La reforma constitucional de Maduro. "Nueva economía" mismos objetivos

Poner la carreta por delante de los caballos es la expresión más ajustada a la tendencia de quedarse en los análisis estrictamente coyunturales de la realidad. El humo que se levantó tras la polarización entre Maduro y María Corina Machado termino distrayendo el necesario análisis de la dinámica real de poder y de los acuerdos sociales que enmarcan el conjunto de la sociedad venezolana. El hecho de que las cámaras patronales se abstuvieran de apoyar a la toma de posesión de Edmundo Gonzales y la postura distante de los estados unidos y los gobiernos de "derecha" de la región marcan un antecedente central en la confrontación Oficialismo- Oposición de los últimos 27 años. Por un lado, las organizaciones patronales se centran en maximizar los beneficios de sus acuerdos con el gobierno (incentivos fiscales y flexibilización por vía de hecho de los marcos protectorios de los trabajadores), La postura tibia de Trump no hace más que reflejar los acuerdos entre el estado Venezolano y el lobby petrolero y su necesidad estratégica de abaratar costos de extracción. Entonces, la economía arrastra la política, no al contrario. Se trata de correlación de fuerzas de actores sociales y de actores económicos con expresiones sociales.

Bajo una nueva coexistencia, el 10 de enero Nicolás Maduro asumió la presidencia para su tercer periodo. Con una estrategia de legitimación, su propuesta de gobierno se centra en una reforma constitucional, para la cual hace un llamado para un debate entre los diferentes actores sociales. El eje de la reforma se centra principalmente en consolidar la "democracia popular" y en diseñar una "nueva economía". Necesitaríamos entonces definir las formas en las cuales los actores sociales participarían en este debate nacional, y esto parte por reconocer toda expresión de intereses colectivos, es decir, bajo ninguna circunstancia podríamos hablar de una democracia participativa si los medios de participación y los ejes de discusión son impuestos y tutelados por instancias institucionales y factores económicos con acuerdos adelantados y consolidados.

La realidad del 2025 es muy distante de la realidad del 2013 en el primer mandato de Maduro, durante esos años la oposición desarrollo un golpe institucional desde la asamblea nacional del 2015, mientras que paralelamente las cámaras patronales ejercieron su fuerza social para torcerle el brazo al gobierno y lograr perforar los marcos proteccionistas de las grandes mayorías, su estrategia central fue el uso de prácticas como la especulación, el acaparamiento, lockout, entre otras. Las declaraciones de estos sectores durante esos años se basaban en la petición de políticas más garantistas para el capital, pedían la reforma de la LOTTT, protestaban la retroactividad de las prestaciones sociales, la inamovilidad laboral, pedían excepciones y beneficios para "resistir" la crisis. Miles de trabajadores fueron despedidos de empresas como Polar, Regional, Coca-Cola, Pepsi, Cargil y otras tantas. La conflictividad laboral alcanzó niveles nunca vistos, la desobediencia y el desacato eran prácticas comunes ante las decisiones de instancias como la inspectoría del trabajo.

La llamada guerra económica se basó en crímenes socioeconómicos y prácticas fraudulentas que quedaron impunes en gran medida por falta de voluntad política, pero elementalmente porque no existen marcos legales que permitan penalizar y regular a los criminales económicos, ni siquiera la asamblea nacional constituyente del 2017 logro legislar en esa materia. Por un lado, los accionistas están protegidos por velos corporativos y, por otro lado, las personas jurídicas no tienen regulaciones adjetivas (procedimientos de penalizaciones y sanciones económicas). Más allá de la impunidad, luego del 2018 los grupos económicos consiguieron beligerantemente conseguir acuerdos de cohabitabilidad con el estado. Por vía, de hecho, el estado bajo una política de "no hacer" permitió una reconfiguración económica del sector privado basada en la disminución del costo de la mano de obra por medio de cierres y despidos masivos. La llamada recuperación económica se basa en el cese del acaparamiento para el flujo de mercancía sobre una cotización en divisas, en "incentivos para la inversión". Entonces, la construcción de la llamada "nueva economía" tiene ya cimientos preestablecidos, así las cosas, ¿existe la voluntad política para regular y restringir el caos y la anarquía del mercado?, o, por el contrario, se busca concretar las políticas de apertura y flexibilización.

A estas alturas sería un infantilismo creer que la polarización en Venezuela es entre izquierda y derecha, entre María Corina Machado y Maduro. La realidad es que de fondo, existe la necesidad del mercado de garantizar sus condiciones de inversión mediante la profundización de la flexibilización y la desregularización, la LOTTT resulta sumamente incómoda aunque su aplicación sea administrada discrecionalmente por el estado en su política de dejar hacer, todo apunta a una contrarreforma laboral más conveniente para los grupos económicos, pero para eso habría que reformar la constitución, anular los principios constitucionales en materia laboral. Por otro lado, resulta conveniente legitimar una reforma sobre la premisa de fortalecer la "democracia popular", de esta manera se facilita diluir las fuerzas sociales en una discusión que representa un callejón sin salida ¿o es que acaso la "nueva economía" incluye una economía popular por fuera de la economía de mercado?



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