A propósito de ser ciego

Luisa Ortega Díaz: El pueblo no está obligado a acatar las decisiones ilegales del TSJ

En los últimos tres años, desde que Maduro asumió el poder, inició un una perversa restricción de importaciones con el inmoral propósito de orientar nuestras divisas hacia el pago de la deuda externa, en vez de orientar los ingresos hacia los factores esenciales y sociales. Tal política originó una severa contracción del aparato productivo, una escasez sin precedentes de alimentos y medicinas, y los factores de la economía ante la imposibilidad de obtener dólares en el mercado formal, como efecto de erradas políticas cambiarias, debieron recurrir sobre quienes tenían en su poder moneda extranjera, lo cual desató una especulación financiera que tuvo como desenlace una macrodevaluación del bolívar en el llamado mercado paralelo.

Semejante acción del gobierno se convirtió en un ajuste disfrazado al más rancio estilo neoliberal, el cual terminó pulverizando el salario como herramienta social para el desarrollo de las familias y los ciudadanos, en virtud que se generó una hiperinflación, al punto que los venezolanos con ingresos mínimos de ley, aunque éstos sean calculados sobre el llamado Sistema Marginal de Divisas (Simadi), tales ingresos no superan un dólar diario, lo cual es más grave, cuando existen declaraciones de gobernadores vinculados con el alto gobierno, quienes afirman que los productos alimenticios y de higiene personal son vendidos a precios internacionales.

Y si lo anterior, per se, resulta un evidente retroceso en el nivel de vida de los venezolanos, uno de los ministros de la economía, decrépitamente, palabras más, palabras menos, acepta que se han fugado del país, (por no decir, que se han robado), unos 500 mil millones de dólares, lo cual, en cualquier parte del mundo, serviría para iniciar una investigación sin precedentes por los órganos complementarios del Estado, pero en nuestro caso, tenemos un contralor que tiene a toda su familia trabajando en tal "institución", lo cual no sólo reconoce, sino que hasta afirma que tal hecho representa un "nepotismo positivo", suponemos que inspirado en la premisa de que el nepotismo de la cuarta república era "negativo", porque incluía sólo a las amantes. En resumen, si algo el madurismo ha seguido al pie de la letra, fue aquella máxima de Gonzalo Barrios en el sentido de reconocer que en Venezuela no existen motivos para no robar.

Estamos ante una política económica que ha empobrecido aceleradamente a la población, que ha desintegrado por completo el bienestar social, y ha depauperado todas las instituciones, no sólo a través de la quiebra de los servicios públicos, sino que tenemos un Estado incapaz para garantizar los aspectos fundamentales en la vida de un pueblo: alimentación, salud y educación.

¿Y cuál es la respuesta de Maduro y quienes controlan el poder? Ninguna que busque mejorar las condiciones de vida de la gente, quienes en forma desesperada sólo desean su salida del poder, sin que ello represente un apoyo a la oposición, y quienes también han sido cómplices en la forma de convalidar los abusos que se han tejido desde el gobierno a través de "sentencias" con profundos visos de seudolegalidad emitidas desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como por ejemplo, la aceptación del autogolpe que ha cometido el Ejecutivo Nacional, cuando a través de un decreto de "emergencia económica", extra-prorrogado sin normativa constitucional que lo respalde en lo jurídico, ha consolidado un peligroso "Estado de Excepción" con la aprobación de un "presupuesto" sin que éste sea avalado por la Asamblea Nacional.

En lo sucesivo, estamos ante un gobierno que ha destruido su legitimidad porque ha desconocido la voluntad que también lo llevó al poder, es decir, el origen que expresa el pueblo a través del voto, y ese voto es el mismo que dio legitimidad a la conformación de la Asamblea Nacional que en este momento ha sido desconocida por Nicolás Maduro bajo el artificio de cumplir una "orden" del TSJ.

En consecuencia, ¿si no es "legal" un parlamento que ha sido desconocido por el TSJ, estaremos obligados los ciudadanos en "reconocer" tanto al mismo órgano que genera semejante adefesio, como a un presidente que tampoco reconoce los derechos políticos del pueblo ejercidos a través de la máxima expresión de voluntad del pensamiento, como lo es el sufragio?

La única alternativa legal que nos queda a los ciudadanos es el pronunciamiento de la Fiscal General de la República, quien irónicamente ha callado ante los desmanes que han venido cometiendo consetudinariamente el TSJ en simbiosis con el poder Ejecutivo. Habría que recordarle a quien representa la instancia del ministerio público en Venezuela, que Ramón Escovar Salom en su momento fue clave para la salida de Carlos Andrés Pérez del poder, máxime cuando se habían generado hechos de transcendencia histórica como la rebelión popular del 27 de Febrero de 1989, el alzamiento militar liderado por Hugo Chávez el 4 de Febrero de 1992, y las condiciones de hambre y pobreza que se desencadenaron por la aplicación de un ajuste perverso de medidas económicas neoliberales, situaciones que en el plano social, político y económico de nuestros días son más graves que las ocurridas en tales fechas.

Del mismo modo, Luisa Ortega Díaz, debería ver en el espejo de la historia, el cómo Isaías Rodríguez se convirtió en un factor fundamental para el retorno de Chávez al poder y el levantamiento del pueblo, cuando luego que una jauría de desadaptados violadores de la constitucionalidad quisieron imponer un régimen de terror el 11 de Abril de 2002, que horas después de sus palabras, disolvió la institucionalidad y el Estado, el mismo que ahora el TSJ anula con la perversidad de una sentencia, porque aunque se refiera a un solo poder, estamos hablando de un poder que se constituye porque ha sido emanado por la voluntad suprema del pueblo.

La línea que entrelaza la legitimidad y la legalidad ha sido destrozada, contradictoriamente, por quien debería generar justicia en el país. El TSJ está empujando al pais hacia una salida protuberante, incendiaria y dolorosa para Venezuela. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, tiene la palabra ¿O esperará a que la tome el pueblo en otras condiciones? A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.

 

 



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Javier Antonio Vivas Santana

Lic. en Educación en las menciones de Ciencias Sociales y Lengua (UNA) Maestría en Educación mención Enseñanza del Castellano (UDO) Dr. en Educación (UPEL) Profesor de la Misión Sucre (2003 -2012)

 jvivassantana@gmail.com      @jvivassantana

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