El día siguiente

El problema fundamental para el país, luego de que se desmorone el madurismo y este salga del poder –cosa que sucederá más temprano que tarde–, sin duda, será el de la gobernabilidad, un problema nada fácil de afrontar de cara a lograr su estabilidad. Por ello, resulta fundamental definir de qué gobernabilidad estamos hablando.

Luego de la euforia inicial por la caída del gobierno opresor, todas las fuerzas políticas se desplegarán en el país. A unos, se les ha permitido actuar; mientras que a otros, sobre todo del campo Chavista y Bolivariano, el gobierno nos ha reprimido con verdadera saña. Sin embargo, con un país liberado, NADA impide que nos volquemos también a la calle junto al Pueblo, es nuestro deber.

Lo primero que se debe hacer, es restablecer el principio constitucional de que la Soberanía reside en el Pueblo. Ésto quiere decir que, luego de 10 años de conculcación y violacion de los derechos y garantías, el Pueblo, libre de la represión y de la violencia del Estado, debe lanzarse y mantenerse en la calle, para volver a ser protagonista del rescate del Hilo Constitucional y ser el garante de los principios establecidos por el mismo.

Con el Pueblo movilizado, deben LIBERARSE a TODOS los detenidos arbitrariamente y a los presos políticos secuestrados en los distintos centros de detención del gobierno, incluyendo luchadores sociales, activistas políticos, trabajadores, militares y familiares tomados como rehenes por el gobierno.

En este aspecto, deben salir TODOS los presos políticos, sean del bando que sean. Es fundamental reconocer como presos políticos a los trabajadores de PDVSA y los prisioneros chavistas, quienes llevan casi 7 años secuestrados por el gobierno y que ningún reporte, ni organización, los reconoce como tales. Los centros de detencion y tortura deben ser clausurados, cerrados, que nunca más existan sitios como "la Tumba", "ni la Casa de los Sueños". El Helicoide podría ser la Sede de una Universidad o Institución que sea garante de los Derechos Humanos en el país.

Luego, un aspecto fundamental, clave para lograr la gobernabilidad, es que se debe exigir la restitución plena de la Constitución y las leyes de la República. Nuestro Texto Constitucional fue producto de un amplio debate Constituyente y aprobado en un proceso electoral transparente.

La Constitución, aprobada en 1999, es y sigue siendo, el único marco de referencia que tenemos para restablecer la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país. Los principios allí consagrados, siguen teniendo una vigencia extraordinaria y nos permitirán avanzar en la reconstrucción de la Patria.

Inmediatamente, se debe desmantelar todo el sistema de represión y violación de los Derechos Humanos, creado por el madurismo para reprimir al pueblo e instalar el miedo en la sociedad. Los cuerpos policiales y de inteligencia señalados por los distintos Organismos Internacionales de las Naciones Unidas, como Instrumentos de la Violación de los Derechos Humanos en el país, deben ser intervenidos y desmantelados: DGCIM, SEBIN, CONAS, FAES, entre los más evidentes.

Los perpetradores de violaciones a los Derechos HUmanos, torturas, tratos crueles y degradantes, así como crímenes políticos o de Lesa Humanidad deben ser llevados a los tribunales de la República, unos nuevos, especialmente constituidos para estos casos, donde se les respeten sus derechos, pero que se conozca toda la verdad sobre la violencia del Estado en este terrible período del madurismo. No puede haber impunidad

Debe cesar la persecución política, la judicialización de la política, y crear las condiciones de seguridad jurídica para la vuelta al país de los exiliados y perseguidos políticos.

Debe crearse una COMISIÓN de la VERDAD para hacer una exhaustiva investigación de todas las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el país, durante el período del madurismo. En este trabajo será fundamental la cooperación de los Organismos Internacionales de los DDHH de la ONU, así como la CPI.

El Sistema de Justicia debe ser intervenido integralmente, ésto es, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (Ministerio Público). Separar de sus cargos a los responsables directos, Jueces y Fiscales (titulares, provisionales y suplentes) nombrados de manera irregular por las actuales autoridades y considerados personal de confianza del madurismo, que han sido instrumento de la violación de los DDHH en el país y la judicialización de la política; todos ellos deben ser sustituidos por profesionales que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la Constitución y las Leyes. Deben ser jueces y fiscales de reconocida probidad, que actúen apegados a la justicia y las leyes de la República.

Debe restablecerse el principio de la Separación de Poderes y el restablecimiento del Estado de Derecho, garantizar al ciudadano todos sus Derechos Humanos, eliminando las prácticas de tratos crueles y degradantes, así como la exposición al escarnio público; eliminar la intromisión de las altas autoridades del Estado en los procesos judiciales, salvaguardando el debido proceso, y el principio de la presunción de la Inocencia.

Debe eliminarse la censura y la práctica de utilizar los medios públicos para instigar el odio y la persecución política. Debe investigarse el origen de los recursos con los que este gobierno adquirió medios de comunicación del país y permitir la libertad de prensa y la libre expresión en la Radio y Televisoras. Debe desmantelarse todos los centros de bots y trolls operados desde el gobierno y utilizados para la persecución política y las campañas de difamación e injuria.

Deben derogarse todas las Leyes, Decretos y sentencias de carácter Inconstitucional, aprobados por el gobierno, el TSJ y la Asamblea Nacional, incluidos aquellos aprobados de manera ilegal por la extinta Constituyente de 2017, y revertir sus efectos, sobre todo, aquellos que afectan el interés público o las garantías de los ciudadanos.

Debe presentar un Plan de Emergencia Nacional, para atender la grave crisis humanitaria, la pobreza, el hambre y la desigualdad. Deben convocarse a todas las instituciones nacionales e internacionales para elaborar estos planes y estructurar Misiones Sociales, que permitan atender los problemas más urgentes de la infancia, mujeres y adultos mayores.

Debe recuperarse el sistema público de Salud, para fortalecerlo en todas sus capacidades. Atender, con carácter de urgencia, sus necesidades de dotación, equipos, insumos, medicamentos, personal especializado, médicos, enfermeras, personal sanitario.

Igualmente, debe atenderse el sistema educativo nacional, en todos los niveles. Desarrollar un Plan de restablecimiento de infraestructura y dotación, así como, un programa de recuperación de los cuerpos docentes, maestras y profesores, en todos los niveles: maternal, escuela primaria, educación media y universitaria.

Un Plan especial debe desarrollarse con nuestras Universidades e Institutos de Educación Superior, los cuales deben fortalecerse y recuperarse plenamente.

La Salud y la educación deben ser públicas, de libre acceso y de calidad, constituyéndose en los pilares fundamentales de la reconstrucción del país y de nuestra sociedad.

Para sostener estos programas sociales y de recuperación del país, se debe recuperar nuestra industria petrolera y nuestra soberanía económica; ésto resulta en un elemento fundamental. El ÚNICO instrumento REAL que tenemos para ello, es el petróleo, el ingreso petrolero al servicio del Pueblo. Por ésto, deben desarrollarse medidas especiales de recuperación de este sector estratégico.

Deben revertirse todos aquellos Decretos, acuerdos y Contratos, que violen la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el Texto Constitucional, sobre todo, en lo referente a la Reserva que hace al Estado del control de la actividad petrolera.

Deben ser revertidos al Estado, por intermedio de PDVSA, todos los activos, campos y actividades, cedidas ilegalmente a los particulares y restablecer la plena vigencia de los términos y condiciones de los contratos de las Empresas Mixtas Existentes, constituidas de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Constitución.

Las transnacionales petroleras y empresas particulares que participan de la actividad en el país, deben AJUSTARSE estrictamente a lo establecido por la Constitución y las Leyes de la República. Nadie puede operar en el sector atendiendo disposiciones establecidas en licencias o resoluciones de otros países.

Deben restablecerse todos los mecanismos de control y rendición de cuentas en la Industria Petrolera, PDVSA y la Administración Pública en general. Eliminar la inconstitucional Ley Anti-Bloqueo y el SECRETO en la actuación de las empresas del Estado. Debe auditarse la actividad de PDVSA y del sector petrolero, particularmente, entre los años 2017-2024, período en el cual dejó de existir la información pública sobre PDVSA, ni contable, y no se publicó ninguna auditoría de los Estados Financieros, operaciones y resultados de nuestra principal empresa del país.

Nuestra empresa petrolera nacional, PDVSA debe fortalecerse, restablecer todas sus capacidades operativas en el área de petróleo y gas, refinación y procesamiento para atender la demanda interna de combustibles y la exportación. Deben ser devueltos a PDVSA los activos, infraestructura, campos y el control de las actividades de producción de petróleo y gas cedidas ilegalmente a los privados en el marco de la Ley Antibloqueo y las distintas modalidades contractuales establecidas desde el 2018, violatorias de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Deben restablecerse los derechos de los trabajadores y devolver el FONDO de Pensionados y Jubilados de los Trabajadores de la industria petrolera, que es una deuda de PDVSA con sus trabajadores y que nunca se han reconocido los administradores designados por el gobierno de maduro.

Petróleos de Venezuela, PDVSA, con sus nuevas autoridades de dirección, debe presentar al país un Plan de Recuperación de la producción de petróleo y gas, así como, del sistema de Refinación y procesamiento de gas del país. En este Plan, debe participar todo el país, junto a los trabajadores, Universidades y todas las capacidades del Estado y del sector petrolero nacional en función de la recuperación de nuestra actividad petrolera, lo que resulta vital para la reconstrucción del país. Dicho Plan debe estar en el marco de lo establecido en nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente.

El Ministerio de Petróleo debe retomar la conducción de la política petrolera del país y volver a la Plena Soberanía Petrolera, para fiscalizar y controlar la actividad fundamental de la economía nacional y restablecer el régimen fiscal petrolero, Regalías, Tasas e Impuestos, para colocar la renta petrolera, el ingreso petrolero al servicio del pueblo, para la reconstrucción del país.

En lo económico, el Estado debe asumir la dirección de la economía y colocarla al servicio del Pueblo, de los ciudadanos, tal como establece el texto Constitucional.

Deben devolverse, restablecerse al Estado, todas las empresas e instituciones que han sido cedidas al control de los intereses privados. Se debe crear una COMISIÓN de REVERSIÓN para identificar todos los bienes y activos del Estado Venezolano, que han sido entregados o cedidos de manera irregular a los privados y así recuperar los activos y recursos que son del Pueblo Venezolano.

Debe restablecerse el Bolívar como moneda oficial y hacer un ajuste significativo del salario mínimo de los trabajadores. Debe eliminarse la perniciosa práctica de la bonificación del salario y deben restablecerse todas las conquistas y derechos laborales arrebatados por el gobierno.

Debe estimularse la organización sindical y las plenas libertades a los trabajadores para reconquistar todos sus derechos y luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo, acabando con la tercerización y precariedad del mismo.

Debe suspenderse de inmediato, la actividad minera y depredadora en el llamado Arco Minero. El Estado debe recuperar el control de toda esta extensa área territorial. Debe crearse una Comisión Nacional Ambiental, y presentar un Plan de Remediación de todas las áreas afectadas (bosques, ríos y suelos), así como, salvaguardar y restablecer los derechos y condiciones de vida de los Pueblos Indígenas, habitantes originarios de ese territorio.

En el ámbito de las relaciones internacionales, debe articularse una estrategia nacional de defensa y recuperación del territorio Esequibo, impedir que la presencia de las transnacionales petroleras nos arrebate nuestros recursos naturales, la soberanía sobre nuestro territorio y espacio marítimo, así como el bloqueo a nuestra salida Atlántica. Lejos de una confrontación con Guyana, debe asumirse una posición firme de reafirmación de nuestra soberanía y buscar una salida diplomática y legal.

Debe restablecerse la posición de Venezuela en el mundo y con los diferentes Bloques económicos y políticos, fortalecer nuestras iniciativas regionales, así como exigir el cese de las medidas coercitivas unilaterales y ejercer una firme defensa de nuestros activos en el exterior como CITGO. Debemos hacer presencia activa en los tribunales internacionales en defensa de nuestros derechos y soberanía, donde se han abierto juicios de arbitraje en contra de nuestro país, por la negligencia e inacción del actual gobierno.

Finalmente, debe cesar el odio, recuperarse la espiritualidad de nuestro país, de nuestra sociedad. Debemos poner de lado la intolerancia y la revancha, el individualismo y los intereses grupales. Hay que pensar en grande, hacia el futuro, para volver a lo afirmativo venezolano.

Éstas son algunas de las medidas, líneas de acción, que deben tomarse para iniciar la recuperación y reconstrucción del país luego de la salida del poder del madurismo, y que nuestra Patria vuelva al cauce de la Constitución y las Leyes. Hace falta el concurso de todos, de las fuerzas Patriotas, Bolivarianas, y de todos aquellos que queremos a nuestra amada Venezuela, para que vuelvan los millones y millones de venezolanos, que han debido dejar el país buscando un futuro para sus hijos; para que cese la separación de las familias y, todos juntos, podamos repensar el futuro, la Patria que queremos.
Este es un programa mínimo de gobernabilidad del país, sino irremediablemente seguiremos en el abismo. La Fuerza Armada Bolivariana, junto al pueblo, tiene un rol fundamental, retomando su responsabilidad de defender la Constitución y las garantías sociales. Que cada quien asuma su papel y responsabilidad histórica. El Pueblo Venezolano tiene la palabra y nada, ni nadie, lo detendrá.



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Rafael Ramírez Carreño

Ingeniero y político venezolano. Ex-embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU. Ex-ministro de Energía y Minas y expresidente de empresa pública Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) hasta el año 2014. Militante Revolucionario, Chavista y Bolivariano.

 @RRamirezVE

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