I Hay un problema que se plantea cuando uno aborda el tema de la inseguridad: el fatalismo. La situación es producto de reiterados fracasos y de la convicción que hay de que el fenómeno es crónico porque tiene mucho que ver con lo social y con las desquiciantes características de la urbe moderna. Es algo que nos aproxima a la constatación testimonial. A reiterar la denuncia genérica o la mención de estadísticas que, si bien confirma la gravedad del fenómeno, sustentan un discurso ineficaz. Un tema de tanta importancia para los ciudadanos se lo ha tragado la rutina. Al extremo de que la inseguridad es hoy por hoy lugar común. ¿Acaso no nos damos cuenta de lo que sucede? En el mundo de las palabras todo está dicho. Todo ha sido diagnosticado. Uno avanza en el tratamiento del tema por un cementerio de proyectos truncos, de buenas intenciones frustradas, de esperanzadores mensajes que caen en el vacío.

Porque hay que reconocer que casi siempre hubo la intención de enfrentar el flagelo. Hubo intentos durante la Cuarta República, y negarlo sería caer en el sectarismo político más cerril. Similar a lo que hoy hacen los cuestionadores de la política de seguridad de la Quinta República.

Una primera falla es esa: la politización o partidización del tema. Cada quien, desde su trinchera, pretende sacarle provecho para calificar o para descalificar.

Lo cual conduce a que en definitiva nadie acierte. A que cunda la decepción y se consolide la sensación de que no hay opción.


II Para no prejuzgar sobre las ejecutorias de pasados gobiernos y evitar suspicacias, me referiré a lo que se ha hecho -o querido hacer- desde que Chávez llegó a Miraflores. Ha habido planes coherentes y voluntad. Existe preocupación y angustia por lo que ocurre. Dos personajes del gobierno, Jesse Chacón y Pedro Carreño, titulares del despacho del Interior, no han vacilado en darle al tema la importancia que éste reclama. Ejemplo, Chacón elaboró planes bien articulados y propuso soluciones. Carreño se ha esforzado por darle coherencia a la acción frente al delito, combinando prevención con la acción, y buscando los recursos para dotar a los organismos policiales. ¿Qué ha pasado? Salvo algunos logros como la disminución circunstancial, puntual, de la incidencia delictiva y avances en la coordinación, el fenómeno se mantiene con la virulencia de siempre.

Aumenta la inseguridad en áreas urbanas y también rurales. Se dispara el secuestro; se multiplican los atracos, al igual que los robos y asesinatos. No se trata de aviesas campañas mediáticas destinadas a crear zozobra. Sin duda que las hay, pero el caldo de cultivo es innegable. Toda la población, sin excepción, se siente desasistida, abandonada a su suerte -o mala suerte. No halla respuesta en el Estado y tampoco está preparada para organizarse y participar en la lucha.


III En lo personal -admito que resulta cómodo decirlo-, no tengo soluciones. Cuando estuve en el gobierno me preocupé por el problema y trabajé al interior por una política de seguridad. Pero me parecer una falta de respeto con el ciudadano el alarde, o no admitir que formo parte del fracaso. Cada día que pasa internalizo más la angustia generalizada de la colectividad y me sumo al reclamo colectivo. E insisto, como lo he venido reiterando en público y en privado, que la única forma de encarar el problema es reconociendo lo que pasa, con su carga de fracasos, en vez de eludirlo. Es indispensable que Estado y sociedad compartan el compromiso de enfrentar el desafío.

La opción no es alguien en particular: somos todos. Dándole a la inseguridad el rango que tiene en la preocupación del venezolano. Más del 80% dice en las encuestas que es el principal problema del país, pero a la hora de establecer prioridades el dato es relegado. Una vez más insisto, no porque crea que es la fórmula mágica, pero sí porque pienso que ayudaría mucho que Chávez coloque el tema en su agenda y lo impulse con el vigor que imprime a sus iniciativas.

Álvaro Uribe
cada día con más problemas. Tiene abiertos varios frentes adentro como afuera. En la actual emergencia lo ayuda su excelente relación con Chávez, por lo que no se necesita especial agudeza para intuir que los factores antichavistas en Colombia y Venezuela harán lo posible por alterar esa relación...



Costa Rica
está convertida en base del antichavismo golpista. Personajes de la subversión -además, procesados por la justicia venezolana-, algunos requeridos por Interpol, viven en ese país y participan en planes desestabilizadores.

Casos: el general González González, juzgado por actos de terrorismo; el contralmirante Ramírez, MinDefensa de Carmona; el general Medina Gómez, uno de los jefes del golpe del 11A; los hermanos Farías, ex oficiales condenados por rebelión militar; el ex comisario López Sisco, participante en las masacres de Cantaura, Yumare y Caño Las Coloradas, asesor de seguridad del gobernador Rosales, prófugo de la justicia.

Según informes de inteligencia, Costa Rica juega, respecto a Venezuela, papel similar al que jugó en la conspiración contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Entonces facilitó acceso a la subversión a los aeropuertos...

En la entrevista
en Washington de Manuel Rosales con el subsecretario de Estado para Latinoamérica, Thomas Shannon, contrastó el descaro con que el venezolano planteó que el gobierno de EEUU presione contra la reforma constitucional, con la actitud comedida del norteamericano quien puntualizó que el tema es "un debate de los venezolanos", y que su Gobierno tiene la voluntad de acercarse al presidente Chávez. Una fuente del Departamento de Estado comentó que no gustó la actitud de Rosales, y que ahora se explicaba -luego de escucharlo- la crisis de la oposición venezolana...

El pelo
en la sopa. La dirección de Primero Justicia, partido que trata de diferenciarse del resto de la oposición, cometió un error: presentar en su congreso partidista a Jorge Quiroga, desacreditado ex presidente boliviano, acusado de violación de derechos humanos y actos de corrupción...

Yolanda Pulecio,
madre de Virginia Betancourt, dirigente colombiana secuestrada por la Farc, es muy crítica del presidente Uribe y manifiesta que éste "toma a la ligera el acuerdo humanitario". ¿El problema? Las presiones de la derecha, del "grupo Santos" y de los militares.