Tierras para campesinos libres del terror

La tenencia de la tierra en Venezuela ha sido un problema heredado de la colonia que nunca fue resuelto. Las reformas agrarias implementadas, no sirvieron de aliciente para el campesino quien siempre mantuvo su esperanza en el otorgamiento de un pedazo de tierra para producir y subsistir.
 
 Los aventajados de estas reformas fueron siempre los latifundistas quienes se aprovecharon de  la pobreza en que vivían nuestros campesinos, pues los pocos lotes cedidos a ellos en los gobiernos de turno, no fueron seguidos de políticas crediticias, asistencia técnica, ni otorgamiento de herramientas apropiadas para iniciar la producción agrícola. Vender sus tierras para no morir de hambre determino la ruta del expansionismo agrario con características de exclusión social, que impulsaba con su llamada reforma agraria la cuarta república en Venezuela.
 
La producción agraria, en este sentido, se vio encubierta por formas explotación donde el campesino venezolano debía asumir un rol de peón agrícola y aparcero, más que dueño de su propia parcela de tierra, pues la tierra fue otorgada directa e indirectamente a grandes terrateniente aliados a la clase gobernante. Clase gobernante que incremento la brecha social entre ricos y pobres,  regalando las tierras que pertenecían al pueblo venezolano, a cambio de grandes sumas de dinero que daban  en apoyo para elegir diputados , gobernadores, alcaldes y hasta presidentes.
 
Miles de campesinos venezolanos han tenido que trabajar las haciendas de sus amos, quienes lucen orgullosamente títulos de propiedad  de tierras  que han sido usurpadas al Estado, muchos de esos títulos, carecen de legitimidad, pues muestran el robo notorio. La falsificación de documentos, el pillaje y la delincuencia encubierta en el agro venezolano, fue lo que nos dejó como legado el bipartidismo del pasado.
 
La nueva constitución venezolana nos habla de la democratización de la propiedad de la tierra,  la eliminación del latifundio, la expropiación de las tierras improductivas y del otorgamiento de tierras a campesinos, quienes permanecieron en la indolencia y se constituyeron a lo largo de su existencia en esclavos del patrono, pero también en constructores de sueños para mejorar la vida de sus familias.
 
Por primera vez en la historia de Venezuela, el campesino con apoyo gubernamental es propietario de su tierra, es orientado en su producción, es financiado y se le motiva a la formación de cooperativas y granjas colectivas donde el Estado podrá otorgar casa, salud y educación para que vivan en condiciones dignas y de respeto. Bajo estas condiciones, el campesino venezolano no podrá vender sus tierras al terrateniente por hambre, porque el Estado venezolano le proporciona mecanismos de apoyo para su bienestar.
 
La nueva ley de tierras en este sentido asegura la descomposición de la propiedad privada y el ascenso del trabajo en equipo, de servicio, con solidaridad y amor, donde el aporte de cada miembro es valioso, sin lucro, cuyos excedentes obtenidos se distribuyen en partes iguales.
 
Este aporte del Estado al campo venezolano con verdadera esencia democrática, instituidos en la Constitución de la Republica en sus artículos 119, 305 y 307, responde a los objetivos del gobierno nacional para alcanzar la justicia social , como lo es el de transformar las condiciones materiales y sociales de la mayoría de la población, separada y distanciada históricamente del acceso equitativo a la riqueza y al bienestar, y construir una nueva condición de ciudadanía, basada en el reconocimiento pleno y el ejercicio garantizado de los derechos.
 
La puesta en practica de la ley de tierras, ha reconquistado la vida del campesino, dándole luz y fortaleza para poner en ejecución sus sueños, no obstante los dueños del campo del pasado, terratenientes sin escrúpulos, vividores, conocedores al dedillo de la mentalidad del funcionario público y de los gobernantes, han emprendido un peligrosa disputa en contra de los derechos de los campesinos venezolanos.
 
Las protestas no se han hecho esperar desde el financiamiento y participación en el golpe de abril y la huelga petrolera hasta la muerte de nuestros amados  trabajadores del campo.
 
 Campesinos humildes excluidos de la riqueza de nuestra patria, trabajando como esclavos en sus propias tierras, tierras de todos los venezolanos, que ha estado bajo la tutela de estos hombres ricos que dicen ser sus dueños, son muertos sin piedad bajo la mirada de asombro del pueblo venezolano. Hombres sin corazón que hoy día apelan al contrato de delincuentes para callar la conciencia del campo, que emerge de las entrañas de la tierra, del corazón apretado que hoy suelta las amarras del ayer para gritar sin temor: Soy venezolano y tengo derechos.
 
El sicariato, la matanza utilizando crueles métodos en niños,  mujeres embarazadas, ancianos. La muerte de la familia campesina venezolana por hectáreas de tierra, por la realización de sus derechos, es un efecto de la democratización de la tierra. La muerte  subsidiada por los que se creen dueños del campo.
 
El Estado venezolano debe brindar protección a  sus campesinos. No tiene sentido conferir instrumentos para la recuperación de las tierras, cederlas con títulos de propiedad, fomentar la cooperación y organizar una nueva manera de vida, si no se es  vigilante ante la embestida criminal de los expropiados e intimidados en su concepción burguesa.
 
Tierras para campesinos muertos no es el propósito de esta ley hermosa que da a Venezuela el privilegio de ser un país  preocupado por la producción agraria y la eliminación de la pobreza en el campesinado. Tierras para campesinos muertos,  no es el canto de la libertad.
 
Tierras para campesinos libres, custodiados por un Estado que ama a su pueblo es lo que necesitan los hermanos venezolanos del campo.
 
Queremos que el Estado reprenda las acciones inhumanas de ciudadanos venezolanos y extranjeros, que se atreven a despreciar y acabar con la vida de la familia campesina. Queremos que el Estado no olvide los vínculos de los gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos con la oligarquía criolla.
 
Más allá de la conciliación en el campo, y el pago de indemnización por las muertes,  queremos justicia para nuestros campesinos y la aplicación de la ley para los cobardes asesinos, para los cómplices y feroces, aniquiladores de vidas.
 
Queremos que nuestro campo se vista de gloria con la ley de tierras en marcha que impulsa el gobierno nacional, para darle al campesino venezolano el respeto y el amor que merece, para darle a la tierra el abono y la semilla que llenara de plantaciones y frutos las tierras de Venezuela.
 
No permitamos en el campo venezolano, una batalla sin fin, con muertos y miles de desplazados. Tierras para campesinos libres del terror es lo que deseamos para nuestra patria. 
 


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Carmen Arelis Contreras M.


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