La Constitución establece claramente que el Estado tiene la facultad de dirigir la economía nacional, por ello cuando se trata de bienes o recursos vinculados a la utilidad pública y el interés social, el Estado tiene la potestad para ejercer su administración, incluso con carácter de exclusividad.
Este concepto constitucional es el mismo que se aplica con el carácter público y no privatizable de la industria petrolera, la cual pertenece a todos los venezolanos por razones estratégicas de soberanía como lo impone la letra constitucional.
Es evidente que la divisa extranjera repartida por el Estado en este caso proviene de la exportación petrolera de modo que es parte integral de la misma industria.
En esencia, adjudicar total o parcialmente tales petro-divisas a la banca privada, empresas privadas o a sujetos particulares sería una privatización indirecta de la industria petrolera venezolana.
Dicha privatización viola la Constitución y es una modalidad neoliberal solapada o encubierta que pretende despojar al Estado de su potestad constitucional de administrar los hidrocarburos para planes, programas y misiones sociales en beneficio de todos los compatriotas.
Las recientes medidas económicas, financieras y cambiarias apuntan al restablecimiento del orden constitucional infringido y al saneamiento de la economía nacional en función de la justa distribución popular de la renta petrolera, lo cual obviamente abarca a las divisas que se derivan del negocio petrolero que es propiedad del Estado venezolano.
