Numerosas voces en todo el planeta coinciden en la necesidad imperiosa que se le presenta a la humanidad de crear un nuevo orden civilizatorio. Muchas de ellas tomando como referencia los postulados que definen el materialismo histórico y otros que nos presentan la propuesta de una ecología social mediante la cual armonicen seres humanos y naturaleza. En uno y otro caso surge la figura del anti-Estado, distinto al Estado prevaleciente, producto de la transformación estructural con que serían eliminadas las barreras que separan a gobernantes y gobernados, es decir, a las minorías dominantes de las mayorías subordinadas.
Tal propuesta choca, indefectiblemente, con la ideología hegemónica. Especialmente, contra lo que ésta ha logrado en un amplio segmento de la población cuando se le inculca una despreocupación deliberada, lo que le hace desligarse de todo asunto que, en cualquier grado, afecte a la sociedad; limitándose, generalmente, a emitir una crítica amargada pero sin proponer alternativa alguna que palie o elimine la situación cuestionada. Esto requiere que se plantée una lucha de resistencia integral, protagonizada y sustentada de un modo totalmente distinto por los sectores populares; lo que exige, además, un contexto teórico global con qué explicar todo cambio revolucionario y con qué guiarse al momento de realizar las rectificaciones necesarias.
Para muchas personas, la oportunidad de crear un modelo civilizatorio ajeno a los cánones tradicionales implica algo remoto de lograr. Y esto no debe sorprender, dada la carga ideológica que llevan a cuestas. Por ello, al hablar de un anti-Estado, resaltan aquellos rasgos, procedimientos y acciones que caracterizan al Estado liberal burgués (al margen de la denominación con que se le conozca), ya que gran porcentaje de ellos son, justamente, los que generan los cuestionamientos de la población, pudiendo ser un punto de partida para la elaboración de dicha propuesta. Ésta, por demás, ha de contemplar, entre otros objetivos, la configuración y fortalecimiento de instancias organizativas populares autónomas de decisión, así como de instituciones y de estructuras políticas y sociales capaces de asegurar en todo momento el ejercicio democrático de los sectores populares. Sin tales elementos, la propuesta que se presente sería una propuesta más, sin nada semejante a lo que serían (o representarían) una amplitud de visión y una voluntad de transformación verdaderas.
Como es percibido por mucha gente a nivel mundial, los actuales Estados ejercen a medias su soberanía, sometidos como están a la influencia inequívoca de los grupos que manejan los grandes capitales del planeta, los cuales no se contentan con solo controlar los mercados financieros sino que aspiran hacerlo también con los recursos naturales y los territorios de los diversos continentes, sin obviar la conducta y el pensamiento de toda la humanidad. Dichos Estados, según afirmación de Álvaro García Linera, «se encargan de privatizar los recursos, de disciplinar la fuerza laboral al interior de cada Estado territorialmente constituido, de asumir con los recursos públicos del Estado los costos, los fracasos o el enriquecimiento de unas pocas personas»; en correspondencia con los dictados e intereses del capitalismo neoliberal. Por eso es importante que la materialización de una correlación de fuerzas sociales y políticas revolucionarias debe ser capaz de superar tal influencia y/o hegemonía y apuntar a la estructuración de un gobierno de movimientos sociales antes que de cualquier minoría. Esto pasa también por un proceso de descolonización del pensamiento, elemento de un valor fundamental para emprender los cambios revolucionarios que exige la coyuntura presentada.
Lo que queda entender de este anti-Estado es lo referente a la definición de poder de Estado y aparato de Estado, de modo que uno y otro puedan funcionar en correspondencia con los intereses y las necesidades de los sectores populares, lo que debe traducirse, a su vez, en la realidad de una nueva práctica de la política.
