El actual escenario de guerra comercial, marcado por el aumento de aranceles y medidas proteccionistas, ha generado una reconfiguración económica global. Países como Estados Unidos, China y los que conforman la Unión Europea implementan legislaciones extraordinarias para proteger sus industrias, lo que ha derivado en nacionalizaciones y controles sobre recursos estratégicos. Sin embargo, estas medidas también han exacerbado la precarización laboral, especialmente en economías vulnerables, donde los trabajadores enfrentan salarios insuficientes y reducción de derechos.
En Venezuela, este fenómeno se agrava con el Decreto de Emergencia Económica y la propuesta de reforma constitucional, que buscan adaptar el marco legal a la crisis global, pero con el peligro inminente que sea a costa de derechos laborales. Mientras el gobierno mantiene un salario mínimo de 130 bolívares sin ajustes reales desde 2018, Fedecámaras promueve un "ingreso integral" de $200 mensuales, que en la práctica sustituye el salario digno constitucional. Estas medidas, junto con la reforma propuesta, podrían legalizar la flexibilización laboral, eliminando garantías como prestaciones sociales y estabilidad empleo, bajo el argumento de "atraer inversiones.
La situación refleja un patrón global: los Estados usan crisis económicas para justificar recortes a derechos fundamentales. El decreto de emergencia venezolano, similar a las leyes excepcionales en India o Rusia, prioriza la "seguridad económica" sobre los trabajadores, violando el artículo 91 de la CRBV y convenios de la OIT. Además, la reforma constitucional podría consolidar este modelo, debilitando la LOTTT y facilitando despidos o contratos precarios.
Esta estrategia no es aislada. Así como la UE y EE. UU. subvencionan industrias claves con fondos públicos, pero precarizan empleos, Venezuela impulsa un modelo donde la «adaptación a la crisis» recae sobre los trabajadores. La propuesta de reforma incluso amenaza con privatizar sectores estratégicos.
La crisis global evidencia que, tras las guerras comerciales y las medidas de excepción, hay un ataque coordinado contra los derechos laborales. Venezuela no es la excepción: el decreto de emergencia y la reforma constitucional profundizan la precariedad, lejos de soluciones reales como salarios dignos indexados a la inflación. Urge entonces resistir estos retrocesos, exigiendo que cualquier reordenamiento económico priorice a los trabajadores, no solo a las élites y en concreto llamar a la defensa del salario digno como motor de la economía nacional
*José Mendoza— abogado especializado en derecho laboral que ha apoyado a los trabajadores en diversos conflictos. En 2014, colaboró con el Sindicato de Trabajadores de Tiendas Tijerazo, quienes denunciaron el cierre repentino e ilegal de esta cadena de tiendas por parte de sus propietarios. Además, es el presidente del Observatorio Laboral Guessepe Raspa y participa en la Coordinadora Nacional Autónoma Independiente de Trabajadores (CAIT)