26 de junio de 2023.- En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas habló sobre la trama de corrupción detectada por la Policía Nacional Anticorrupción dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Recordó que la operación comenzó el 17 de marzo con la detención de 21 personas: 11 provenientes de la industria petrolera y 10 empresarios.

Explicó que el acto conclusivo del Ministerio Público (MP) respecto a estos primeros detenidos detalla que “se logró detectar una red de corrupción conformada por funcionarios públicos, que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de la sociedad anónima Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contrataciones requeridas para tal fin”.

De acuerdo con cifras oficiales, serían 82 personas las que participaron en esta trama: 61 que ya están tras las rejas y 21 que presentan órdenes de aprehensión.

La mayoría de los aprehendidos proviene del binomio Pdvsa-Sunacrip, que suman 43 privados de libertad, según lo informado por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, el domingo 11 de junio en una entrevista concedida a Venevisión.

Según la acusación de la fiscalía contra estas personas, a la cual tuvo acceso Rojas de manera extraoficial, el Ministerio Público identifica a 13 empresarios y 9 funcionarios públicos, lo cual suman 22 personas acusadas. Respecto a los 39 restantes, el MP debe estar preparando los resultados de esas investigaciones para presentarlos ante el tribunal.

De acuerdo con el documento, el MP identifica como jefe de esta estructura de corrupción al teniente coronel del ejército Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, quien estaba en ese cargo desde abril de 2020.

Entre las irregularidades detectadas por las autoridades destacan: sobreprecio, ocultamiento de información, baja ejecución de proyectos, irregularidades en las contrataciones y desviaciones en la ejecución de proyectos, falta de control posterior, adjudicaciones directas sin la existencia del acto motivado, violación del nivel de delegación de los funcionarios para suscribir contratos, ganancias para empresas intermediarias por sobreprecio, depósito de recursos pertenecientes al Estado venezolano en instituciones financieras sin solidez y de alto riesgo, presencia de contratos por interpuesta persona, incluidos familiares de la junta directiva, sobornos; contratación con un intermediario indebido e indebida planificación.

Ahora bien, como presuntos colaboradores de Suárez en la red de corrupción se mencionan a:

– Odoardo José Bordones Hernández, director gerente de Mercado Internacional, quien tenía dentro de sus facultades aprobar las estrategias para la comercialización en el mercado internacional de los hidrocarburos producidos por Pdvsa.

– José Agustín Chirinos, presidente de Pdvsa Puertos, quien -formando parte del equipo de confianza del ciudadano Antonio José Pérez Suárez- no realizaba los soportes correspondientes a la dirección de operaciones de Pdvsa, sino que mantenía contacto directo con la Vicepresidencia de Comercio y Suministro. Su acta de entrega presentaba inconsistencias en las operaciones financieras, así como incumplimiento en el plan de financiamiento en la filial.

– Jesús Enrique Salazar Querales, quien desempeñaba funciones de líder de Presupuesto y Control de Gestión de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro. Era uno de los ciudadanos que intervenía en los procesos de asignación de embarcaciones de crudo, conjuntamente con los imputados antes identificados, quienes se concertaban a fin de realizar estas distribuciones parcializadas entre un grupo de ciudadanos denominados operadores financieros de estos funcionarios.

Resaltó que Pérez Suárez también trabajaba conjuntamente con los ciudadanos Yamil Alejandro Martínez Núñez y Heinrich Chapellin Biundo, quienes no eran funcionarios de la estatal, pero se encontraban laborando en una oficina suministrada por el Vicepresidente de Comercio y Suministro, la cual funcionaba de forma irregular en las instalaciones de la empresa y eran los facultados para asistir a las reuniones con los empresarios beneficiados en estas asignaciones irregulares.

De acuerdo con el documento, la oficina desde donde operaban estos ciudadanos, ubicada en el piso PH, fue habilitada para que los mismos pudieran realizar las maniobras dirigidas por Pérez Suárez. Este espacio fue denominado UTE (Unidad de Trabajo Especial), pues allí manejaban información clasificada de Pdvsa sin ser personal adscrito a la nómina.

En dicho lugar, que mantenía restringido el acceso con un sistema de seguridad en el que solo podían ingresar estos ciudadanos, era donde administraban las altas sumas de dinero en efectivo y desarrollaban las reuniones con los operadores financieros.

Destacó que la mayoría de las asignaciones de barcos con cargas petroleras eran para empresas que no poseían un objeto comercial vinculado a la actividad petrolera y, en consecuencia, no se cumplía con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo.

Agregó que en la UTE igualmente existía un sistema interno, denominado SIMOP, al cual solo era permitido el acceso al personal autorizado en esta instancia. Dicho sistema incumplía el procedimiento de programación al vender mayor cantidad de volumen de crudo del que estaba disponible de acuerdo a lo confirmado por la Vicepresidencia de Exploración y Refinación, lo que traía como consecuencia un incremento en los costos por demora, dando como resultado pérdida patrimonial para Pdvsa.

Dentro de las irregularidades atribuidas a estos funcionarios se encuentra además el reporte de los pagos por concepto de las asignaciones de estaciones de servicio y de las cargas de crudo, pues no eran reportadas a las cuentas recaudadoras de Pdvsa, sino que las empresas administradoras conciliaban directamente en las direcciones a cargo de estos imputados, a través de depósito bancarios, plataforma Patria (subsidiadas e integrales) y efectivo, esto con la autorización de Pérez Suárez.

Este sujeto también autorizaba la emisión de pagos a contratistas sin efectuar el debido registro en el Sistema SAP.

Como parte del desfalco a Pdvsa, el documento precisa que este ciudadano utilizó sus atribuciones para realizar asignaciones que permitieron que terceros se apropiaran de manera deliberada de los recursos de la nación, dejando una deuda aproximada por cobrar en la industria de cinco mil treinta millones novecientos setenta y siete mil doscientos sesenta y tres con setenta y nueve centavos de dólar americanos (USD. 5.030.977.263,79).

Sobre el exdiputado Hugbel Roa, la acusación del MP lo señala como el responsable de realizar los enlaces correspondientes con el ciudadano Pérez Suárez y los empresarios que eran beneficiados en estos procesos irregulares dentro de la industria petrolera.

En cuanto a los empresarios, el documento los describe como los encargados de la legitimación de capitales, pues ellos eran los responsables de realizar todas las operaciones financieras producto de las actividades ilícitas desplegadas dentro de la industria petrolera, siendo quienes manejaban altas sumas de dinero en efectivo, así como las transferencias nacionales e internacionales y criptoactivos, los cuales eran incorporados posteriormente al torrente financiero nacional mediante la adquisición de diversas sociedades mercantiles, tales como concesionarios de vehículos, empresas criptofinancieras, bienes muebles e inmuebles.

En la acusación, la fiscalía menciona a Johana Torres, una de las operadoras financieras de Roa, encargada de manejar los bienes, así como las sociedades mercantiles pertenecientes al exdiputado. Según lo descubierto por las autoridades, Torres tuvo un incremento patrimonial abrupto, con aeronaves, embarcaciones, carros de lujos, bienes muebles e inmuebles en el territorio nacional e internacional, las cuales presumía en sus redes sociales, observándose incluso en uno de sus videos con un maletín contentivo de 15 lingotes de oro.

En cuanto a Daniel Ricardo Prieto Prieto, el Ministerio Público lo presenta como otro de los operadores financieros de esta estructura, quien, al igual que Torres, obtuvo un incremento patrimonial abrupto, con lujosos y cuantiosos bienes muebles e inmuebles en el territorio nacional e internacional. Este ciudadano mantenía estrecha vinculación con el exdiputado Roa, quien era su patrocinador para obtener contrataciones dentro de Pdvsa.

Prieto Prieto posee una gran cantidad de sociedades mercantiles a su nombre, entre ellas Ernmen Technical Services Co Ltd, la cual presenta una gran deuda con la industria petrolera que asciende a un monto aproximado de trescientos sesenta y un millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y siete con cincuenta centavos dólares americanos (USD 361.258.337,50).

En este proceso irregular efectuado con la empresa Shadong Ternmen Technical Services Co Ltd, Prieto Prieto operó conjuntamente con el ciudadano Leonardo Enrique Torres Naim, siendo este otro de los tantos operadores financieros que legitimaban los recursos producto de estas actividades delictivas.

Partiendo del documento del MP, Rojas mencionó como otros operadores dentro de la trama de corrupción, que participaron en la legitimación de capitales, a las siguientes personas:

– Manuel Meneses, a quien nombraron dentro de la estructura “Dr. Meneses”.

– Los hermanos Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez.

– José Agustín Ramos Chirinos, a quienes le cancelaron aproximadamente la cantidad setenta y ocho mil dólares, por supuestas contrataciones de bienes y servicios en el área de construcción. Además, este sujeto procedió a realizar sobornos a funcionarios de la Alcaldía del municipio Baruta, para obtener el otorgamiento de los permisos de construcción, entre ellos a Juan Carlos Posner, funcionario que recibió un total aproximado de trescientos treinta mil dólares americanos (USD 330.000,00).

– Rogers Ignacio Ramírez Dorante, este ciudadano se encuentra estrechamente vinculado con la empresa United Petroleo Corp, la cual fue beneficiada con la asignación de crudo; sin embargo, al verificar el sistema RUCCVE (Registro Único de Clientes Calificados para Ventas de Exportación) la misma no se encontraba inscrita en dicho listado, no posee ningún tipo de documentación, solo consta la planilla de aprobatoria de inscripción ante el RUCCVE por vía de excepción, sin contar con ningún tipo de documentación ni soporte de criterios. 

– Kristhonfer Argenis Barrios Vivas, quien tenía a su disposición la asignación de 35 estaciones de servicio en el país, entre ellas la estación de servicio Pariata (La Guaira), estación de servicio Barbula II (Carabobo) y la estación de servicio Centro Cívico (Zulia), pese a que no cumplía con los requisitos para la asignación de dichas instalaciones.

– Alejandro José Arroyo Pérez, estrechamente vinculado a las empresas Huayingfeng Trading Limited y Yaliansheng Trading Limited, quien aun cuando no era el representante de las mismas, fue la persona encargada de realizar todos los trámites ante Pdvsa. Estas empresas se encuentran entre los 11 clientes bajo la modalidad de compensación los cuales presentan una deuda con la industria de los siguientes montos: Huayingfeng Trading Limited por $47.349.514,67 y Aliansheng Trading Limited por $5.174.332,50.

A la lista de operadores financieros identificados por la Policía Nacional contra la Corrupción y reflejados en la acusación del Ministerio Público, el periodista agregó el nombre de Bernardo Andrés Arosio, quien al igual que el resto operaba con varias sociedades mercantiles para lavar capitales, y estaba vinculado a la empresa Walker International Dwc LLC, la cual fue beneficiada por Pérez Suárez con la asignación de venta de crudos y residuales. Según el documento, se observó la existencia de pagos efectuados por la empresa que no cuenta con el debido registro contable y financiero, específicamente la cantidad de veintiún millones ochocientos veintidós doscientos cinco dólares americanos (USD 21.822.205,00).

En total, resaltó Rojas, se contabiliza en solo esta parte del esquema de corrupción dentro de la estatal venezolana la cifra de 5 mil 544 millones 991 mil 653 dólares, dinero que no ingresó a Pdvsa.

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