El 27 de Febrero de 1989 es un tema de estudio para la economía política venezolana. Desde 1978, se iniciaba el derrumbe de un modelo de acumulación capitalista que había convivido durante 30 años con un modelo político, diseñado en 1958 y conocido como el Pacto de Punto Fijo. Ambas dinámicas se retroalimentaban en una simbiosis para darle vida a un ser de dos cabezas: el modelo capitalista rentístico y la democracia (burguesa) representativa.
La acumulación de capital en la historia del siglo XX en Venezuela, tiene una particularidad: gran parte de su sustento depende de la generación y reparto de la renta petrolera. Los grupos de poder participaban en este reparto, y necesitaban unas reglas de juego. Las formas de disfrute privilegiado de la renta, como mecanismo de financiamiento de la acumulación capitalista, tenían como aliado fundamental el sistema político denominado democracia representativa. Esta trama la movían cinco actores fundamentales hasta ese momento: el empresariado capitalista (representado a medias por FEDECAMARAS), la aristocracia sindical (representada por la CTV), los partidos políticos (AD y COPEI, porque el resto eran comodines), las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. A partir del 27-F, otro grupo de poder originado en las corporaciones capitalistas, tendrá un papel destacado, por no decir protagónico: los medios de información privados. El pueblo, por supuesto, era un “botín electoral”. El pueblo oprimido, desposeído, trabajador, era el convidado de piedra, que iba a votar cada 5 años para ser representado por mediadores que hacían vida en el Congreso Nacional, en la burocracia pública, en los sindicatos, y en las raquíticas organizaciones vecinales. Estos mediadores manejaban el negocio de repartirse la renta petrolera y garantizaban las condiciones de reproducción del verdadero poder manejado por la oligarquía financiera, los productores y mercaderes capitalistas criollos y las compañías trasnacionales que dominaban la fuente principal de generación de renta (la economía petrolera). Las Fuerzas Armadas, junto con los demás órganos represivos, cumplían eficientemente su labor de garantizar el poder del Estado capitalista rentístico. Desde los sesenta practicaban el deporte de una represión selectiva contra el movimiento revolucionario y popular. El enemigo principal no era externo, era interno: el pueblo.
Durante los años 60 y con la bonanza de ingresos petroleros a inicios de los 70, el sistema democrático y el modelo económico se vendían con cierto éxito por permitir el ascenso social, el acceso a determinados bienes, servicios y oportunidades; además permitía la magia de desaparecer las contradicciones entre las clases sociales principales de cualquier sistema capitalista, representantes del capital y del trabajo convivían en una “paz democrática”. Para el discurso democratacristiano y socialdemócrata, la pobreza y la riqueza eran retos que se podían superar a pesar de que el acelerado incremento de la pobreza en los cinturones urbanos y en los espacios era evidente. Con la crisis del capitalismo rentístico, esta comedia empieza a develarse en farsa. Las remuneraciones al trabajo inician una pronunciada caída desde finales de los setenta, hasta finales de los noventa. El deterioro del nivel de vida no sólo afecta a los sectores de menores ingresos, sino a sectores medios, donde destacan profesionales como los docentes, y toca peligrosamente al sector militar. Para la juventud, que trata de ascender en esas décadas de 1980 y 1990, cada vez le es más difícil acceder a una vivienda, a la educación y a la salud. Los indicadores de pobreza y precarización se incrementan. El gobierno y el empresariado privado se atragantan en un charco de corrupción; la izquierda no sólo es derrotada militarmente sino que destacados “comandantes” son seducidos y transformados en promotores del libre mercado.
Ante este quiebre, surge una alternativa para replantear el modelo de desarrollo agotado: el modelo neoliberal. El pueblo vota en diciembre de 1988 por un candidato que simboliza tiempos de bonanza, este candidato desprecia la tecnocracia del partido y se acompaña con un equipo con los más refinados representantes de las clases dominantes, formados en las mejores universidades del exterior, sacerdotes de la nueva religión; a este dream team son incorporados transformistas de la izquierda que, ya en el gobierno de Lusinchi, habían cambiado los textos marxistas por las obras de Milton Friedman. Pactan la política económica con los poderes del capital financiero internacional. Acuerdan un programa económico neoliberal que no es sometido a consulta ni siquiera en el Congreso Nacional. Por tanto, es un cinismo que estos protagonistas actualmente hablen de autoritarismo. Durante la venta y reparto del país que están haciendo en Washington con el Fondo Monetario Internacional, cuando firman la Carta de Intención ese 27 de Febrero, y todavía sin aplicar todas las medidas del ecoshock, las barriadas y algunas urbanizaciones de Caracas se lanzan a la calle. El principio fundamental del sistema, el respeto por los derechos de propiedad, es trastocado por una multitud que es acusada de saqueadora y malandra por los saqueadores que habían ejercido el poder.
Las Fuerzas Armadas actúan en aquel momento para lo que habían sido creadas en un Estado Capitalista, y eficientemente bañan de sangre la ciudad. El pueblo desarmado es masacrado. Salvar el sistema justifica un genocidio cuyos protagonistas todavía deambulan con impunidad. Esa clase política, esos tecnócratas, el FMI, el Banco Mundial y los capitalistas criollos tienen las manos llenas de sangre. De esta forma, como suele hacerlo, el neoliberalismo se impuso violentamente como una ideología del Capital.
Contaban que la voluntad del pueblo iba a doblegarse por la terapia de shock del terror; contaban que el sector militar iba ha ser un aliado permanente. No contaron con la conciencia del pueblo, y con la identificación de clase de un sector militar proveniente de los sectores populares. Creyeron el cuento del Fin de la Historia y pensaron que la lucha de clases se podía abolir por decreto o con terror.
