Alquimia Política

Acerca del tema de los juicios justos

El tema es apasionante; necesario y estratégico. ¿Hay condiciones en Venezuela para que haya Juicios Justos? El asunto es que cuando se ha sido permisivo para crear condiciones de tolerancia y diálogo, se cae en el error de ser extemporáneos a la hora de aplicar las leyes y sus normas. El proceso revolucionario fue permisivo en sus comienzos, y en especial tras los acontecimientos del Golpe del 2002 (porque ciertamente por 48 horas al Presidente Chávez no le fue reconocida su legitimidad como alto mandatario); no hubo, a diferencia de los incursos y protagonistas del golpe, persecución ni privación de libertad inmediata a quienes atentaron contra el orden establecido, es por ello que se dejó sopesar mucho la violación a las leyes y hoy que se tiene la necesidad de marcar un precedente al respecto, el cuestionamiento al sistema jurídico es evidente y las “dudas razonables” florean en cada espacio de las Cortes o Tribunales que administran justicia.

Lo que nos lleva a considerar la necesidad de replantear el comportamiento ideológico y procedimental en el marco de la administración de justicia; debe prevalecer un ataque continuo y certero a la impunidad; debe aplicarse el peso de la ley a quienes han apostado al fracaso del modelo democrático-político venezolano. No se puede seguir aceptando como sinónimo de “oposición” el ataque al proyecto de país aceptado y avalado por la mayoría. Hacer oposición en democracia es exigir reivindicaciones, proteger los programas sociales, evitar los despidos masivos, exigir al Estado la protección económica y ciudadana; resguardar la imagen institucional del Estado para que desde el exterior se invierta y se fortalezca el mercado interno nacional; hacer oposición no es ridiculizar, imaginar escenarios desastrosos para el país, confabular, resguardar intereses ajenos al colectivo nacional. En fin, si hay dudas en la Justicia de Venezuela no es por el discurso manipulador de un líder como se acusa, sino por la terquedad de invitar al diálogo y hacer esfuerzos de tolerancia, con quienes tienen otras intencionalidades políticas e ideológicas hacia el Estado y sus protagonistas.  

La mesa no está servida para intercambiar ideas, está servida para colocar las cosas en su justo lugar: se asume el proyecto de país o no se asume; si los que no lo asumen son minoría, entonces hay que poner en cintura a esos grupos para que sigan el orden establecido, de lo contrario ni la “corte Celestial” que venga a juzgar tendrá credibilidad, porque la credibilidad para los grupos de ultraderecha significa juicios ausentes de verdad y decisiones complacientes y en perjuicio de los más afectados por esa lucha infértil de unos cuantos que perdieron sus cuotas de poder y beneficio. 

Del mismo modo, y eso no es ser especulativo sino racional, la posición de algunos jueces de congraciarse con causas ideológicas, sean de un bando o de otro, ha traído esta desconfianza en la justicia, en la legítima justicia que sí existe pero que se ha opacado lastimosamente. 

Esto nos lleva a plantear la necesidad de revisar el marco jurídico nacional; de ir tras cualquier agresor de nuestras leyes; de no dejar espacios para negociar tolerancia en nombre de un diálogo maniquista y rastrero.  

Los anarquistas hemos tenido siempre una profunda aversión a los conceptos de derecho y de estado, y nunca hemos dejado de acariciar la idea de destruirlos. Todo intento de formular una teoría anarquista del derecho y del estado, puede considerarse poco menos que asunto arriesgado. Rechazamos esa práctica por ser un ejercicio esencialmente académico y oportunista; no todos estamos por igual representados en el Estado de Derecho. 

Pero otra parte, los juristas están concientes de que no existe una teoría concreta del derecho que busque formulas de organización basadas en la participación, en que ésta y el control sean lo mismo. Por tal motivo, cómo entender la justicia cuando desde los primeros momentos de su gestación ha estado contaminada de cinismo y oportunismo. Hay falsedad notoria en lo que se dice y expresa; por ello, la justicia libertaria es la que aplica la ley en el instante y momento que se dan los hechos. No puede haber prórrogas para justificación o alegatos; esa permisología del alegato es lo que nos tiene en deuda con la Justicia de los hechos de abril del 2002, y es la que nos tiene en deuda con nuestra conciencia. 
  

ramonazocar@yahoo.com



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*Ramón E. Azócar A

Doctor en Ciencias de la Educación/Politólogo/ Planificador. Docente Universitario, Conferencista y Asesor en Políticas Públicas y Planificación (Consejo Legislativo del Estado Portuguesa, Alcaldías de Guanare, Ospino y San Genaro de Boconoito).

 azocarramon1968@gmail.com

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