El Derecho Económico en el marco de la guerra económica venezolana

La Venezuela de finales de 2018 se encuentra un tanto aquejada por los males infringidos desde el exterior. Estados Unidos, su antiguo aliado comercial y destino de la mayoría de sus exportaciones petroleras basadas en dólares, ha jurado acabar con la revolución bolivariana.

Ese Imperio del Norte ha desatado su furia contra el gobierno de Nicolás Maduro porque este no se ha rendido a sus pies. Ha decidido ser independiente de los intereses estadounidenses y porque al igual que Hugo Chávez Frías no les ha entregado el país a sus compañías transnacionales.

Es por eso las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de Donald Trump contra Venezuela, que buscan doblegar a su pueblo, para que se pongan en contra de Maduro y se genere una implosión social o un golpe de Estado.

Es cierto, los "gringos" han venido apretándonos el cuello por la vía económica. Han montado una conspiración que tiene sus tentáculos en Colombia y en los gremios empresariales opositores a lo interno del país, encabezados fundamentalmente por Fedecámaras, Consecomericio, Venamchamp, Fedenaga, Fedagro, Conindustria, Cavefar, y el consorcio Empresas Polar, entre otros.

Estos empresarios han impulsado una escalada especulativa en el mercado de bienes y servicios en aquellos sectores donde ellos son monopolios u oligopolios. Han manipulado los precios de una forma tan atroz, que han violado derechos económicos fundamentales de todos los venezolanos.

Las secuelas las padecemos todos días a través de la pérdida del poder adquisitivo, de nuestra calidad de vida, la quiebra de aparato productivo microempresarial, la salida masiva de personas al exterior, representando este cuadro sinóptico, prácticamente, un genocidio económico en nuestro país.

Al igual que lo ha planteado el experto independiente de la ONU, Alfred de Zayas, hemos visto como los enemigos externos de la revolución bolivariana han manipulado el tema de los Derechos Humanos para intervenir en Venezuela. Tanto las sanciones coercitivas unilaterales de Estados Unidos y sus aliados en Europa, como la manipulación de los precios inducidos por los empresarios a lo interno del país, han ocasionado devastadoras consecuencias económicas, que persiguen causar sufrimiento y muerte en la población civil, y eso hay que seguir denunciándolo. Porque insisten en mentir acusando al gobierno de Nicolás Maduro de ser quien le ha infringido daño a la población.

¡Son mentiras!, todo el planeta lo sabe, porque saben cómo actúa el Imperio del Norte. En nombre de los Derechos Humanos han bombardeado pueblos, han lanzado bombas atómicas, han destruidos países ricos en recursos naturales. He allí donde el pueblo debe estar consciente y alerta de no dejarse manipular por las miles de informaciones que circulan por las redes sociales sobre la supuesta crisis humanitaria existente en el país.

Reconocemos que Estados Unidos sí nos ha hecho daño, que los empresarios opositores también le han hecho mucho daño a la población, por medio de la escasez y la inflación inducida siguiendo las páginas web del dólar paralelo. También nos han afectado a través del ataque a la moneda venezolana, el contrabando de extracción y el bachaqueo corporativo, conculcándonos el disfrute pleno de los derechos económicos establecidos en la Constitución.

Todas estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de la Haya y consideramos que Estados Unidos debe pagar por los daños ocasionados a Venezuela, y debe responder por sus actos ante esa instancia garante de los Derechos Humanos planetarios.

Por su parte, en el plano de la justicia venezolana, creemos que ya es hora que el Ministerio Público inicie una investigación exhaustiva por los crímenes económicos cometidos por los gremios empresariales opositores y corporaciones como las Empresas Polar en los últimos dos años, que ha afectado a la población en general.

Han cometido crímenes graves, incluso, de trascendencia para la comunidad internacional, que consideramos no deben quedar sin castigo. En ese sentido, hay que acabar con la impunidad económica existente en la actualidad y adoptar medidas drásticas en coordinación con la población para asegurar que estos empresarios sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.

No obstante, si creemos, fielmente, que el Estado debe garantizar lo establecido en el artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: la plena libertad de las personas o empresas de ejecutar la actividad económica que desee. Pero esa libertad es un derecho limitado en atención a su función social.

Es decir, no es un derecho absoluto sino limitado, y es limitado por las Leyes, incluso por el Código de Comercio y el Penal vigente. Algo que los empresarios opositores han venido desconociendo con premeditación y alevosía de una forma abierta e irresponsable en los últimos tiempos, afectando el interés de la población en general.

Es por lo anterior, que rechazamos esa libertad burguesa de hacer lo que le venga en ganas en este país, y de conspirar abiertamente contra los planes, programas y políticas económicas que impulsa el gobierno revolucionario electo democráticamente como lo dicta la Constitución.

Y, en función de los intereses difusos y colectivos, exigimos que se detenga de una vez por todas, el avance de esos gremios empresariales y monopolios conspiradores, por medio del principio de intervención estatal en la aplicación de la justicia y el principio de no discriminación al aplicarles las leyes a la burguesía empresarial más poderosa del país como también lo mandan los artículos 113 y 114 constitucional.



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Andrés Giussepe

Doctor en Gerencia, Especialista en Política y Comercio Petrolero Internacional y Economista de la Universidad Central de Venezuela. Secretario Nacional del Movimiento Profesionales de Venezuela.

 agiussepe@gmail.com

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