“Latifundista, con pistola en mano, arrasa con tierras y campesinos”

La gente de campo y de poblados aledaños o cercanos tienen la creencia –ojalá no estén equivocados- de que el presidente Chávez lee “aporrea” y toma en cuenta muchas cosas de las que allí se escriben. ¡He allí la importancia del internet para uso de buena información! Lo que sí es cierto es que el presidente lee y se entera de cosas que muchos de nosotros ni siquiera nos imaginamos suceden en la vida social cotidiana.

 Unos agricultores de la vía que comunica a Upata con El Manteco (estado Bolívar) me hicieron llegar, a través de internet, unos documentos para que los leyera y diera una opinión en “aporrea” sobre la grave situación que están viviendo como víctimas, según ellos, de un latifundista de nombre y apellido Alvaro González, quien dicen posee más de 5 mil hectáreas. Es cierto que la palabra nació para creerla, para comunicar y hacer entender a las personas entre sí. Sin embargo, no voy a decir que crea en todas y cada una de las cosas que me hacen llegar por documentos quienes se sienten afectados por la conducta de un latifundista determinado, aunque el latifundio tiene que desaparecer, sea por la vía de la expropiación o de la nacionalización, ya que eso se muestra demasiado atrasado para las exigencias de desarrollo y progreso de este tiempo y, mucho más, cuando en el país marcha un proceso revolucionario. Por lo tanto, lo que acá diga es en base a los señalamientos de agricultores que -incluso- han visto impotentes la destrucción de sus fincas por agentes al servicio del señor Alvaro González. Así se dice en un diario titulado “El Progreso” con fecha del 15 de diciembre de 2008.

 No se trata de determinar si los agricultores son del proceso bolivariano o no; no se trata de determinar si el latifundista es partidario o no del proceso o si está casado o no con una mujer de la familia del expresidente Raúl Leoni. Eso no interesa. Lo importante es buscar dónde está la razón y dar al que la tiene lo que se merece. Incluso, podría ser que un latifundista se declare fervoroso partidario de una revolución socialista, pero eso lo conduciría a entregar sus tierras al Estado, para que sea éste quien las explote en beneficio del pueblo y no de ninguna particularidad mientras llega la hora de la propiedad social sobre los medios de producción. Eso sí sería una mentalidad socialista. Eso tiene el mismo valor para los empresarios que comparten el ideal del socialismo, los cuales –por lo menos- deberían –por consciencia revolucionaria- hacer un reparto casi equitativo de la plusvalía que obtienen como producto de la explotación de mano de obra en el tiempo de plustrabajo que no remuneran al obrero. Si no hacen eso o no entregan sus fábricas o empresas al Estado socialista, tenemos derecho a pensar que aún siguen aferrados a los principios del capitalismo y del individualismo.

El señor Rober Yépez –quien no conozco-, en nombre de la Cooperativa “Los Tautacos R.S.”, sostiene que ya son varias las veces que sus vidas corren peligro de muerte en manos de supuestos agentes policiales adscritos a la Comisaría Nº 3 –se supone- de Upata, y de observar impávidos e impotentes cuando esos agentes, con motosierra en manos y un tractor, derrumbaron, aplastaron, destruyeron las fincas “La Flor del Brosquelito” y “Laja de Agua”. Agrega Rober Yépez que tienen datos que confirman que el señor Alvaro González, muerto de risa y festejando, fue quien dirigió las tropelías desde el interior de su poderosa finca “Los Novillos”, cuya ubicación se encuentra aproximadamente a 37 kilómetros de Upata.

Pero, dicen los denunciantes, que las agresiones, las ambiciones y el afán de engrandecer su latifundio, el señor Alvaro González, no tienen límite y le importa un pito la política antilatifundista del gobierno que preside el camarada Hugo Chávez. Se ufana de tener mucho poder económico como mucha influencia política en instituciones del Estado. Dicen que el día 12 de diciembre (montado en nissan de color negro, placas A98-AA2F y otros en un camión 3-50) se presentó con un grupo a su servicio y bien armado en el área de Santa Isabel (tierra más cerca del Manteco que de Upata), ordenó que todos los presentes se retiraran del lugar y comenzó la operación de destrucción en varias fincas del asentamiento rural “Las Tapias” en la sabana Santa Isabel. Los testigos sostienen que siempre van hombres uniformados de policías y que éstos señalan que fueron enviados por el comandante general de la policía del estado Bolívar, aunque el Comisario Luis Manuel Anumancín (jefe de la Comisaría Nº 3 del Municipio Piar), reconoció, en presencia de la doctora Paracaima Alvarez y de otros testigos, que él mismo fue quien dio la orden a sus policías de tumbar las infraestructuras de las fincas antes mencionadas y de reprimir a los presentes. Eso refleja,  de ser cierto lo que dice la doctora Paracaima Alvarez, que el comisario no necesitaba ninguna orden judicial, porque para él, el Derecho no puede estar por encima del poder de un policía. La defensora agrega que se cometió el exabrupto de violar, sin fórmula de juicio alguno, los derechos humanos del señor Whuaskar Alvarez, al ser detenido por la policía durante horas por el simple hecho de oponerse a que le destruyeran su finca.

Los denunciantes alegan tener sus papeles en regla, entre los cuales figuran algunos desde 1925 que les otorgan la propiedad, y hay uno de 1995 que concede el título supletorio de una finca al señor Whuaskar Alvarez.

Los denunciantes han recurrido a varias instancias, pero hasta la fecha no han obtenido una respuesta satisfactoria que se corresponda con el respeto a las leyes y a la propiedad. Démonos cuenta que siempre la propiedad privada será una fuente de conflictos, y que por eso el socialismo –ya en su etapa de propiedad social- será la solución definitiva ante las tropelías y perversiones sociales del capitalismo. Pero como la Constitución respeta la propiedad privada, lo correcto es sujetarse a las leyes del país.

¿Qué es lo más grave de las denuncias y que debe ser investigado por el gobierno nacional y regional?

Nada de lo anterior puedo afirmar como cierto, porque ni lo he percibido ni lo conozco a ciencia cierta, no estoy viviendo en la región y más bien me encuentro muy distante, a más de mil kilómetros. Lo que he escrito, lo repito, nace de la boca de los afectados, de los denunciantes, que decidieron hacerme llegar sus inquietudes para que las exponga en “aporrea”.

Lo más grave no es que a los agricultores les hayan destruido sus fincas. Muchas luchas en el mundo y, especialmente, en nuestro país se han caracterizado por esa metodología que no hace más que generar violencia de un lado y del otro. No olvidemos que Espinoza y su familia fueron víctimas de ese género de tropelías y terminó convirtiéndose en un vengador errante que asesinaba a cuanto creía oligarca que se le atravesara en su camino hasta que un día, el general Ezequiel Zamora se vio obligado, por las circunstancias y la alta criminalidad desatada por Espinoza, a fusilarlo. Sin embargo, lo que está sucediendo en la vía Upata-El Manteco no tiene viso de parecerse  lo sucedido a Espinoza, pero ya ha habido violencia de un lado y temor del otro. Eso debe ser frenado.

Lo grave está no sólo en que sea utilizada la fuerza pública (la policía) para cometer destrucciones de fincas, sino en que los denunciantes creen –con mucha seguridad según ellos- que el INTI del estado Bolívar se encuentra altamente comprometido y obedece a los intereses del latifundio o latifundista Alvaro González. Señalan que esa institución del Estado venezolano (creada para combatir el latifundio) lo que hace es defender a los poderosos amos de la tierra; oponerse a los derechos de los trabajadores de la tierra; estar al servicio de la oligarquía pero siempre hablando en nombre del socialismo y del gobierno que preside el camarada Hugo Chávez. Eso es lo más grave que debe ser investigado de inmediato y de ser cierto, corregirlo en lo inmediato para que el INTI cumpla con su papel liberador, de vocero de los trabajadores del campo, de arma contra el latifundio y no de opresor ni de despojador de tierras a los pequeños finqueros o productores del campo.

Y también debe investigarse algo que los denunciantes señalan o que tienen datos al respecto. Según, sus denuncias, el señor o latifundista Alvaro González pretende crear unas pistas clandestinas de entrada y salida de avionetas en las fincas destruidas, cuando el Estado (en combate contra negocios ilícitos) más bien las está destruyendo como ha acontecido en otras regiones del país. No sé si ello sea cierto o no, pero el Estado debe tener un control riguroso de las pistas y de propietarios que las tengan, porque nadie, absolutamente nadie, traslada ganado ni verduras (para la venta) en avionetas.

Ojalá este escrito sea leído por algún funcionario que tenga que ver con la materia expuesta. Nada cuesta con averiguar y llegar a la verdad verdadera, que es la única que contribuye con el progreso y la buena marcha del proceso bolivariano liberador que está viviendo nuestro país.



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Freddy Yépez


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