El gobierno de Chávez ha aprobado satisfactoriamente su legitimidad de origen, pero tiene pendiente la legitimidad por resultados

Los resultados preliminares suministrados por el CNE sobre la solicitud del referéndum revocatorio del mandato presidencial, muestran tres hechos: la ratificación de la legitimidad de origen del gobierno; la intención fraudulenta de la Coordinadora Democrática; y, la gestión pacificadora del Poder Electoral. Tales saldos señalan que no existe en la población una proporción significativa de ciudadanos que rechace la acción de gobierno del Ejecutivo. Al contrario, hay una proporción importante que considera legítimo el procedimiento usado por la facción gobernante para ejercer la dirección del país, más un número indicador indiferente que lo acepta de hecho. Por otra parte, sin considerar las acciones coactivas intentadas para remover al Jefe del Gobierno, ese mismo saldo señala un intento de fraude. La presencia de 377,533 firmas rechazadas sin discusión por provenir de muertos, menores, extranjeros, etc., o haber sido recolectadas con abierta inobservancia de las normas, es un indicador palpable del propósito doloso de quienes impulsaron el proceso. Lo mismo las 876.017 rúbricas de caligrafía similar.

Es increíble que se piense que existe tal cifra de discapacitados en la concurrencia a la suscripción de la solicitud, especialmente sí se considera que el rechazo proviene de los sectores medios y altos de la sociedad que tienen los más altos niveles de salud y educación. Empero el CNE, en un gesto revelador de su compromiso con la paz, les proporciona la oportunidad para el reparo reivindicador que salvaría el proceso a favor de los intereses opositores. Las discrepancias de los observadores extranjeros son desdeñables, pues son una manifestación política que conforma una injerencia externa que excede lo aceptado por el derecho internacional en lo que corresponde a su acción de buenos oficiantes.

Sin embargo, el gobierno tiene un déficit en materia de legitimidad, en especial la llamada “legitimidad por resultados”. Son claras sus desviaciones hacia la autocracia y la demagogia, contrarias a la idea de la democracia participativa, potencialmente excusables dada la hostilidad de factores de poder externos e internos. Pero al fin y al cabo es una deuda ante los venezolanos y la comunidad internacional que debe saldarse. La proximidad de las elecciones para renovar los gobiernos regionales y locales es una oportunidad para ello. Es la ocasión para activar el Consejo Federal de Gobierno y el Consejo Asesor, previstos en la Constitución como instituciones fundamentales para formalizar la participación plural en la formulación de las políticas públicas, junto con los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas estadales y los Consejos Locales de Planificación Pública. Sería la mejor demostración del régimen de cambiar su carácter carismático, sociológicamente explicable, por uno racionalmente orientado dentro de la idea tan cara para el líder de la facción en el poder de la democracia participativa.

* escruz@telcel.net.ve


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Alberto Müller Rojas*


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