El movimiento obrero y popular venezolano mantiene la iniciativa. Una y otra vez hemos derrotado los intentos golpistas de la burguesía y del imperialismo. Primero fue ante el paro patronal de diciembre de 2001, luego restituimos las libertades democráticas cercenadas abruptamente por el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y posteriormente, derrotamos el paro-sabotaje contra nuestra empresa petrolera. La principal lección obtenida de estas jornadas es que sólo con la movilización permanente, con la presión organizada y combativa, con la lucha unitaria de los trabajadores y el pueblo es que se pueden frenar las intenciones del golpismo fascista y profundizar el proceso revolucionario que vive el país. Sin embargo, a pesar de estos triunfos reiterados hoy nos encontramos, contradictoriamente, en una situación sumamente peligrosa. La oposición golpista y el imperialismo, lograron meternos en el terreno sinuoso de la vía electoral y judicial, utilizando ahora contra los trabajadores y el pueblo, lo que hemos denominado “contrarrevolución democrática”.

Como consecuencia de los acuerdos firmados el 23 de mayo del pasado año entre el gobierno y los golpistas, se les abrió a estos últimos, una nueva oportunidad de seguir conspirando contra el proceso revolucionario a través de la activación del mecanismo de recolección de firmas para convocar, eventualmente, un referéndum revocatorio contra Chávez. Tal como sucedió después del 13 de abril de 2002, después de haber sido derrotados en el paro-sabotaje petrolero, el gobierno en lugar de abrirles acusaciones ante los tribunales por los crímenes cometidos y de aplicarles sanciones administrativas y económicas a los golpistas civiles y militares, así como a los dueños de los medios de comunicación, apoyándose para ello en la movilización de las masas, prefirió el camino ya trillado del perdón y las negociaciones. Se podría argumentar que la impunidad ya había sido institucionalizada en agosto del 2002 por el TSJ con su ya tristemente célebre decisión de que no hubo golpe, no obstante esto, el gobierno tuvo la posibilidad de proceder judicialmente contra los golpistas, incluso aplicarle sanciones económicas o administrativas. Pudo haber actuado con firmeza contra los empresarios involucrados en el golpe y en el paro-sabotaje petrolero que fraudulentamente cerraron empresas, como es el caso de la Constructora Nacional de Válvulas, propiedad de Andrés Sosa Pietri. Esta empresa, por fabricar válvulas para la industria petrolera, era susceptible de ser expropiada por causa de utilidad pública, sin embargo, no se hizo nada al respecto. En un momento en que la base social del golpismo se encontraba desmoralizada y la disposición para la lucha de parte de los trabajadores y el pueblo estaba en su cenit, era posible aprovechar esta energía para pasar a la ofensiva en lugar de llamar a negociaciones con los golpistas, lo cual además, se hizo colocando como garantes a dos organizaciones nada imparciales como el Centro Carter y la OEA, ambas ahora, bastiones del imperialismo al interior del CNE.

Es decir, que hemos llegado a la confusa situación de hoy, no como consecuencia de derrotas y por imposición de la burguesía golpista y el imperialismo, sino por acuerdos y negociaciones con una oposición que se encontraba acorralada, dividida y en desbandada, y que no le quedó más remedio que aceptar el juego constitucional y legalista después de fracasar en sus intentos de liquidar el proceso revolucionario mediante la violencia. Gracias a la impunidad decretada por el TSJ y por la inacción del gobierno y su afán “perdonavida”, hoy tenemos a unos personajes que deberían estar presos o perseguidos por la justicia, apelando a la Constitución que echaron al cesto de la basura en abril de 2002, para solicitar un referéndum al cual no tienen ningún derecho.

Esta situación, desde nuestro punto de vista, no es un mero “error”, tampoco creemos que se trate de una táctica astuta. Es más bien consecuencia de una determinada concepción política que hace de la negociación y de la confianza ciega en las instituciones burguesas, heredadas de la IV república puntofijista, el eje de su accionar. En lugar de confiar en la movilización organizada y combativa como el método privilegiado para enfrentar a la reacción y al golpismo, el gobierno prefiere las vías institucionales y leguleyas. Por estas razones nos encontramos metidos en este callejón sin salida que, ahora, del CNE pasó al Tribunal Supremo de Justicia. Mientras la posibilidad de que se materialice el fraude se debate en la Sala Constitucional ora en la Electoral, entre abogados y burócratas, en el mismo tribunal que sentenció que “aquí no hubo golpe”. Y muy lejos de los trabajadores humildes que con su lucha restituyeron a Chávez, las libertades democráticas cercenadas por Pedro El Breve, y recuperaron a PDVSA.

Los golpistas lograron llevarnos a su terreno. El de la “legalidad” burguesa, en el cual tienen mucha experiencia, agentes y recursos. Nos quieren entrampar en los vericuetos leguleyos. Recursos de amparo, conflicto de competencia, recurso de discrepancia, avocamiento, son las estratagemas con las que nos quieren embaucar y sacar de la lucha y la movilización, el terreno natural de los trabajadores y el pueblo oprimido. A través de la decisión de la Sala Electoral del TSJ pretenden dar un nuevo golpe, ahora jurídico.

Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, este lodazal en el que estamos metidos, del CNE al TSJ, es el de los abogados y funcionarios de la burguesía, ligados a AD y COPEI, y otros partidos de la Coordinadora Democrática, duchos en la trampa y hábiles para inventar argumentos leguleyos y saltarse las leyes escritas por ellos mismos. Este es el ámbito de la corruptela y la negociación a espaldas de los trabajadores y el pueblo, el mismo que con su lucha restituyó a Chávez en Miraflores, ese que no sabe de códigos, leyes ni marrucias. Este es el espacio de la amenaza, de las presiones, de la compra de conciencias, del maletín lleno de billetes, en el que cobran vigencia las ambiciones personales, de protagonismo, de ascenso económico y los intereses de clase.

No podemos permitir que lo que hemos logrado con nuestra lucha, nuestro sudor y nuestra sangre, se nos arrebate en un cuarto oscuro en una decisión madrugadora. Ya ni siquiera se discute sobre la validez o no de las firmas; nadie habla de las firmas falsificadas, de los muertos y menores de edad firmando; nadie dice cuántas firmas realmente recogieron; detrás de las puertas de madera y los sillones mullidos de los burócratas y jueces se pretende esconder el megadraude y la impunidad, mientras se escamotea al pueblo su derecho a profundizar el proceso revolucionario y castigar a los culpables de cercenar las libertades democráticas y atentar contra la vida de cientos de miles de venezolanos.

No podemos confiar en el CNE, en el TSJ ni en ninguna de estas instituciones. Sólo debemos hacerlo en nuestras propias fuerzas organizadas y movilizadas. Cualquier acción legal que intentemos debe ser acompañada por la presión y la movilización permanente de los trabajadores y el pueblo a través de sus organizaciones (UNT, sindicatos clasistas, Círculos Bolivarianos, etc.). No podemos, mejor dicho, no debemos, seguir poniendo la otra mejilla y conferirle a los golpistas nuevas oportunidades.


Prof. Miguel Angel Hernández Arvelo
Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la dirección nacional de Opción de Izquierda Revolucionaria (OIR)
miguelaha2003@yahoo.com