Gracias a la aplicación de Telegram, y como activista de Derechos Humanos, me llamó poderosamente la atención una información que salió en el canal de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, y por la importancia de la misma, es que me he motivado a escribir sobre este asunto.
La información in comento tiene que ver con una videocoferencia encabezada por el Agente del Estado ante la ONU y Secretario Ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos de nuestro país, compañero Larry Devoe, en el marco de la ejecución del plan de trabajo de cooperación y aisstencia técnica entre nuestro país y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, oficina está dirigida por la inefable ex presidenta chilena, Michelle Bachelet. La referida videoconferencia tenía que ver a un taller telemático que la ONU impartió para instituciones del Estado venezolano de cara a la preparación de Venezuela para el Examen Periódico Universal (EPU).
Para quienes no manejan los términos en materia de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de las Naciones Unidas en la que los países integrantes del sistema de Naciones Unidas tienen la obligación de someterse a esta revisión la cual realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual está integrado por 47 países, y que casualmente Venezuela pertenece a dicha instancia hasta el próximo año.
Pero volviendo a la información que les comento, en esa videoconferencia del jueves, el secretario ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos, acompañado de la coordinadora adjunta de la Oacnudh en Venezuela, Hélene Devaux, dieron inicio a la jornada formativa donde se socializó y explicó el funcionamiento del ciclo de trabajo del Examen Periódico Universal.
Durante su intervención, el secretario Devoe destacó el «compromiso al más alto nivel» que ha asumido Venezuela con el EPU.
Asimismo, aseguró que Venezuela se ha encargado de promover y estimular la participación de las organizaciones y de la sociedad civil en el examen, agregando que, durante los últimos 4 años, el país «ha avanzado en la aplicación de las recomendaciones del Examen Periódico Universal del año 2016«.
Durante la jornada, Noemy Barrita-Chagoya, Santiago Martinez de Orense, Larissa Carvalho y Silvia Olivares, todos miembros de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH en Ginebra, detallaron brevemente las características del EPU, su vinculación con otros mecanismos de derechos humanos, su aporte a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre otros items vinculados, resaltando además «el papel de los Gobiernos e insistiendo en mejorar las prácticas» para la realización del mismo.
En ese sentido, el representante permanente de Venezuela ante la ONU-Ginebra, Héctor Constant Rosales, insistió en la despolitización del mecanismo y rechazó cualquier «ruido e interferencia» de factores externos, haciendo referencia a la «pseudo misión de determinación de hechos sobre derechos humanos en el país» que pretende hacer de los DDHH un arma para continuar agrediendo el nombre de Venezuela en el mundo.
El taller estuvo dirigido a las instituciones del Estado venezolano involucradas en este proceso, entre ellas, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, la Defensa Pública y la Inspectoría General de Tribunales.
Cabe destacar, que la representación de la Oacnudh compartió la información como parte del plan de trabajo de asistencia y cooperación técnica acordado con el organismo de la ONU, luego de la firma del Memorando de Entendimiento suscrito en septiembre de 2019 entre la alta comisionada Michelle Bachelet y el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
Ahora bien, topándome con esta información, y continuando mi revisión de informaciones en diferentes y variadas plataformas tecnológicas, pude encontrar la información referida a una protesta de reclusos del retén de San Carlos, ubicado en la parroquia San Carlos, en el municipio Colón en el estado Zulia, en el sur del lago de Maracaibo. Casualmente, la referida protesta ocurrió el 24 de julio, aniversario del natalicio del Libertador Simón Bolívar y 198 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, esto por retardos procesales en muchas causas. Esta información fue obtenida por un reporte del periodista Lenin Danieri a través de su cuenta twitter. Los privados de libertad denunciaron también que hay "negocios" dentro del sistema judicial.
En ese sentido, es una tarea que tiene pendiente la Comisión Presidencial para la Reforma Judicial que lidera el compañero Diosdado Cabello Rondón junto a la Primera Combatiente, Cilia Flores.
Pero, podrían ustedes preguntarse: ¿Qué tiene que ver eso con el Examen Periódico Universal y Venezuela en el marco de la actual coyuntura política?
En primer lugar, porque la República Bolivariana de Venezuela el próximo mes de enero de 2.022 será sometida por tercera vez a este mecanismo de revisión por parte de la Organización de Naciones Unidas, a su situación de Derechos Humanos. Allí se va a medir el grado de satisfacción y respeto en materia de Derechos Humanos por parte de la población.
De allí la importancia de los recientes pronunciamientos, no sólo de la relatora especial Alena Douhan, que he comentado en varias entregas de esta columna, sino de seis relatores más, sobre el impacto negativo que las Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por EEUU a Venezuela han tenido en el disfrute de Derechos Humanos para nuestro pueblo.
El Examen Periódico Universal (EPU) es una evaluación entre Estados. El Consejo de Derechos Humanos orienta este mecanismo hacia un proceso continuo y progresivo de entendimiento y cooperación interestatal y multilateral dirigido a fomentar las capacidades y las medidas correctivas implementadas por los Estados en cumplimiento de sus obligaciones y compromisos con los derechos humanos.
Pero no es menos cierto también que con un tema tan amplio, y a la vez delicado como éste, se ha tratado de atacar políticamente a la República Bolivariana de Venezuela, y legitimar con esto mecanismo de "intervención humanitaria" que atenta contra los principios de las propias Naciones Unidas como lo es la no injerencia y no intromisión de los asuntos internos dentro de nuestros países.
La primera oportunidad que tuvo la República Bolivariana de Venezuela en ser objeto de esta revisión de este mecanismo fue el 7 de octubre de 2.011. Para ese momento, ya diversos organismos internacionales de Derechos Humanos se alineaban en el ataque contra nuestro país aprovechándose de la convalecencia del Comandante Presidente Hugo Chávez por su cáncer, que, bajo la excusa de expresar su preocupación por la situación de Derechos Humanos en Venezuela, pretendieron legitimar políticas de injerencia e intervención en el país.
Al realizarse el debate entre las delegaciones de los estados, algunos en sus intervenciones reconocieron los esfuerzos realizados por Venezuela para la reducción de la pobreza y como parte de ello la creación de las misiones, el proceso de reforma policial iniciado en 2006, las políticas para promover la igualdad de género y las medidas desarrolladas para facilitar el ingreso de estudiantes en las universidades.
Pero otros países, alineados a los intereses hegemónicos de EEUU, bajo la fachada de preocupación sobre la falta de independencia del sistema de justicia, las restricciones a la libertad de expresión, el alto número de personas asesinadas por cuerpos policiales y la grave situación penitenciaria. Exhortaron a no persistir con prácticas de discriminación por motivos políticos y a cesar la criminalización del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, todo como parte del apuntalamiento de ataques contra el Estado venezolano, a los fines de reforzar la tesis de Estado Fallido y Estado Forajido, que provocase una resolución por parte de Naciones Unidas, y en especial del Consejo de Seguridad, y así legitimar una intervención "humanitaria" contra nuestro país.
La delegación del estado venezolano encabezada en aquella oportunidad por Nicolás Maduro quien ocupaba el cargo de Vicepresidente de Soberanía Política y Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, rechazó un conjunto de recomendaciones que le fueron indicadas por varios países entre ellas las siguientes:
Aplicar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como prevé el artículo 23 de la Constitución (Bélgica); Luchar activamente contra el abuso de poder por las fuerzas de seguridad (República Checa) Abolir la práctica de utilizar el sistema judicial para acallar las críticas al Gobierno, reforzar la independencia del poder judicial aumentando el apoyo institucional y material al sistema de justicia y poner fin al carácter provisional del nombramiento de los jueces (Israel) Reiterar públicamente su apoyo a los defensores de los derechos humanos, crear un entorno en el que puedan trabajar libremente y tomar medidas para luchar contra la impunidad de los autores de agresiones y amenazas contra ellos (Francia).
Todos esos argumentos se caen de maduro, ya que para ese momento ya Venezuela había denunciado el tratado de la CIDH y desincorporado del referido mecanismo del Sistema Interamericano. Casualmente los países que le hicieron esas recomendaciones, están alineados con EEUU, uno de los principales países violador de Derechos Humanos en el mundo.
El 01 de noviembre de 2016 se produjo la segunda evaluación de Venezuela. Es decir, cinco años después. En ese lapso los ataques al país en materia de Derechos Humanos escalaron, pero al igual que en la primera oportunidad, Venezuela aprobó dicha revisión. Por supuesto, los conglomerados mediáticos nacionales e internacionales se entraron en la matriz de que el gobierno de Nicolás Maduro no había mostrado voluntad para cumplir las recomendaciones establecidas no solo en el anterior proceso de evaluación, sino que, en ese examen realizado en 2016, adoptó una actitud más renuente y hostil, lo que es totalmente falso. Asimismo, buscaban evidenciar que se avanzaba en una ruta peligrosa de incremento de violaciones lo cual implicaba cada vez más riesgo a la población en el cercenamiento de los derechos humanos y una actitud desafiante ante el sistema internacional de protección tal como ocurrió a no seguir reconociendo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y rechazar las visitas de relatores de Naciones Unidas.
Nada se comentó en aquella oportunidad por parte de los agresores que estaba en pleno desarrollo una incipiente política de agresiones a través de todo un conjunto de medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU a Venezuela.
Cabe destacar que, en 2016, 170 organizaciones "no gubernamentales" apuntalaron ataques contra nuestro país a través del envío de 50 informes que abarcaron 25 temas en materia de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; así como la situación de poblaciones específicas como las personas mayores, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad, mujeres.
Para la evaluación 2022 las Ong tienes hasta el mes de julio para presentar nuevamente informes. De ahí, que organizaciones como Foro Penal y Provea, liderarán y serán la vanguardia una vez más de los ataques contra el país, a través de la politización en este tema de Derechos Humanos en la que buscarán establecer un cuadro perceptivo del contexto nacional de crímenes de lesa humanidad, supuesta persecución a las organizaciones sociales críticas a la gestión de gobierno y con más de 350 "presos políticos".
Así que todas estas informaciones que estaremos viendo durante estos próximos meses referidas al tema de Derechos Humanos, apunta hacia el objetivo de engrosar el expediente de las supuestas violaciones en materia de Derechos Humanos, para legitimar una intervención de tipo humanitaria contra Venezuela.
No olvidemos que nos acercamos a los meses de agosto y septiembre, cuando se activan las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas y de todo su sistema. Además, que en septiembre está prevista la presentación del informe definitivo de la Relatora Especial de Naciones Unidas para la evaluación del impacto negativo que han tenido las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de Derechos Humanos por parte de la población venezolana, la bielorrusa Alena Douhan.
Y de ahí que, hasta los ataques a los comicios regionales y municipales a celebrarse en el mes de noviembre en Venezuela, precedidos de la realización de las Elecciones Primarias Abiertas (EPA) dentro de dos domingos, en los que el PSUV define sus candidaturas para gobernaciones y alcaldías habilitando el 100% del padrón electoral, entra dentro de esta materia de Derechos Humanos, en el marco del ejercicio de los Derechos Civiles y Políticos. Indudablemente que el modelo político venezolano contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de Democracia Participativa y Protagónica es mucho más avanzado que la representatividad contenida en el concepto de "Derechos Civiles y Políticos". Pero no olvidemos que en el ajedrez mundial debemos jugar con una correlación de fuerzas gubernamentales desfavorable a Venezuela, que tampoco es que esté sola porque contamos con aliados de peso como Rusia y China, pero que debemos jugar inteligentemente ya que, en la vecindad, estamos "rodeados", como se diría coloquialmente.
De ahí que me permito advertir desde esta trinchera estos frentes de ataque que se nos avecinan. No sólo está el lado mercenario y terrorista, que, aunque no lo desistirán del todo, se les han asestado golpes tan certeros y contundentes que minimiza a mi juicio los riesgos en ese sentido. Por lo que los cuidados deben extremarse en el frente económico e internacional con el tema de Derechos Humanos.
¡Bolívar y Chávez viven! ¡Y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
