Parece haber casi un "consenso" en la sociedad venezolana de que incrementar el precio de la gasolina es una decisión impostergable que debe tomar el gobierno venezolano a la brevedad.

Decimos casi porque más allá de la opinión generalizada de la mayoría en ponerle precio a una mercancía que en el único país del mundo donde se regala es en Venezuela; pero será inevitable el "ruido" de los que la única política que saben y terminan instrumentando es la de oponerse acérrimamente al gobierno y a cualquiera de sus medidas, siempre como conductas reflejas primarias carentes de lógicas y de cualquier racionalidad que las justifique.

Pero más allá de esta "alharaca" que intentarán los de siempre y de la resonancia que le imprimirán sus aliados mediáticos en el mundo, el gobierno se ve obligado, en medio de una profunda crisis que se vive, a tomar una decisión que fue postergada durante mucho tiempo pero que de cualquier manera "impactará".

El asunto parece ser cómo lograr que los sectores más afectados por la crisis que se vive, sean los menos impactados por el incremento de la gasolina y no quienes terminen recibiendo las peores consecuencias de esta decisión, como siempre ocurre con las políticas económicas de corte neoliberal, con las mayorías.

Vale la pena que así como se instrumentó la Big Data, a través de la plataforma del Carnet de la Patria, para el diagnóstico, prevención y control de la pandemia del COVID-19 en el país, se considere este medio para regular y control, tanto el acceso como la distribución de la gasolina, así como una posibilidad de "subsidio" a quienes más lo requieran. Indudablemente que el transporte público tendría garantizada una "cuota" regular de combustible, a precio moderado, para garantizar la prestación del servicio también a costos moderados.

Algunos podría argumentar, como mucha razón, que es "injusto" que sólo reciban subsidio quienes tengan vehículos, pero habrá que decir que por este medio también se podría crear un "beneficio directo" a los sectores más vulnerados por la crisis, como sería una "bonificación" regular que se asignaría mensualmente como parte del precio (un porcentaje) de la gasolina que se venda. Así quienes tengan vehículos de lujo, o más de dos vehículos, etc. sencillamente quedarían excluidos del beneficio. También a través de la Big Data sería sencillo establecer cantidad de litros mensuales de combustible que cada beneficiario podría recibir a un "precio moderado".

Esos mismos que causarán el ruido inicial volverán con sus aspavientos, denunciando en esta fase que serán discriminados opositores y desafectos y así hasta concluir que el régimen los oprime y los excluye, vociferando falsedades y mentiras con contumacia y alevosía.

Ya lo que mencionamos aquí se asomó hace un tiempo, pero la agudización de la crisis, la imposición de medidas de bloqueo y embargo a PDVSA, así como las sanciones económicas a la República, impidieron materializar en aquel entonces, lo que ahora la realidad hace imperativo.

El Estado debe seguir teniendo el control de la producción, distribución y venta de la gasolina, para nosotros eso no tiene discusión, pero debe instrumentar modelos de control y regulación a través de la Big Data, para impedir que particulares se lucren de esto, como ha venido ocurriendo desde hace tiempo. No dejemos que la "mano invisible" del sacrosanto mercado se imponga.

No puede ser simplemente "privatizar" la solución, cuando la pandemia por COVID-19 nos vino a demostrar como los procesos de privatización de la salud y de los servicios sanitarios en el mundo, se soportaron en el "mito" de que sólo lo privado era eficiente y que lo público, lo social era insostenible y por tanto debía ser sustituido por lo privado.

A pesar de que muchos repiten que se debe acabar con las políticas sociales y que el Estado no tiene capacidad para soportar el "rentismo petrolero" del pasado, mientras en nuestro subsuelo haya petróleo y éste sea una mercancía con alta demanda, los venezolanos recibiremos beneficios por esta riqueza, ¿los beneficios de la riqueza petrolera deben ir a pocas manos o debe redistribuirse a las mayorías del país?.