Desde el año 2015 la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas que conformamos con orgullo, amor de Matria/Patria, y, en consecuencia defendemos esta Nación denominada VENEZUELA, estamos padeciendo una variedad de limitaciones, carencias, sufrimientos, deterioros de nuestras condiciones de vida y bienestar, al cual habíamos accedido progresivamente después de intensos esfuerzos y sacrificios individuales, familiares y colectivos desplegados durante muchos años, en particular desde la segunda mitad del siglo XX, avances acelerados y expandidos ampliamente desde los comienzos del siglo XXI. Estas graves circunstancias actuales comenzaron en 2015, mucho antes de la aparición de los dos graves problemas mundiales/globales de la pandemia de Virus tipo Corona (SARS-Cov-2 o Covid-19) y la recesión económica mundial. El caso de los venezolanos es muy particular y merece diversos estudios independientes, orientados por sólidas y honestas orientaciones científicas y humanísticas. Esto permitirá desnudar las diversas razones, motivaciones, intenciones, ambiciones y perversidades de personas de nacionalidad venezolana, quienes desde sus actividades como políticos, funcionarios, burócratas, empresarios, comerciantes, académicos, científicos, intelectuales, artistas, líderes religiosos, locutores y comunicadores se han dedicado durante estos años comprendidos entre 2015 hasta 2022 a solicitar, exigir, promover, justificar y finalmente ocultar/negar las más diversas medidas coercitivas internacionales, sancionatorias, bloqueos económicos/comerciales/financieros, secuestros y robos de bienes/activos de la Nación Venezolana ubicados/depositados legalmente en instituciones financieras del exterior.
No sólo nos han atacado, golpeado, humillado, vejado, arruinado, sometiéndonos a las más duras condiciones de vida, también nos agreden y ofenden al tratarnos como seres humanos con graves deficiencias y limitaciones neurológicas e intelectuales. Esto se evidencia, de manera contundente e inequívoca, cuando expresan a través de sus escritos, entrevistas, portales telemáticos, declaraciones y opiniones, las argumentaciones para ocultar las graves consecuencias derivadas de las prolongadas sanciones y medidas coercitivas internacionales, ocultando sus impactos sobre toda la economía pública y privada de la Nación Venezolana y de manera dramática sobre sus habitantes, demostrando con estas expresiones su enorme perversidad, así como su profundo desprecio por la vida de las mayorías sociales del país.
Es por ello que en este momento es indispensable que las personas que han participado como candidatos a cargos públicos de elección popular, bajo la organización y administración del Consejo Nacional Electoral (CNE-Poder Electoral) quedando electos y ejerciendo actualmente esos cargos como funcionarios/empleados públicos en la actualidad, suscriban un Compromiso de Estado por la Nación y la Vida de los Venezolanos. Nos referimos en orden jerárquico a los siguientes funcionarios o empleados públicos:
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela; los 277 Diputados/Diputadas miembros de la Asamblea Nacional; los 23 Gobernadores/Gobernadoras de Estado; los 253 Miembros de los Consejos Legislativos Regionales; los 335 Alcaldes/Alcaldesas de los Municipios y los 2.471 Concejales/Concejalas que integran las 335 Cámaras Municipales de Venezuela. Estos funcionarios/empleados públicos, financiados actualmente con los recursos del Presupuesto Público Nacional, totalizan la cantidad de 3.360 ciudadanos y ciudadanas.
Todos ellos tienen en común que cuentan con la nacionalidad venezolana, todos ejercen sus derechos como ciudadanos/ciudadanas de este país e inscritos en el Registro Electoral Permanente, todos se inscribieron ante las oficinas del CNE para formalizar sus aspiraciones como candidatos/candidatas para optar a los diversos cargos públicos, desde el Presidente de la República hasta los Concejales/Concejalas. Todos utilizaron y se apoyaron en el CNE para desarrollar sus campañas electorales, contando con las garantías para participar en cada uno de los procesos electorales. Todos ofrecieron en sus campañas proselitistas, que una vez electos, ayudarían y apoyarían a los venezolanos/venezolanas de sus jurisdicciones electorales, para garantizarles sus derechos constitucionales, así como sus derechos a una vida digna sustentada en el bienestar económico y social. Todos se beneficiaron de la participación de los miembros de instituciones públicas como las FANB y los cuerpos de seguridad del Estado, desplegadas en todo el territorio nacional, a través de los Planes República, con la finalidad de garantizar el orden público, la paz y el desarrollo efectivo de los distintos procesos electorales. Todos tienen en común que han sido beneficiarios de los Recursos Presupuestarios de la Nación, destinados al desarrollo de los procesos electorales. Todos se beneficiaron con la participación de las más diversas instituciones públicas antes, durante y después de cada proceso electoral, a través de las cuales se garantizó la transparencia, respeto y ejercicio de los derechos como candidatos y candidatas. Todos juraron de manera oficial, pública y solemne, al momento de asumir estos diversos cargos como Funcionarios o Empleados Públicos por Elección Popular, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todas las leyes de la República. Finalmente, Todos estos funcionarios electos reciben del Presupuesto Público Nacional, los recursos económicos, personal de nóminas, los bienes y los activos para desempeñar, de manera efectiva y con suficientes soportes, sus cargos como Funcionarios Públicos. Es decir, que todos son beneficiarios de los recursos públicos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela y están destinados al financiamiento de sus actividades como Funcionarios/Empleados Públicos al Servicio de la Nación y particularmente de sus electores y habitantes en general.
Entonces, no hay ningún impedimento legal, institucional o ético para que cada uno, desde sus respectivos cargos obtenidos por elección popular y voluntaria de los venezolanos, sus actuales beneficiarios, se resistan o evadan suscribir un compromiso de vida a favor de los electores/electoras y sus familias. Lo pertinente, adecuado y urgente es discutir y suscribir a la mayor brevedad, un documento muy concreto de solicitud de suspensión de todas esas medidas internacionales que afectan de manera severa el bienestar, la estabilidad social y psicológica, la salud, la alimentación, los ingresos salariales, el transporte en todas sus modalidades, la seguridad social, la educación, la recreación y la vida de todos los venezolanos y venezolanas, nos referimos a quienes ejercemos el derecho a votar y elegir en cada proceso electoral. Este documento, su redacción, discusión y aprobación, no debería exceder el lapso de un mes. Inmediatamente se enviaría a los Jefes de Estados y Gobiernos que han organizado y ejecutado todas estas acciones coercitivas, así a como todos los Jefes de Estados y Gobiernos de las naciones que integran la ONU, así como a todos los organismos multilaterales existentes actualmente, convirtiéndolo en un documento público internacional y nacional que llegue hasta todos los venezolanos que formamos parte y constituimos la sangre, el sudor y la esencia cultural de esta nación denominada VENEZUELA.
