Barinas, 4 de abril 2016.- Según el Comité de Contraloría Judicial (CCSSJJ), existen asociaciones para delinquir en el sistema de justicia, que pueden estar incursas en el delito predeterminado en el artículo 198 del Código Penal. Entre estas acciones está la privación ilegítima de libertad, el fraude y el retardo procesal deliberado.
Carlos Paredes, coordinador general del Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial denuncia la privación ilegítima de libertad al presidente de esta organización, Yilbert Gómez, que lleva tiempo sin que se le garantice el debido proceso (VIDEO) Denuncian que luchador social Gilbert Gómez permanece
Paredes también afirma que él mismo fue víctima de violación de su derecho humano a la libertad, por razones que considera políticas y a capricho de intereses de sectores con poder económico y político, en un juicio injusto (con permanencia en prisión por tiempo superior a la que se le impuso).
Dice Paredes que no entiende cómo “con la más descarada flagrancia lo mantienen ilegalmente preso y por más que se denuncia nadie hace nada al respecto”. Pero igualmente afirma que “seguiremos firmes exigiendo nuestros derechos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”.
Este comité de contraloría social investigará cómo una juez de control asciende en menos de dos años a magistrada y presidenta del circuito judicial penal y tiene tanto poder para violar la Constitución Nacional al impedir la participación protagónica del pueblo y negarse a que se haga una contraloría social en los diferentes tribunales penales.
La actual presidenta del circuito –señala el CCSSJJ– es quien firmó la orden de allanamiento a la sede de organizaciones sociales legalmente constituidas de las que es público, notorio y comunicacional el trabajo social que realizaban, bajo la vocería de Carlos Paredes y Yilbert Gómez, en toda Barinas. Éstas estaban funcionando en el barrio El Cambio, al lado de la residencia del gobernador.
En los videos que siguen, Paredes explica situaciones de conflicto que se vienen dando con el sistema judicial que se niega a la contraloría social.