Una de las observaciones más importantes sobre las cuales nos ha insistido nuestro Presidente ha sido precisamente las 3 R: revisión, rectificación y reimpulso. Hoy por hoy, podemos apreciar cómo, especialmente la oposición, y sin dejar de subestimar el daño de la derecha infiltrada en el proceso, se arremete con fortaleza contra el sistema de salud. Se ha tomado la crítica del funcionamiento de salud como ícono bandera para desprestigiar, socavar, derrumbar la acción de Gobierno y, como consecuencia, del porcentaje de afines con este gran proceso.
Pero al concentrarnos en la Revisión, y a los fines de la Rectificación, debemos, por obligación, Revisar qué ha pasado con el sector salud y muy especialmente cuando se inicia un análisis de ingresos, especialmente de aquellos elegidos por votación popular y la deuda que existe de estos últimos para con los primeros; es decir, de elegidos como deudores del pueblo soberano quien los nombra. Mucho de los problemas que se han presentado últimamente, específicamente en aquellas Gobernaciones y Alcaldías ganadas por la oposición, lo constituye el manejo del sector salud. Podemos apreciar cómo se ha intentando desmontar la Misión Barrio Adentro, en todos sus niveles, e intentar suplantarlos por sitios de atención médica de las más variadas denominaciones, en pleno desobediencia y desconocimiento de las directrices de salud que persigue nuestro Presidente.
Pero debemos reconocer que el problema estriba fundamentalmente en el incumplimiento del artículo 84 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en concordancia con el artículo 83 de la misma Constitución.
Nuestra Asamblea Nacional, como (Poder) Institución y nuestros parlamentarios, en lo personal, específicamente las Comisiones y Subcomisiones relacionadas al sector salud son responsables, y están en una deuda inmensa con el pueblo soberano que los ha escogido y en grave deuda con el máximo líder que “intenta” impulsar este proceso, a pesar de las contracorrientes que se forman, aún dentro del proceso.
En cuanto al sector público de salud ya llevamos 10 años sin que se desarrolle una ley orgánica especial que implemente el Sistema Nacional Público de Salud, con una rectoría ejecutiva por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud y que pueda “centralizar” todas las directrices y políticas del Gobierno a nivel nacional en cuanto al derecho a la salud, sin discriminaciones, distingos ni diferencias.
Se acabaría entonces con el intento de Gobiernos regionales y Alcaldías municipales, opuestas al proceso y al pensamiento del bienestar del colectivo, al impedirse el desarrollo de un sistema de conveniencias, demagógico y politiquero, por parte de estos entes regionales en cuanto a la atención médico-asistencial de la población, así como más de 300 subsistemas privilegiados de salud, y se les obligaría, subordinados al órgano Rector de Salud, a desarrollar las políticas y directrices de salud establecidas por el Ejecutivo, muy especialmente en consideración y desarrollo de los niveles (primarios, secundarios, terciarios) de atención médico-asistencial.
Nuestra Asamblea Nacional también está en deuda con la población que la ha escogido, en la reforma de leyes importantes relacionadas con el sector salud: Ley de Ejercicio de la Medicina (1983); Código de Instrucción Médico Forense (vigente pero de 1874!!!, revitalizado por la Ley de Reforma del Poder Judicial de 1992); una Ley de Salud (1992) pero en la cual sea independiente a la ley que desarrolle el artículo 85 constitucional en cuanto al Sistema Público Nacional de Salud y se refiera al desarrollo del artículo 83 constitucional y muy especialmente a los derechos de las personas. Fácilmente apreciamos que las escasas leyes referidas a la salud son previas a nuestra Constitución de 1999.
Otras leyes, como vistas en otros países, en cuanto a la regulación de: consentimiento informado, Historias Clínicas, reproducción asistida, educación sexual, Medicina Asistida por Tecnología de Informática y Comunicación (muy a propósito de los planes de nuestro residente en cuanto a la telemedicina y cirugía robótica, pero la cual, evidentemente, necesita regulación legal), y muchos otros campos que me reservo de mencionar, y los cuales pertenecen a la protección del pueblo y su derecho a la salud y a la excelencia de su atención médico asistencial.
La Ley de Ejercicio de la Medicina deberá revertir la aberrante situación que ha permitido que nuestros médicos recién graduados formen parte del sistema de choque en las Emergencias de las Instituciones Privadas de salud y que son la causa fundamental de mala atención, deficiencia de los servicios y daños ocasionados a los usuarios de esos servicios, a la par del abandono de las instituciones públicas de salud que las han formado. Médicos Residentes, que no son más que personal en formación, que se suponen suscriban contratos de exclusividad con las Instituciones Públicas de salud a los fines de formarse en una especialidad y quienes, en contra de los principios de su formación, los vemos atendiendo las emergencias de las instituciones privadas de salud.
El Estado formas y capacita estos médicos sin que el colectivo, el soberano, pueda luego disfrutar de estos cuidados especializados, simplemente porque este personal emigra, sin control, sin cumplir con la obligación del ejercicio rural, a las instituciones privadas descuidándose la atención de los sectores populares de nuestra población que tienen el pleno derecho al cuidado de su salud, y no seguir siendo tratados como conejillos de aprendizaje en el sector público para que después migren sin control, por parte del órgano rector de salud, a las instituciones privadas que nuestra población más necesitada no puede comprar.
Todo lo anterior sin mencionar las atrocidades que se han impuesto desde las empresas aseguradoras y las incontrolable empresas de Medicina Prepaga, que hacen de las suyas escapando a cualquier control y responsabilidad. Mantenemos la esperanza que dentro de las leyes que actualmente se discuten en la Asamblea Nacional, al parecer, se va a cumplir con el artículo 85 constitucional (in fine) en el sentido de regular todas estas instituciones (comerciales) de Medicina privada.
Se impone una urgente revisión; una necesaria rectificación, para poder reimpulsar nuestro Sistema Público (Único) Nacional de Salud, pero pareciera que no hay muertos dolientes en los niveles superiores de organización y ya la deuda social y de salud, y la necesidad de nueva legislación al respecto tiene 10 años de atraso; y por la agenda ofrecida, que no contempla estos temas, seguiremos todavía esperando por algún líder, alguna voz, que pueda hacerle llegar a nuestro Comandante la imperiosa necesidad de incluir al sector salud en las tres R(s) para llevarles a nuestra población el mayor grado posible de bienestar posible, con sinceridad y dentro de los principios sociales que nuestro proceso necesita desarrollar.
Son muchas las consideraciones que se pueden realizar en este campo pero la brevedad que se impone en un breve artículo como éste, nos impide continuar. Sin embargo, estoy convencido que estas líneas podrán llegar a aquellos que se puedan convertir en factor multiplicador a los fines de lograr nuestros objetivos.
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