El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, informó la semana pasada en rueda de prensa acerca de los Papeles de Panamá elaborados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ); aseverando Toner que los periodistas reclutados a nivel mundial, excluyendo EEUU e Israel, recibieron financiación de varias fuentes, incluido el Gobierno de EE.UU. Dinero que recibieron a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Todo un ardid del imperialismo gringo para mal poner los gobiernos que consideran peligrosos para la seguridad de los EEUU, entre ellos Rusia y Venezuela; sin embargo, el tiro le salió por la culata, cuando no salieron a relucir nombres de altos funcionarios de estos dos países como esperaba, sino más bien empantanaron a gobiernos amigos, como los de David Cameron (Inglaterra), Petro Poroshenko (Ukrania), Mauricio Macri (Argentina), Sigmundur Gunnlaugsson (Islandia), Juan Carlos de Borbón (España) y Enrique Peña Nieto (México), entre otros.
Al respecto, es importante señalar que dicho Consorcio [ICIJ] percibe desde su creación, donaciones de diversas compañías, como la Open Society Foundations, cuyo presidente es el magnate y especulador financiero estadounidense George Soros; así como de las Fundaciones Ford conectada con la CIA, Rockefeller, Goldman-Sonnenfeldt, Kellogg y la corporación Carnegie de Nueva York (ver portal web de la ICIJ).
En Venezuela, los periodistas venezolanos reclutados por ICIJ fueron Joseph Poliszuk, Ahiana Figueroa, Alfredo Meza, César Batiz, Ewald Sharfenberg, Fabiola Zerpa, Katherine Pennacchio, Laura Weffer, Lisseth Boon, Roberto Déniz y Ronna Rísquez; siendo Poliszuk, miembro del ICIJ y colaborador de El País de España, quien presuntamente entrenó a los demás para hackear las computadoras del bufete panameño Mossak & Fonseca con equipos del ICIJ, filtrando datos desde 1977 a 2015.
Tal actividad ilícita es penada en nuestro país con la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, al señalar en su artículo 6:
Toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años.
Asimismo, el artículo 10:
Quien importe, fabrique, distribuya, venda o utilice equipos, dispositivos o programas, con el propósito de destinarlos a vulnerar o eliminar la seguridad de cualquier sistema que utilice tecnologías de información; o el que ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines, será penado con prisión de tres a seis años
Y el artículo 11:
Toda persona que indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información contenidas en un sistema que utilice tecnologías de información o en cualesquiera de sus componentes, será penada con prisión de tres a seis años.
Por su parte, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, establece en el numeral 9 del artículo 4, los criterios que tipifican la delincuencia organizada, con lo cual inferimos sin lugar a dudas que el ICIJ es un Consorcio delincuencial, con sus integrantes o terceros cometiendo delitos para obtener, directa o indirectamente, beneficio económico; además de señalar como actividad ilícita, la realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, para cometer delitos, cual es el presunto caso del periodista Joseph Poliszuk.
Finalmente, Yo, Sergio Antonio García Ponce, venezolano, portador de la cédula de identidad No. 3.5...0.., solicito formalmente y por esta vía (notitia criminis), a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, iniciar un proceso de averiguación en contra de los periodistas mercenarios mencionados en el presente artículo, por la presunta comisión de varios delitos, cuya acción penal es pública sancionada con prisión (Artículos 2, 74 y 75 del Código de Enjuiciamiento Criminal).
