A veces no vale la pena hacer aclaratorias sobre acusaciones canallescas que se nos hagan, porque quienes nos conocen no las creerán y quienes las creen son precisamente sus autores y gente que, por alguna patología o resentimiento muy escondido, nos tiene mala voluntad aún sin conocernos. Quienes no nos conocen serían los únicos proclives a ser engañados por la calumnia lanzada al vuelo. Sin embargo, no pasaré por alto una efectuada recientemente en Aporrea, pues involucra a uno de mis hijos. Debo sí decir que nunca en el puntofijismo se me agredió con tanta saña. He sido más calumniado hoy que todo lo que lo fui en el pasado, pese a mi permanente y beligerante oposición a los gobiernos de entonces. Se ha involucrado hasta a mis hijos, cosa que jamás hicieron los cuartorrepublicanos.
Un aviso de prensa de la Contraloría General cita al mayor de mis hijos, a que presente sus alegatos en una averiguación abierta. Léase bien: Averiguación. No hay hasta ahora hecho punible alguno. Sin embargo, el aviso es de tamaño inusual y se expresan en él, cosa inusual también, todos los supuestos a ser investigados, pero que puestos en un aviso periodístico exponen al escarnio público a los involucrados.
Se afirma que la OPSU, durante mi gestión, contrató unos servicios de salud con una empresa en la cual era accionista mi hijo mayor, lo que es totalmente falso, pues nunca fue accionista de esa compañía y, como accionista de otra empresa que tuviera acciones en la empresa contratada, la relación había terminado dos años antes, como consta en la documentación entregada en la Contraloría. La misma empresa, que repito no tenía impedimento de contratar con el Estado, contrata con el Ministerio de Educación Superior y se nos achaca también ese contrato, cuando en el mismo no tuvimos parte pues fue aprobado por el ministro Navarro y firmado por su Director de Administración.
Por último, ni la Contraloría ni los canallas “revolucionarios” han dicho cuál Ley y artículos son los violados, si el caso hubiera sido como ellos lo presentaron. La Ley contra la Corrupción no le impide a nadie contratar con el Estado por razones de familiaridad con directivos del organismo contratante. Aunque, repito, éste no fue nunca el caso que nos ocupa.
Últimas Noticias, pp 64, 18-10-2006, Caracas.
