Me cuesta trabajo emplear el termino “terrorismo” para identificar la tragedia humanitaria ocurrida en Madrid. Y esa dificultad no es por razones políticas o ideológicas. Es motivada por consideraciones semánticas. Sin dudas, el vocablo, como ha sucedido con muchos fonemas con gran fuerza descriptiva, ha sido degradado por la utilización maniquea a la cual ha sido sometido, producto de visiones integristas. Ciertamente, el término se ha venido usando para descalificar moral y políticamente toda rebelión que usa tácticas irregulares en el enfrentamiento a estructuras de poder establecidas, sin diferenciar los métodos y medios utilizados.

La acepción universalmente aceptada del vocablo lo identifica básicamente con dos situaciones: “La dominación por medio del terror, como acontece en el rigor disciplinario llevado a las últimas consecuencias y más aun en un severo sistema de ocupación de países enemigos en que toda disidencia o pasividad se juzga como crimen y se castiga mortalmente”; y, “Actos de violencia y maldad ejecutados para amedrentar a ciertos sectores sociales o a una población determinada o a una estructura económica social y política” (Cabanellas de Torre, Guillermo (1963), Diccionario Militar, Buenos Aires, Omeba). Naturalmente, la segunda acepción es perfectamente aplicable a los dolorosos sucesos de Madrid. Y aun cuando internacionalmente no esta expresamente condenado como delictivo, indirectamente lo está por violatorio al derecho humanitario de guerra. Más aun, desde cualquier perspectiva ética desde la cual se examine, este y otros casos similares, los autores de este tipo de hecho son moralmente repudiables. Se trata de un chantaje inaceptable, en sus dos acepciones, pues atenta contra la dignidad humana.

Sin embargo, como normalmente se acepta tanto en los códigos deontológicos y en las leyes penales, los comportamientos criminales no son puros. Así como hay circunstancias agravantes, las hay atenuantes y hasta eximentes. Y en este caso concreto, como en otros similares, tal como el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York el 2001, no es posible encontrar circunstancia alguna que exculpe estas acciones criminales. Pero la racionalidad estratégica puede proporcionar atenuantes – y de hecho los ofrece – que reducen la criminalidad de estas acciones.

Incuestionablemente ellas no forman parte del derecho a la legítima defensa de las personas, que por extensión se le adjudica a los pueblos, que justifican el uso de la violencia. Sin embargo, la legitimación “de facto” del terrorismo en su primera acepción, ya como amenaza, ya como práctica, proporciona atenuantes a estas fechorías que sin dudas configuran crímenes de lesa humanidad. Es un hecho que desde la II Guerra Mundial, especialmente desde el uso de la bomba atómica contra Japón, el “terrorismo bélico”, entendido como “estrago innecesario para la obtención de la victoria militar, o para rechazar a un enemigo por parte del defensor, caracterizado por ampliar el número de víctimas, por afectar de modo primordial a los no combatientes, por destruir cosas o bienes sin trascendencia bélica y de bienestar humano o de alto valor científico, cultural o histórico” (Cabanellas, obra citada), se ha convertido en una práctica aceptable para quienes constituyen la estructura de poder dominante. Por lo que, sí es válida la afirmación de K.

Clausewitz que sostiene que en la guerra “cada adversario fuerza la mano del otro y esto redunda en acciones recíprocas teóricamente ilimitadas”, estas atrocidades tienen atenuantes en la razón estratégica, especialmente cuando se justifican los daños “colaterales” realizados para obtener victorias militares por quienes dominan el sistema internacional y, se satanizan las respuestas, aun dentro de las prácticas bélicas aceptables, de la contraparte. Es este último uso del término el que lo ha degradado al convertirlo en un instrumento de la propaganda política, banalizándolo. Convirtiéndolo en insustancial y restándole peso a su significado ético y jurídico que coloca las acciones que lo definen como lacras condenables.

Efectivamente, estas acciones atroces realizadas indiscriminadamente contra el pueblo español para amedrentarlo, fueron reivindicadas por Abu Dujan al Afgani, autocalificado como portavoz de Al Qaida en Europa, como respuesta a la agresión occidental al mundo musulmán. O es que ¿no es terrorismo bélico las acciones emprendidas contra Afganistán e Irak, en la cual España ha sido parte de la vanguardia de esta agresión como parte de la “coalición de los voluntarios?. ¿No se le esta dando estatus de beligerante a Osama bin Laden, o a cualquier grupo rebelde o Estado que se oponga al orden mundial imperante?. Y si es así, ¿como se penalizan acciones que responden al uso, o amenaza de uso, de la fuerza militar, caracterizado como ha sido por sus efectos sobre los no combatientes y por destruir cosas y bienes sin trascendencia bélica y de bienestar humano o de alto valor científico, cultural o histórico?. Todas estas interrogantes tienen una sola respuesta: la llamada “guerra al terrorismo”, como un uso unilateral y discrecional de la fuerza militar para castigar la disidencia, cualquiera que sea la forma como ella se presente, crea una situación de lucha de todos contra todos a escala mundial por la supervivencia. Es la prevalencia del integrismo, como actitud radical consecuente con una idea dogmática que se tiene que plasmar, aun en forma agresiva si fuese preciso, pues lo que está en juego es el bien y la justicia en una sociedad amenazadora de lo que el integrismo considera lo correcto. Por ello es que he considerado los sucesos de Madrid como una manifestación del extremismo, que es el resultado de la violencia irracional entre dos radicalismos que miran el empleo de la violencia indiscriminada como legítimo, pues responde a la causa del bien. En ese ambiente no tiene significado el término terrorismo que penaliza moral y jurídicamente el uso indistinto de la fuerza, pues el responde exclusivamente a la causa del bien.

En realidad lo que rechazo en el fondo es la irracionalidad de esta “guerra al terrorismo” a escala mundial que prefiero llamar “lucha de exterminio”, pues lo que persigue es el aniquilamiento físico o moral del contrario. No se puede llamar guerra a un uso ilimitado en términos de sus objetivos, tiempo y espacio de la violencia.

Sabido es que la guerra tiende a ser total, pero la limita tanto en sus metas, en su duración y en su localización la racionalidad política. Una lógica que conduce a la idea del orden como medio para garantizar la seguridad de los pueblos y de los hombres que lo conforman, donde reinan las nociones de ganancia y costo, expresadas en reducción de la incertidumbre para quienes la emprenden. Pero ¿qué seguridad se puede obtener en un mundo donde la violencia puede aparecer en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, con cualquier medio, incluyendo armas de destrucción masiva, a voluntad de quienes se consideran defensores del bien?. Ciertamente los resultados de esta lucha no se han expresado en ganancias calculadas por el mejoramiento de la seguridad internacional, o la de algún pueblo o persona, y el costo para todos ha sido muy altos, medido en desorden generador de incertidumbres. Afortunadamente esta insensatez esta focalizada en minorías que controlan factores de poder, ya se trate de facciones que controlan gobiernos de algunos estados, ya corresponda a bandas fundamentalistas que acumulan medios para el ejercicio de la violencia. La mayoría, como ha ocurrido con el pueblo español frente a esta manifestación de esa “lucha de exterminio”, no solamente la repudia, sino la rechaza. Incuestionablemente los resultados electorales del pasado domingo 15 de marzo son la mejor respuesta de una mayoría racional frente a esa crimen de lesa humanidad escenificado en Madrid. Es la expresión de la impugnación de la facción neofranquista, integrista por antonomasia, que comprometió a España en esa lucha absurda.

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