborno tiene lugar cuando el empresario mafioso ofrece y paga una dádiva (dinero, regalos) a un funcionario público, con el propósito de salir favorecido en una licitación o en un contrato. Y la sobrefacturación se produce cuando el empresario corrupto, una vez contratado (legal o ilegalmente) por el Estado, presenta las facturas de un bien o de un servicio a un precio desproporcionadamente elevado, en comparación con el precio realmente pagado, todo ello con el objetivo de apropiarse de los recursos económicos públicos de manera fraudulenta.
Es importante destacar que estas prácticas, que dañan profundamente a las economías, y particularmente al tejido empresarial de un país, pueden ser ejecutadas tanto por empresas constituidas con larga trayectoria, como por las denominadas "empresas de maletín" o "empresas fantasmas", y por aquellas empresas que progresiva y sospechosamente van ampliando su objeto social (conjunto de actividades que va a desarrollar la empresa), con el fin de participar en todas las licitaciones realizadas por el Estado, independientemente del área económica.
Las empresas que teóricamente se dedican a un gran número de actividades económicas son, al igual que las "empresas fantasmas", una de las más nocivas para las economías nacionales. Estas empresas, cuya verdadera actividad es la de transformarse en una suerte de "máquinas captadoras de recursos públicos", ofrecen falsas garantías al Estado, ya que carecen de experticia y de conocimientos técnicos necesarios en las áreas económicas que dicen realizar. El riesgo que corre el Estado al contratar los servicios de estas "estructuras del crimen organizado" es muy elevado.
El enriquecimiento lícito requiere tiempo, constancia y dedicación. El enriquecimiento ilícito es, por el contrario, inmediato. La lógica económica indica que aquellos empresarios cuyas empresas han ido mostrando signo de crecimiento progresivo y sostenido en el tiempo incrementan, de manera exponencial y transparente, sus riquezas. En otras palabras, los únicos empresarios que se vuelven millonarios de la noche a la mañana son aquellos que ganan la lotería. Los demás lo han hecho a través de prácticas corruptas que iremos identificando en las próximas publicaciones dedicadas a los asuntos económicos.
Continuará…
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