¿Hay una crisis política en Venezuela?

La crisis, como categoría emanada de la Paideia, donde se incuba y se gesta el ideal educativo griego, es concebida como juicio y veredicto. Sin embargo el sentido helénico de la justicia, jamás sopesó, en términos de crítica, más allá de lo descriptivo y enunciativo, el grado de descomposición, incapacidad y, corrupción en que se encontraba el esclavismo griego para resolver el problema del alimento, la libertad, la educación y el bienestar de su multitud esclava, sumida en la inopia.

La crisis, en la noción epistemológica, es un estado general de entrabamiento y pernicia de la superestructura estatal, que ejerciendo la dictadura de clase, tiene la obligación de garantizar la satisfacción de las necesidades de su clase esclavizada. El modo de producción capitalista está en crisis, desde antes de la primera guerra mundial.

¿Hay una crisis en Venezuela? Sí, la misma crisis que inflama y entumece al capitalismo, su modo de producción histórico, y repugnante. Pero más allá de eso, en Venezuela hay una crisis política, la más profunda de toda su historia republicana. ¿Cómo se expresa esa crisis? Los consejos comunales no funcionan, porque en su gran mayoría no han leído la ley de los Consejos Comunales, que establece que los mismos son una forma de autogobierno en cada uno de sus espacios. Ignorando también que la misma ley define al Consejo comunal como la suma de los habitantes de un espacio determinado, que reunidos en Asamblea de Ciudadanos eligen a una directiva para que administre el gobierno del lugar, la toparquía de Simón Rodríguez, para gobernar sobre la salud, el transporte, la seguridad, la vivienda, educación, aseo, economía comunal, deporte, y en general la satisfacción de los bienes materiales y espirituales de la población, o sea del Consejo Comunal, que edifica y administra una micro entidad política y económica, del Estado Comunal, en construcción, puesto que casi nada está hecho, y casi todo está por hacer.

El desconocimiento de lo qué es el Consejo Comunal, lleva a sus miembros, a creer que éste es solamente la directiva, o más aun, el dueño o la dueña del Consejo Comunal que pega y regaña, paga, se asigna todo para sí, junto a su familia, y se da el vuelto con los recursos que el Estado dispone a través del gobierno nacional para el bienestar general de esa comunidad. Los habitantes de los consejos comunales se sienten extraños al gobierno que le pertenece, y que están obligados a ejercer en cualquier circunstancia y lugar donde la directiva no haya podido llegar. Los habitantes se sienten desligados de responsabilidad frente a un basurero que algunos habitantes, desclasados en su mal vivir, han arrojado frente a sus casas, entonces se ponen a esperar a la directiva del Consejo Comunal, que casi nunca llega, para que resuelva, en lugar de reunirse en Asamblea de ciudadanos para resolver ese asunto grave que puede degenerar en un problema serio de salud pública, que afecta principalmente a la población infantil; en consecuencia, la falta de gobierno, que hace que se sientan extraños a sus funciones naturales como vecinos de un Consejo Comunal, permite que el basurero se convierta en vertedero, y que a la final cubra todas las casas de una vecindad que tiene que mudarse a vivir su miseria en otro lugar.

La misma crisis política de la renuncia al protagonismo que otorga el ejercicio irrenunciable de la soberanía popular establecida en nuestra constitución, artículos 1,2, 3, 5, 7, 19, 21, 62, 67, 70, 72, 132, y en gran parte del resto de su articulado, en la leyes orgánicas, contrataciones colectivas de trabajo, y los reglamentos, se expresa en la comuna, en la Escuela, el Liceo, la Universidad, los supermercados, las tiendas, en todos los centros de trabajo, donde los representantes del patrón, o el patrón mismo, se les puede ocurrir, como se les ocurre frecuentemente, vejar, acosar, humillar, y violar los derechos humanos de los obreros, obreras, trabajadores y trabajadoras en situación de usuarios de servicios públicos o privados, compra de necesidades básicas para la vida, o de venta o alquiler de su fuerza de trabajo, sin que responda debidamente el Sindicato, los delegados de prevención, o cualquier ciudadano amparado específicamente el artículo 132 de nuestra carta magna, que lo obliga a cumplir con "el deber de participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del País, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social".

En el ámbito nacional, nosotros, los ciudadanos de Venezuela, cuya gran mayoría no está actuando como tal, y está creyendo, que el gobierno es exclusivamente del compañero Presidente, y obrero además, Nicolás Maduro, no se han dado cuenta que el gobierno le pertenece a la soberanía popular, del cual "emanan todos los órganos del Estado, y a ella están sometidos", artículo 5 de la CRBV. Esa soberanía popular eligió soberanamente al presidente constitucional para que administrara los asuntos del Estado por 6 años; pero el gobierno de esos asuntos nos pertenece a todos los ciudadanos de Venezuela, y por tanto somos responsables de actuar en cualquier lugar, y circunstancia donde se esté desconociendo al gobierno, es decir desconociendo los intereses económicos y políticos de la soberanía popular. En síntesis, los ciudadanos de Venezuela de manera organizada, en la sana y legalísima práctica del protagonismo popular, tenemos el deber de ejercer el gobierno, en el Supermercado, en las tiendas, los comercios, las tienditas, los tarantines, las mesitas bachaqueras, donde se esté vejando y robando al pueblo, artículo 70 de la CRBV. De manera que el compañero presidente Nicolás Maduro, ni su organización para fines políticos, son los únicos responsables de esta profunda y lastimosa crisis política que atravesamos, sin duda la más grande toda nuestra historia republicana; los responsables directos de esta crisis somos los ciudadanos de Venezuela, que según la fundamentación de la CRBV, estamos obligados a ejercer el protagonismo político para hacer realidad social la letra de la carta magna, miserablemente violada por los ladrones de la burguesía parásita, y su ejército de desclasados, que a través de la liberación de precios, y su corrupción sistemática, han metido en la pobreza y la miseria al pueblo trabajador venezolano, que había sido reivindicado por Chávez en sus justas aspiraciones de independencia, soberanía, y felicidad social.

La liberación de precios ha destruido ya, el legado de Chávez; nadie absolutamente nadie, tiene el derecho de llamarse hijo de Chávez, chavista, o ser Chávez, si convalida con la acción o el silencio, esta gigantesca operación de aumentar todos los días, alimentos, y las demás necesidades de vida, para inflar exponencialmente las arcas de la Burguesía parásita, nacional y trasnacional, en detrimento de la pobreza y la miseria de las 19 vigésimas partes de toda la sociedad venezolana, ahora más visiblemente, dividida en Clases, y en nuevas capas, surgidas de la corrupción, y de otros delitos, no menos condenables.

El pacto que convalidó la liberación de precios, viola la constitución nacional, y es contrario a los intereses del Pueblo trabajador venezolano, sumergido en su profunda crisis política, y que ahora, en el momento de escribir esta nota, se encuentra sobándose la barriga, tratando de encontrar allí las ideas para convivir, como en Colombia, en Chile, en Perú, con la pobreza, la miseria; y con el miedo sabido, que tiene enfrente, y que lo tiembla y lo paraliza.



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Eduardo Mármol


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