En Venezuela, hay historias que resumen lo que somos y lo que no deberíamos ser. Esta es la historia de mi padre, Eduardo José Carrasco Plaza , pensionado del IVSS, un hombre que dedicó su vida al trabajo honesto y al servicio público, y que hoy, con más de 78 años, ha sido lanzado al borde del colapso físico y emocional por una maquinaria de acoso inmobiliario que ha utilizado, impunemente, los engranajes del sistema judicial para intentar echar por la borda los derechos arrendatarios.
Sí, no es una exageración: la Fiscalía, la Defensa Pública y un cuerpo policial han sido usados como herramientas de intimidación por parte de quienes hoy fungen como supuestos representantes de un inmueble que mi padre y mi hermana, Evony Carrasco (docente activa en dos turnos), han ocupado desde 2003 bajo contrato legalmente suscrito con FC INMOBILIARIA CA.
Después de dos décadas aparece una adulta mayor que alega ser la propietaria, a quien no se le niegan sus derechos de usufructos. Pero esta situación de cambio de propiedad nunca fue notificada ni por la nueva propietaria como tampoco por FC INMOBILIARIA CA La nueva propietaria compró 2005 y vendió 2010 la propiedad a familiares. —Todo violando abiertamente la Ley de Arrendamientos—, pero mi padre y mi hermana continuaron pagando al arrendador original, FC INMOBILIARIA CA , quien jamás cesó en su rol de receptor del canon. Y aún así, recientemente, hemos sido criminalizados bajo la falsa acusación de "invasión" , como parte de una estrategia bien calculada de acoso y simulación de hecho punible, sin importar el daño que esto causaría a personas de la tercera edad como mi padre.
¿Quiénes están detrás?
Una figura clave en esta trama es MARLYN ALEXANDRA RIVERO RODRÍGUEZ , quien, sin mostrar poder ni legitimación alguna, se ha presentado como asistente administrativa de FC INMOBILIARIA CA Esta ciudadana ha desplegado, desde la pandemia hasta hace poco, una campaña sistemática de amenazas, presiones, humillaciones y acoso psicológico , incluyendo frases como: "Si me da la gana, los saco con la policía y con los colectivos" , dicha frente a mi madre, una mujer de 66 años. El error de mi familia, fue ocultarme eso y no haber hecho la denuncia.
Pero no lo ha hecho sola. Ha contado con el aval de EUNICE MERCEDES PÉREZ ALMEIDA , quien dice ser la actual propietaria del inmueble, y quien, en vez de acudir a la SUNAVI , optó por la vía penal, mintiendo al sistema judicial para hacernos aparecer como invasores . ¿Cómo puede ser eso posible si MARLYN ALEXANDRA RIVERO RODRIGUEZ acudió recientemente a regañadientes ante el SUNAVI —donde se tramita nuestro caso como arrendaticio— reconociendo que existía una relación de arrendamiento, pero que ahora FC INMOBILIARIA CA se desvincula?
Lo más lamentable fue la actuación de la Defensora Pública Primera en materia de vivienda, NANCY HERNÁNDEZ , quien, en una supuesta audiencia conciliatoria, que no tiene ni pie y ni cabeza cuando su función es defensor al débil jurídico, no solo intentó forzar la firma de un contrato leonino (300 dólares retroactivos, cláusula de desalojo automático), sino que denigró verbalmente a mi hermana por su condición de maestra.
Sí, esto ocurrió en sede pública, ante testigos, y sin pudor alguno.
Acusan de invasores cuando semanas antes pretendían imponer un contrato junto MARLYN RIVERO . Nada me quita de la mente que MARLYN ALEXANDRA RIVERO indujo a la señora EUNICE MERCEDES PÉREZ ALMEIDA para que hiciera la denuncia penal.
Es profundamente lamentable que una señora mayor, contemporánea con mi padre, se haya valido de su edad para mentir y victimizarse , distorsionando por completa la verdad, a sabiendas de que mi familia ha ocupado ese inmueble como arrendataria legítima por más de dos décadas .
El desprendimiento de mi madre llega al punto de opnerse a ejercer el retracto legal por no haber tenido ofertaría preferencial al momento de las ventas. Sin embargo, aquí nadie piensa en sus derechos arrendaticios de respetar los lapsos que dice la norma para una desocupación ética y respetuosa.
Como si eso no fuera suficiente, alguien dentro del Ministerio Público en Valencia , actuando con una abierta parcialidad , le sugirió a mi hermana —en tono de advertencia disfrazado de consejo— que " lo mejor era entregar las llaves para evitar una imputación y la cárcel ", alegando que no existía contrato con la ciudadana EUNICE MERCEDES PÉREZ ALMEIDA . La misma funcionaria le dijo claramente:
"Tú no te puedes comunicar más con ella. Evitas que te imputen y termines pagando con cárcel" .
¿Y cómo demonios se podía tener un contrato con una "nueva propietaria" que compró un inmueble ya arrendado, nunca notificó el cambio de titularidad y luego lo vendió a familiares sin decir una palabra ?
¿A quién le estuvo entregando el dinero del canon de arrendamiento FC INMOBILIARIA CA durante todos esos años? ¿Por qué seguiste cobrando? ¿Por qué nunca se notificó nada? ¿Por qué ahora, de pronto, somos "invasores"?
A continuación, citaré un punto crucial que los policías actuantes y la funcionaria de la Fiscalía Cuarta desestimaron por completo , como si el derecho de los arrendatarios no existiera, como si los años vividos allí no valieran nada.
1. Desde el año 2003, ocupamos legítimamente, en calidad de arrendatarios, el inmueble ubicado en la Urbanización Ciudad Parque La Pradera, Edificio Apamate N° 21, Municipio San Joaquín , estado Carabobo, bajo contrato suscrito el 6 de junio de 2003 con FC INMOBILIARIA CA , una sociedad mercantil registrada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial de Carabobo, bajo el N° 66 Tomo 34. A-34-A, con fecha del 21 de junio de 2002 . Su Registro de Información Fiscal como persona jurídica es J-30925870-2 , y fue gestionado por su representante legal, FANNY CADAVID DE TINEZ , titular de la Cédula de Identidad N° 12.315.306 , tal como se indica en el contrato de arrendamiento que adjuntamos como ANEXO A. Ella actuó en representación de la ciudadana ZONIA JOSEFINA RODRÍGUEZ , quien era la propietaria del inmueble en ese momento.
2. El 27 de diciembre de 2005 , la propiedad fue vendida por ZONIA JOSEFINA RODRÍGUEZ , titular de la Cédula de Identidad N° 5.470.953 , en fecha 27 de diciembre del 2005 a EUNICE MERCEDES PÉREZ ALMEIDA , titular de la Cédula de Identidad N° 3.089.085 , por la cantidad de TREINTA Y TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 33.000.000 ), como se evidencia en documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, bajo el Número 45, folios 1 al 2, Protocolo Primero, Tomo 64 . Sin embargo, no fuimos debidamente notificados de esta transacción y continuamos efectuando los pagos a FC INMOBILIARIA CA , sin conocimiento de la nueva situación jurídica del inmueble.
3. La segunda y única renovación del contrato de arrendamiento ocurrió el 15 de octubre del 2007 . Como se demuestra en el Anexo B , este contrato contempla cuatro cláusulas, en donde a diferencia del primer contrato, se omite el nombre del propietario.
4. De igual forma que la primera venta, el inmueble es vendido el 29 de abril del 2010 , sin la debida notificación a los ciudadanos EDUARDO JOSÉ CARRASCO PLAZA y EVONY NAAYANDUTH CARRASCO NAVARRO. La denominada propietaria EUNICE MERCEDES PÉREZ ALMEIDA , protocoliza la transacción con reserva de usufructo a terceros, incluyendo a un menor de edad, según se evidencia en el documento que reposa en la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, bajo el número 2010.205, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Número 308.7.8.1.128. y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010. El precio en el cual se vende el mencionado inmueble, es por la cantidad de CINCUENTA
MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000) pagado mediante cheque Número 00001261 , de la Cuenta Corriente Número 010809771401000048275 , del Banco Provincial , a la entera y cabal satisfacción de la precitada ciudadana. Es de interés señalar, que al igual de la venta anterior, no hubo la debida y correspondiente notificación oficial de estos cambios de titularidad, en la que figuran como últimos propietarios, los ciudadanos NIBAY VIMANA FELIPE MANRIQUE , para aquel entonces menor de edad, en la que actuó en carácter de curadora MARIA GABRIELA FELIPE PÉREZ , titular de la Cédula de Identidad. N° V- 16.243.992 y JOSÉ ANGEL FELIPE MANRIQUE , titular de la Cédula de Identidad N° 21.309.326 .
5. Resulta relevante destacar que, pese a haber sido vendida la propiedad objeto del contrato —al menos en dos oportunidades, en los años 2005 y 2010—, la empresa FC INMOBILIARIA CA continuó recibiendo los pagos correspondientes al canon de arrendamiento, estando solvente la parte arrendada, violentamente el derecho de preferencia ofertaría cuando no se efectuaría la notificación debida conforme a la Ley.
6. Durante el tiempo en que FANNY CADAVID DE TINEZ , mantuvo contacto con nosotros como representante de FC INMOBILIARIA CA las relaciones fueron siempre en el marco del respeto, la concordia, la amabilidad y la cordialidad, en la que nunca se suscitó ninguna controversia con los pagos del canon mensual pactado, situación que resulta comprobable y demostrable.
7. Desde la Pandemia y Post Pandemia se apersonó al inmueble una persona que se les identificó como MARLYN RIVERO , sin presentar hasta la fecha acreditación legal alguna, solo una tarjeta de presentación.
Se desconoce el desfile de FANNY CADAVID DE TINEZ , y ojalá aparecerá pronto para dar la cara. Su testimonio no solo podría esclarecer hechos clave, sino también ratificar una cadena de omisiones por parte de la empresa FC INMOBILIARIA CA , de la cual fue fundadora y representante.
Lo cierto es que MARLYN RIVERO , actuando en nombre de esa empresa, distorsionó toda la realidad arrendaticia, incurriendo en conductas impropias, abusivas y carentes de toda legitimación formal . Ya es hora de que rinda cuentas ante la justicia por el daño causado.
Hasta el día de hoy, SUNAVI sigue esperando el documento que certifique la desvinculación de FC INMOBILIARIA CA con el caso. Si no lo ha consignado MARLYN RIVERO , es porque hay algo que oculta . Y eso, en cualquier Estado que se diga de Derecho, debe ser investigado.
Cambiando de tema, pero sin dejar de señalar lo obvio, resulta absurdo —por no decir indignante— que nadie se haya tomado el mínimo esfuerzo de verificar lo más elemental : los contratos de arrendamiento, las facturas, los depósitos bancarios, y los documentos de compraventa que reposan en la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra .
Y más aún: ¿qué costaba escuchar con respeto a mi papá y mi hermana?
Solo con eso se habría evitado esta dolorosa y absurda situación.
Pero cuando hay prejuicio y desprecio por los honestos y humildes, la justicia se convierte en atropello.
Las consecuencias: un daño irreversible
El pasado 3 de julio , cuando estábamos listos para consignar nuestro escrito de defensa, mi padre colapsó emocional y aparentemente. Llegó al Hospital Dr. Miguel Malpica de Guacara, casi sin signos vitales , deshidratado, con episodios de vómito persistente, presión arterial irregular, y un cuadro clínico compatible con una crisis severa del sistema nervioso autónomo. En mi opinión, relacionada particularmente con el nervio vago. Obviamente, que para quienes somos sus cercanos, la causa es clara estrés agudo, depresión profunda, y un estado de angustia crónica provocado por meses de hostigamiento verbal, emocional y judicial.
Hoy, más allá del conflicto legal, nos encontramos exigiendo algo más básico: el derecho a vivir con dignidad, sin ser perseguidos a causa de las impunes marramuncias perpetradas por quienes si han estado al margen de la Ley.
Un llamado al Fiscal General Tarek William Saab
No puede seguir ocurriendo que el sistema judicial se preste como instrumento de desalojo para intereses privados . La Fiscalía, la Defensoría Pública y los cuerpos policiales no pueden convertirse en verdugos de un adulto mayor y de una maestra. Lo que comenzó como un contrato de alquiler terminó convertido en una causa penal por invasión, sin pruebas ni derecho, solo con la intención de quebrar moralmente a una familia que ha hecho todo conforme a la ley.
"Sinceramente, ¿qué se puede esperar de quienes actúan al margen de la ley, desde posiciones de poder, para atropellar a los más vulnerables?
Hoy, públicamente y con mi nombre, solicito al Fiscal General de la República que ordene una investigación inmediata sobre este caso , en el que se han violado derechos humanos fundamentales, se ha abusado del poder y se ha atentado contra la integridad física y emocional de un adulto mayor, como mi padre. Como nos dijo , "jamás en mi vida me reseñaron en una policía, me viene a pasar esto a los 78 años" . Esta historia la había reseñado recientemente por este medio el periodista Rafael Rodríguez Olmos con una publicación titulada: Tarek, necesitas investigar a FC Inmobiliaria .
Esa publicación de Rodríguez Olmos en que cito hoy en un hilo de X, a modo de ilustrar el caso con imágenes de facturas y depósitos bancarios que mi papá le hacía regularmente a FC INMOBILIARIA CA en fecha posterior a las dos ventas del inmueble que involucran a la señora EUNICE MERCEDES PÉREZ ALMEIDA . Es una locura que el medio para defenderte sea este y no las instituciones del Estado.
Si algo dejó a mi papá impactado fue el episodio de la citación, en la que estuvo convencido de que esas policías del módulo de Yagua en Guacara quería beneficiario a los que lo denunciaron según el expediente firmado con el alfanumérico MP-60368-2025, que cursa ante la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del estado Carabobo.
Obviamente que sus preocupaciones fueron alimentando sus miedos, temores y angustias ante la desconfianza por la lentitud de la justicia, más cuando se trata de gente de bien.
Si algo ha esperado mi papá con ansiedad, era que le comunicaran lo que es obvió a todas luces, que no es un INVASOR. "Que feo hijo que me llamen invasor, me traten de delincuente cuando aquí no entre a la fuerza, ni clandestinamente y pagando por décadas esos alquileres" .
Hoy hago públicamente responsable de cualquier cosa que le pueda ocurrir a mi padre o a mi familia, tanto a quienes lo han hostigado directamente —sus verdugos— como a aquellos funcionarios públicos que, por acción u omisión, han fallado en cumplir con su deber.
Algunos, en lugar de hacer justicia, han accionado guiados por intereses turbios, como bien decía Marcos Pérez Jiménez: "Tírame algo, cuánto hay para eso y cómo hacemos" . Esa lógica perversa es incompatible con cualquier Estado que se diga justo.
Mi hermana, humilde maestra, jamás ha recurrido a esos atajos ni ha buscado favores. Y si algo nos ha enseñado mi padre con su ejemplo, es a vivir con respeto, dignidad y honestidad , valores que hoy parecen ser castigados.
Que este caso no se repita. Que no haya más abuelos perseguidos ni más maestras humilladas por quienes creen que el dinero puede pisotear la ley.
Porque cuando el Estado deja de proteger a los suyos, no queda nada.
Y mientras mi padre me necesite, estará a su lado. Pero tan pronto las circunstancias lo permitieron, acudiré ante el Fiscal Superior del Estado Carabobo y estoy plenamente dispuesto a comparar ante la Fiscalía General de la República si así me lo solicitan.
Edward José Carrasco Navarro
CI V-13.228.126
Hijo de Eduardo José Carrasco Plaza
