Defensoría del Pueblo: Denuncia Pública por la Destrucción de Mérida

Se hace un llamado y se formula una denuncia, por el caso de Mérida, ante las diferentes Instituciones del Estado respectivamente: El Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, La Contraloría Nacional, el Poder Popular, la Cámara Municipal del Municipio Libertador y la Asamblea Legislativa del Estado Mérida. Se requiere de una urgente voluntad política de las Instituciones del Estado para detener el abuso de poder y el atentado que se pretende consolidar en Mérida.

Con los comportamientos de las Instituciones y sus funcionarios, servidores sociales, se pone en evidencia y se declara la destrucción de la ciudad de Mérida desde la Alcaldía, que tiene al frente al Ingeniero y profesor universitario Lester Rodríguez. Destrucción de los niños, destrucción de los jóvenes, destrucción de las familias, destrucción del ambiente y destrucción de las instituciones de salud, educación, cultura y otros. Lentamente se ha ido consolidando una destrucción de los espacios y de la población. Es una destrucción que desplaza la planificación, el urbanismo, la ética, la cultura, la salud, el ambiente y Desarrollo Integral Comunitario como política de Estado. Se ignoran las políticas públicas con sus respectivos plan organizacional y plan operativo. Se asume la destrucción y en su lugar se aceptan los contravalores para la negación y el deterioro del ser ente humano y sus espacios. En lo humano se busca convertirlos en el despojo hechos indigentes, delincuentes, mendigos, adictos o frustrados e incapaces entes cosas. En el espacio se niega la armonía estética urbana y ambiental. Con el deterioro humano y ambiental se va apuntalando el despojo de la patria.

Se denuncia que, mediante los funcionarios públicos, con el abuso de poder y supuesta corrupción, se lleva a efecto una guerra oculta, no declarada, mediante la violación de los espacios e incorporándoles usos contrarios a los permitidos legalmente en torno a la cosa pública y los intereses colectivos. Son usos orientados por los intereses netamente particulares, consumistas y de incremento de ganancia de dinero fácil, sin medir las consecuencias, atentando contra los derechos de los otros, el colectivo, las familias y sus derechos a la residencia en un ambiente apropiado. Se ignora la planificación, el urbanismo, las condiciones de los servicios públicos disponibles, de agua, electricidad o estacionamiento. Se da prioridad a las licencias para cualquier tipo de establecimiento industrial o comercial, como ventas de bebidas alcohólicas, fábricas, industrias, buhoneros o talleres contaminantes en las áreas residenciales Comercio Uno C1, con desarrollos, de salud, educativos, culturales y ambientales.

Al otorgar esos permisos ilegales se desplazan el buen vivir de las familias, de los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Son permisos que van promoviendo la destrucción de los seres humanos, al no permitirse el habitar en espacios adecuados que garanticen su condición saludable. Se niegan los derechos humanos a vivir y crecer sanamente.

Si la población infantil y juvenil no descansa tranquilamente en sus horas normales es posible el deterioro de sus condiciones físicas, orgánicas, psicológicas y emocionales que impiden un rendimiento escolar. En lo particular, si un niño no duerme debido a causa de un establecimiento comercial de ventas de bebidas alcohólicas que crea disturbios en el ambiente, durante toda la noche, no puede estar en condiciones disponibles para asumir sus aprendizajes en la escuela. Si la situación es en el día por alteraciones ambientales, de sonidos y otros contaminante, se pierde la atención y baja el rendimiento académico en los infantes y el laboral en los adultos. Similar a los niños, en los adultos que deben incorporarse al trabajo disminuye su rendimiento laboral y si su trabajo es intelectual posiblemente se agrava la situación. En el caso de la tercera edad aumentan el deterioro de salud y crecen los infartos o los accidentes cerebro vascular. La economía familiar se deteriora por cuanto en muchos casos las familias deben ir a dormir en otros espacios sanos, prácticamente echados debido a los espacios invadidos.

La violencia y delincuencia es posible que se incremente por los deterioros de los espacios como consecuencia de la venta de las drogas con licencias, como las bebidas alcohólicas. Los niños van creciendo en un espacio donde tienen como referencia el consumo de la droga permitida, el alcohol, en sus ambientes, frente a sus casas y centros educativos. Se genera un contra- aprendizaje de contravalores, que posiblemente los va incorporando como hábitos normales de forma de vida. Se va aumentando la población consumidora y con ellas el deterioro de los seres humanos que serán los incapaces adultos, dependiente y adictos. Adultos que muy jóvenes pierden su vida y una población no productiva que se traduce en deterioro del país.

Es una guerra oculta que al aumentar el número de adictos y deteriorados como seres humanos, se reafirma el triunfo sin contrincantes que la detengan. Si las instituciones de estado no se manifiestan como lo opuesto que actúa en beneficio de la ciudadanía en un estado de derecho, los protagonistas de la guerra oculta continuaran triunfando. Si las instituciones y sus funcionarios asumen el silencio, este es un comportamiento que dice y niega la razón de ser de las instituciones del estado, que debe responder a un fundamento y leyes en un Estado Democrático.

Cuando desde una Alcaldía se otorgan los permisos que violan los usos conformes y deterioran las condiciones humanas, se confirma la instalación del desorden institucional desde lo supuesto legal. A la vez, se niega la otra parte del Estado con sus Instituciones, por cuanto éste no hace valer las leyes y el estado de derecho. Se crea una cadena de violaciones, desde los Consejos Comunales, las Alcaldías, las gobernaciones y el gobierno nacional. Cadena que va consolidando el desorden institucional, dentro de una guerra no anunciada, pero oculta. Guerra asimétrica, junto a la mediática, que se manifiesta en los comportamientos de quienes están al frente de las instituciones y otorgan las licencias para las instalaciones de establecimientos, con los correspondientes deterioros ambientales y humanos

Una ciudad como Mérida no se puede dejar a la deriva y es urgente que las instituciones, tanto nacionales como regionales y locales actúen. Mérida tiene una población juvenil numerosa y merece ser una ciudad armónica para garantizar el desarrollo de la población estudiantil, los jóvenes y las familias. No se puede permitir que Mérida pase de ser la capital Cultural y estudiantil de Venezuela a ser un Bar Público y el desorden urbano como ejemplo nacional. Como miembro del personal de la Universidad de Los Andes, dentro del programa de Investigación y Extensión Comunitaria, confirmo que se ha venido laborando en beneficio de los espacios de las comunidades que rodean la institución. Desde 1995, cuando se mudo la Facultad de Humanidades y Educación y se ocuparon los espacios del complejo La Liria la universidad se incorporó en la comunidad. Desde hace muchos años se ha venido asumiendo el compromiso educativo que señala la Constitución Nacional.

Es el caso particular, muy acentuado, del deterioro urbanístico de lo que sucede en el Sector La Liria, Aquiles Nazoa, sector San Juan Bautista y las Marías de la parroquia Spinetti Dini del Municipio Libertador del Estado Mérida. A pesar de ser una Zona Residencial Comercio Uno C1 con desarrollo educativo, cultural y de salud, en cada cuadra se permite el funcionamiento de la venta de licores, frente a la escuela, el hospital Sor Juana Inés, El Ambulatoria Venezuela, el Complejo Educativo de la Universidad de Los Andes con sus respectiva Facultades y Comedor Universitario y el Centro Cultural para niños del Teatro Colibrí.

Alrededor del área residencial y los establecimiento permitidos de abastos, posadas, librerías, cafetines, restaurantes, galerías y talleres artesanales, funcionan los no permitidos de venta de materiales pesados con ferreterías, talleres mecánicos, talleres de herrerías, anexos de funerarias para preparar los cuerpos sin vida, fábricas de hielos, seguro para transporte pesado y galpones con uso desconocido que operan en horas de madrugada.

La Alcaldía del Municipio Libertador desconoce el Uso Conforme, usa las Asambleas Comunales y su entidad representativa para justificar tal violación. Con facilidad las comunidades son manipuladas por la autoridad del funcionario en nombre de la institución y sus carencias de información y formación en torno a la distribución equilibradamente del territorio, la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, los referentes a los planes de desarrollo urbanístico del Municipio o planes de desarrollo urbano mas local con sus planes especiales y particulares junto a los Desarrollo Integrales Comunitarios. Al interior de la Alcaldía se opera para atentar contra la institucionalidad del estado y sus leyes, mediante supuestos actos de corrupción. El funcionario del ente encargado de la planificación y desarrollo urbano da permisos y regulariza las licencias y así continúan, donde hábilmente la abogada de la Renta Municipal monta Asambleas Comunales para manipular y supuestamente levantar actas para suspender permisos, luego para volver a entregarlos, hasta otorgar la licencia legal. Se usan las actas de las Supuestas Asambleas para los intereses particulares que orientan a la funcionaria y los solicitantes. Su director supuestamente se hace cómplice al firmar las Licencias.

Los supuestos actos de corrupción, en función de buscar la justicia, están denunciados ante las instituciones del Estado respectivas:

1.- Ministerio Público en la Fiscalía 19, donde reposa un expediente y se les pide que solicite las respectivas actas ante la Alcaldía y se aclare la violación del Uso Conforme que se encuentra en línea.

2.- La Contraloría del Estado Mérida.

3.-La Contraloría del Municipio Libertador.

4.-La Defensoría del Pueblo del estado Mérida la que se le pidió interviniera en favor del Recurso de Amparo.

5. La Gobernación del Estado Mérida en la Prefectura de la Parroquia Spinetti Dini del Municipio Libertador y su instancia Inmediata de Política Integral y Seguridad.

En los últimos años la situación con la ventas de bebidas alcohólicas es más delicada y peligrosa, por cuanto atenta contra la infancia, la juventud y población en general, promoviendo la violencia y delincuencia que altera la paz comunitaria. En el caso de las irregularidades que se presentan por la venta de la droga legalizada, los establecimientos de licores, se hace un llamado para que se atienda la situación de la licencia. Desde el 2004 y actualmente, las licencias las otorgan las Alcaldías y en vez de mejorar los Municipios los han deteriorado.

Previamente las licencias las entregaba el SENIAT y era un responsabilidad Nacional, de Estado. Se considera que la Asamblea Nacional y las Asambleas de cada Estado, mediante las propuestas del poder Popular, debe estudiar la situación para buscar alternativas legales, ajustadas a la libertades sociales que un estado Democrático debe permitir, sin negar libertades y derechos de los otros a la paz y tranquilidad. Se propone que de nuevo las licencias de licores se asuman a nivel nacional, ubicando los espacios respectivos como áreas de tolerancias a las drogas legalizadas, consumo de alcohol. Es una alternativa, junto a la formación y realización humana singular junto al entorno social y ambiental, que puede ir impidiendo que invadan los espacios residenciales y de desarrollo integral de salud, cultural, deportivos, de educación, recreación y ambientales.

El problema en cuanto al menoscabo espacial y deterioro de la población es acentuado, tanto en Mérida como a nivel nacional y requiere una atención especial. Se reconoce que se disponen de leyes e instituciones que abordan el espacio y la población y que debido a la importancia actual es necesario buscar nuevas posibilidades. Se hace la propuesta de integrar el Ministerio de las Comunas en un Ministerio Espacial y Poblacional para el Desarrollo Integral Comunal ya que se cuenta con una tecnología mayor, como son los satélites.

Es un Ministerio con una visión integral para concretar la política en lo factual y hacer seguimiento que impidan el mal manejo de los espacios o territorios y la supuesta corrupción, que promueve el desorden y atenta contra el estado de derecho. El designio del Misterio es de integración y gobierno en línea para abordar el plan organizacional y ejecutar el plan operacional, en función de concretar las políticas públicas que responda a la Política del Estado a corto mediano y largo plazo.

Un Ministerio para la integración implica que, al contar, además de la información satelital, con la adecuada tecnología, puede incorporar todos los Ministerios, Misiones, cruzar la información y agrega las gobernaciones, Alcaldías, Consejos Comunales y población civil perteneciente a todos los sectores de: educación, salud, urbanismo y vivienda, ambiente, transporte, comunicación, ciencia y tecnología, cultura, seguridad o deporte. Es una integración para hacer seguimiento y control de inversión a las políticas públicas y leyes en los espacios Comunales – sectoriales y mantener un estado de apertura permanente. Una apertura para dar acceso directo y transparente en línea de los proyectos junto a las políticas públicas, desde lo local a lo regional y hasta lo nacional, a toda ciudadana y todo ciudadano, en torno a facilitar el hacer seguimiento a su propio proyecto donde esta involucrad@ y a la contraloría ciudadana del pueblo a las instituciones de gobierno.

bettyoso@hotmail.com

arcuosri@ula.ve



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Betty Mary Osorio

Profesora de la Universidad de Los Andes, Mérida y titiritera

 bettyoso@hotmail.com

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