Confesión de un Obispo (V)

El error involuntario y la pena ajena, son 2 conceptos que algunos letrados quieren imponer con la malsana intención de escurrir el bulto, por ello, hoy más que nunca, el lector u oyente debe estar muy alerta. Ahora, siga leyendo lo que escribe Monseñor Porras sobre su participación en el golpe de Estado contra el Presidente Chávez del año 2002, pero inmediatamente haga un análisis del por qué puede haberlo escrito.

"Una reflexión parece imponerse, en este punto, a partir del manejo reiterado, por parte de fuentes oficialistas, de la tesis de un golpe de Estado. La ausencia de una Comisión de la verdad con sus conclusiones y correspondientes responsabilidades judiciales, políticas y morales, descalifica muchas de las lecturas y conductas asumidas por el poder. Dejar en libertad a unos, por ser cercanos al oficialismo y tener prisioneros a otros, sin que se cumpla con las exigencias judiciales y humanitarias, indica inequidad en la aplicación de la justicia, para decir lo menos. Purificar la memoria, como lo repitió insistentemente Juan Pablo II para situaciones similares o peores, es una exigencia de la justicia y de la caridad. Los regímenes políticos vuelven – o intentan - a escribir la historia, porque desconocen o pretenden hacer (ver) que la razón no está de una sola parte. Dice un teólogo: los políticos de todos los tiempos y de todos los continentes necesitan aniquilar la memoria para dominar y explotar a los pueblos.

7.- LA MADRUGADA DEL 12 EN FUERTE TIUNA

Una vez en Fuerte Tiuna, fuimos conducidos hasta el piso donde se encuentra la oficina del Comandante General del Ejército, Gral. Vázquez Velasco. En la sala contigua a su oficina había un número grande de generales, los únicos que tenían acceso a dicho recinto. Fuera de Mons. Azuaje y mi persona, a los únicos que vimos fue al Comandante Francisco Arias Cárdenas y al Gral. Oswaldo Sujú Rafu, en traje de civil ambos. El ambiente era tenso, aunque reinaba un comportamiento discreto, sin alteraciones ni palabras malsonantes. Ni Mons. Azuaje ni un servidor conocíamos a la mayoría de los que allí estaban o pasaban. Realmente era una multitud de altos oficiales. El militar que nos guiaba hasta la oficina del Comandante General tenía que abrirse paso, entre tantos que iban y venían. Ambos Obispos tuvimos que aferrarnos bien el uno al otro, para no separarnos. Logramos situarnos frente a la puerta del Despacho del Comandante General. Un General golpeaba la puerta para que abrieran, gritando que eran los Obispos que había llamado el Presidente para su resguardo. Varias veces se abrió la puerta sin que pudiéramos entrar. Cuando lo logramos, nos colocamos delante de una pared lateral, cerca de la puerta; allí podíamos ver al Gral. Efraín Vázquez Velasco sentado con sus asistentes, al lado y de pie. Parecía un autómata. No se levantó de su silla y no respondía a los que le gritaban que mandara y tomara las riendas de la situación. Sólo murmuraba alguna palabra con los edecanes que no se separaban de su lado o solo atendían el teléfono. Todos los que pasaban a nuestro lado nos saludaban deferentemente sin mediar muchas palabras. Oíamos lo que decían y hacíamos nuestras reflexiones en voz baja.

Se hablaba de muchas cosas: de la corrupción, del Plan Bolívar 2000; se señalaban nombres, cantidades de dinero, gastos en armamentos, 35 millardos en compra de armamento no militar, lo que ocasionaba gran preocupación dentro de la Fuerzas Armadas Nacionales, y que el Palacio de Miraflores se había convertido en un bunker con un sofisticado sistema de seguridad al estilo del de Saddam Hussein. Salían a relucir, como cerebros grises de estas componendas sin ética, los Ministros Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y José Vicente Rangel. Algunos agregaban los nombres del señor Freddy Bernal y de algunos diputados de la Asamblea Nacional. La mayor repulsa en aquella hora fue contra la activación, hacia la una de la tarde del 11 de abril, del Plan Ávila 1, ordenada por el Presidente y el General Jorge García Carneiro. Se argumentaba que una orden de tal magnitud estaría reservada para situaciones extremas; ya que incluye disparar contra la población, lo cual siempre pone en peligro los derechos humanos fundamentales, y los que deben responder por ello son los órganos de seguridad del Estado y los militares.



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José M. Ameliach N.


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