El presupuesto es para el pueblo no para los funcionarios

En la Venezuela petrolera, al menos en los últimos 35 años, los funcionarios públicos, tanto los altos como los pequeños, han considerado, que el presupuesto de la nación, es para ellos, olvidándose que ese presupuesto es de todos los venezolanos, y en prioridad, para los más necesitados, para los más pobres.

Esta mala costumbre, de la Venezuela petrolera, ha tenido diferentes conductas, de acuerdo a la posición del funcionario; por ejemplo el alto funcionario, se cree el dueño del presupuesto y se lo roba, ya sea por intermedio de contratista, proveedor o prestador de servicio, exigiéndole una “mordida” o “coima” (Bájate de la mula), por cada contrato o “buena pro” que asigne; o ya sea disponiendo del presupuesto beneficiando a familiares, amigos o personas de su confianza, o utilizando bienes y personal del estado para fines personales (Peculado de uso), o simplemente choreándolo; es decir, agarrar dinero del presupuesto y metiéndoselos en el bolsillo.

El funcionario de abajo, aparte de llevarse cosas menores como un lapicero, una toalla, un rollo de papel toilet, el repuesto de un carro, etc., o como el presupuesto vino abultado y los precios del petróleo están elevados, entonces le tienen que aumentar el sueldo, aguinaldos y vacaciones y otras mejoras contractuales; aquí los sindicaleros, en este renglón contractual-laboral, son los grandes beneficiados conjuntamente con los altos funcionarios y ciertos “asesores técnicos” (Abogados, contadores, etc.,); en total, que cada mordida o hachazo que se le de al presupuesto, que es de todo el pueblo, son muchas familias que se van quedando sin alimentación, son muchos hospitales que se van quedando sin insumos, medicinas y equipos que redundan en la muerte de muchos compatriotas o son muchos niños y niñas que se van quedando sin educación, o comunidades enteras que se quedan sin agua, cloaca, luz, pavimentación o red telefónica. Aparte que en una sociedad socialista, el estado es promotor y activador de la economía, puede comprar o expropiar tierras y crear fondos socialistas o fabricas y así genera riquezas y/o valor agregado, aumentando la felicidad del pueblo.

Por ello no hay peor crimen que el de la corrupción, el corrupto siempre actúa con premeditación y alevosía, en otras palabras, hay dolo, hay conocimiento de causa; y por ello las penas que tiene la ley anti-corrupción son muy suaves si tomamos en cuenta que un atraco, que es una acción individual de un sujeto y el monto de lo robado en muchos casos no pasa de Bs. 10.000, tiene hasta 16 años de cárcel; todos los delitos de corrupción deberían tener penas entre los 10 años, como mínimo y hasta 20 años (En nuestro proyecto de código penal, la pena máxima es de 20 años); y debería asimilarse a los delitos de lesa humanidad porque en verdad es de lesa humanidad y por supuesto de lesa sociedad y lesa patria.

Ahora, en la administración bolivariana (A todos los niveles, nacional, regional y municipal), ha insurgido una desviación sindicalera, en donde los altos presupuestos que son producto de una política petrolera nacionalista y soberana, que consiste, en que esos presupuestos deben repartirse entre los funcionarios públicos, ya sea en bonos, viáticos, vehículos, cláusulas de hospitalización, maternidad y cirugía de corte neoliberal porque son clínicas privadas los grandes beneficiarios, en detrimento de la salud publica. Si vemos el número de trabajadores dependientes del estado, no llegan al 10% del global del país, por lo que es criminal y anti-patria, repartir el 100% del presupuesto en un universo que no llega ni al 10%, repito; y razón tiene el Comandante al decretar en contra de los gastos suntuarios o superfluos y digo que se quedó corto porque ha debido agregar en ese decreto la nulidad absoluta, y en consecuencia la devolución de ese dinero indebidamente pagado, a todos los contratos y otorgamientos de HCM (Diputados, Magistrados y Ejecutivos se han autoadjudicado esos HCM), vehículos, gastos de representación, publicidad, etc.; así como de altos bonos de fin de año, que se han repartido con el dinero sobrante del presupuesto.

Estos bonos de fin de año, cual empresa privada de producción, que lógicamente debe repartirse las utilidades de una ganancia extra o de ultima hora; en donde los altos funcionarios se reparten como “bono”, el sobrante del presupuesto o lo no gastado del presupuesto anual, en vez de regresarlo al tesoro publico nacional, seria una apropiación de ese dinero injustificada; en otras palabras, estamos hablando de peculado (Robo directo del dinero publico por el o los funcionarios); el dinero de esos “bonos”, que no tienen ninguna justificación, deben ser devueltos por los funcionarios públicos cobrantes porque ese dinero no es de ellos, ese dinero es del pueblo y lo deben devolver al banco del tesoro. Entre estos auto-cobradores de bonos están los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes en diciembre se repartieron la bicoca de Bs.F 500.000 y el CNE y algunas Alcaldías y Consejos Legislativos regionales también.



DIPUTADOS VIUDOS DEL ACTUAL PODER JUDICIAL

QUE NO ES BOLIVARIANO.

La derecha, en el poder judicial, al igual que los adecos y copeyanos en educación, son gobierno y oposición, al mismo tiempo; ellos son el malandro que asalta, pero también son el policía que viene a hacer la investigación, el fiscal que acusa y juez que decide, se despachan y se dan el vuelto.

Si ha habido un poder judicial que ha favorecido a la derecha tanto política como económicamente, ha sido este poder judicial, supuestamente bolivariano; comenzando por la impunidad de la cual gozan todos los golpistas, pasando por decisiones que han favorecido a empresas transnacionales como la coca-cola. Solo algunos casos, en donde esta involucrado el alto gobierno (Que no pasan de 200 causas), el TSJ, “favorece” a la revolución, pero en las restantes causas que abarcan 10.000 expedientes por año existe un total estado de indefensión al pobre al menesteroso; pero la derecha fascista utiliza esas 200 causas para difamar y decir que el poder judicial, sobretodo el TSJ, es un genuflexo de Miraflores, y los primeros que saben que esto es falso, es la derecha misma, porque sabe que tiene un poder judicial que está a su favor, pero repite la mentira de que el poder judicial es un títere de Miraflores mil veces como táctica Goebbeliana, para sembrar esa matriz de opinión en el pueblo.

Por ello apoyamos a la Asamblea Nacional, en la discusión de la nueva ley del sistema de justicia, en donde se crea una comisión que reestructurará no solo a la administración de justicia sino a la fiscalía y a las policías, para que por fin, tengamos a un poder judicial bolivariano de verdad tal y como lo ordena la constitución; pero esta ley tiene sus viudos y viudas en el parlamento mismo y son dos diputados del Estado Bolívar, quienes son unos bacalaos que llegaron allí con los votos de la revolución como lo son Juan José Molina, quien ni siquiera es de Ciudad Bolívar, y ni siquiera se ha mudado para allá y esta allí gracias al actual gobernador que lo metió en las listas del MVR; y la otra es Pastora Medina, personaje este que no sacaría ni mil votos en Ciudad Guayana, si le tocase religitimarse; pero ellos son los “Abogados” de este sistema de justicia que temen que una comisión acabe con la “independencia” del poder judicial.

Ahora mi pregunta seria; si el poder judicial es controlado por Chávez monolíticamente; entonces porque se acusa a una comisión para el sistema de justicia de la asamblea nacional que le “quitaría la independencia al poder judicial”; si ya esta controlado por Chávez, que supuesta independencia le quitara; dicen esto, sencillamente porque saben que el gobierno no controla al poder judicial, lo controlan son ellos; la derecha; allí la derecha y sus abogados se delatan, precisamente porque saben que este no es un poder judicial al servicio de la revolución, repito, sino mayoritariamente de derecha.

Impera una Constituyente del Sistema de Justicia, para depurar y revolucionar al poder judicial, a la fiscalía y los cuerpos policiales y esa tiene que ser con una comisión con participación popular y extra judicial y fiscal, para que pueda actuar con independencia y haga cumplir la constitución bolivariana.

¡POR LA DEVOLUCIÓN DE LOS BONOS MAL HABIDOS AL BANCO DEL TESORO!

¡POR UNA CONSTITUYENTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA YA!


franciscosierracorrales@yahoo.com.ar


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Francisco Sierra Corrales


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