La política exterior de nuestro gobierno y cuando digo de nuestro gobierno incluyo a los del Presidente Chávez y obviamente al del actual Presidente Nicolás Maduro, contagiada de manera irremediable con el sarampión del Socialismo, de un delirio de grandeza, de una hermandad donde siempre somos Abel y los demás países Caín y de un liderazgo dizque continental, ha promovido la integración latinoamericana y caribeña, a costa de nuestros intereses como República y pareciera estar preparándose para escribir otra lamentable página en la historia de los grandes despojos territoriales de los que ha sido víctima nuestra amada Venezuela prácticamente desde que existimos como República independiente. Y esto lo decimos con absoluta responsabilidad, porque a no ser que demos por benéficos para los intereses nacionales, el seguir alentando esa mal llamada integración, a partir de venderle a los países del Caribe nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo, a precios absolutamente ridículos si se les compara con los del mercado internacional de hidrocarburos y en condiciones francamente ventajosas sólo para ellos, mientras todos nos agreden, convierte a la integración no en un mecanismo de cooperación entre nuestros países, sino en la entrega del país a nuestros vecinos, de quienes no hemos recibido sino atropellos históricamente.
Con la entrada en vigencia del decreto 1787, publicado en la Gaceta Oficial del 27 de mayo del presente año, el cual determina las denominadas "Zonas de Defensa Integral Marítimas e Insulares" (Zodimain), que incluyen una fachada atlántica que ratifica nuestra indiscutible soberanía sobre las aguas que se desprenden del estado Delta Amacuro, así como las que se desprenden de la Guayana esequiba ha comenzado un cabildeo del que a menos que reorientemos nuestra política internacional, no vamos a salir bien parados. Y parte de la reorientación que le exigimos a la Cancillería venezolana, es que se deje de estar vendiéndonos la idea, de que el de Guyana, es un gobierno "pobrecito" al que los intereses del Imperialismo norteamericano manejan como una marioneta, a través de la Exxon Mobil. Porque ciertamente la mencionada empresa tiene sus intereses, pero sus actividades no serían hoy posibles si el gobierno guyanés no hubiese otorgado la respectiva concesión sobre un territorio del que sabe se encuentra en reclamación y cuyo litigio no se ha resuelto todavía. Los del gobierno de Guyana no son ningunos angelitos. Se trata de los miembros de una clase política que siempre ha tenido absolutamente claros sus intereses económicos y geopolíticos y a quienes no haremos desistir de su pretensión de hacerse de un territorio absoluta e históricamente venezolano, haciéndoles carantoñas con petróleo barato y fiado y permitiéndoles que exploten a su real gana y conveniencia los recursos naturales de un territorio que nos pertenece, en nombre de la integración. Ni los países del CARICOM, ni nuestros "hermanos" cubanos nos apoyan ni nos apoyaran en nuestro reclamo. No nos llamemos a engaño. La diplomacia que adelantamos y a la que para colmo de nuestros males hemos denominado bolivariana, es lesiva para los intereses de Venezuela. Y a menos que antepongamos nuestro interés nacional, a los intereses de una comunidad de países que ante la solidaridad y desprendimiento con el que los hemos ayudado, nos da la espalda y se confabula con quien nos agrede violando de manera hostil y reiterada los más elementales principios del derecho internacional, vamos a perder más territorio ya no sólo con Guyana, sino con los demás países vecinos con quienes mantenemos añejos diferendos limítrofes.
Para muestra un botón. Ya la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, pidió este lunes a Venezuela que "rectifique" un decreto que fijó los límites marítimos entre ambos países en un área en disputa, afirmando que infringe el derecho internacional. "Consideramos que el decreto va en contra del derecho internacional y le hemos pedido a Venezuela que haga un nuevo decreto donde las coordenadas correspondan a las áreas venezolanas y se excluyan las áreas en litigio", señaló Holguín a la prensa en La Habana. Luego como los buenos toreros remató:"Hay una comisión negociadora presidencial (bilateral) desde el año 1990, que ha venido estudiando estas áreas y esta decisión del gobierno venezolano es una decisión unilateral; las decisiones unilaterales van contra el derecho internacional". Colombia informó el domingo que había presentado una "nota de protesta" ante Venezuela pidiéndole que adopte "las medidas necesarias para corregir el Decreto Nº 1787", dictado el 26 de mayo, que delimitó a nivel marítimo cuatro zonas operativas para reforzar la defensa venezolana.
Las delimitaciones establecidas por Venezuela comprenden aguas del Golfo de Venezuela -al que Colombia denomina de manera impertinente Golfo de Coquivacoa-, y sobre el cual ese país no tiene ningún derecho ni histórico, ni jurídico, toda vez que nuestra actual frontera occidental fue demarcada en franca violación a los límites establecidos en el Laudo Arbitral español de 1.891 y ratificado íntegramente por el Laudo Arbitral suizo de 1922 y en cuya Sección Primera establece que los límites de la frontera terrestre que fija los límites entre ambas Repúblicas y de la que depende la delimitación de las áreas marinas y submarinas, presenta dos sectores que no han sido todavía demarcados: el comienzo de la frontera en la línea de la más baja marea, y en Montes de Oca en el área de La Guajira, zona por la cual Venezuela y Colombia enfrentan desde hace décadas un diferendo por límites marítimos. El análisis histórico-jurídico de la línea divisoria correspondiente a esos dos sectores lleva a la conclusión de que, en virtud del laudo español que señaló como linderos naturales el Mogote de Juyachí, en la Guajira, y los términos por el lado del Valle de Upar, en Montes de Oca, Venezuela y Colombia están hoy, como desde 1891, obligadas a iniciar la frontera marítima en el borde del Mar Caribe, desde la línea de la más baja marea hasta el hito de Matajuana, lindero artificial erigido por las Comisiones en 1900 y confirmado por el laudo suizo en 1922. Como consecuencia de este último instrumento jurídico, la frontera seguiría hasta el Alto del Cedro, hito también artificial erigido en la ladera de los Montes de Oca. A partir de este último punto, la frontera debe seguir por el piedemonte occidental de los Montes de Oca hasta los límites entre los departamentos colombianos del Cesar y Guajira. A la luz de lo contenido en ambos laudos confirmados por el Tratado suscrito entre nuestros países en 1941, Colombia, debe devolver a Venezuela toda la ladera occidental de los Montes de Oca, incluidas las minas de carbón del Cerrejón que allí están situadas y que algunos VENEZOLANOS IGNORANTES, en la difusión de un video y de numerosos artículos referidos a la contaminación de las fuentes de agua ocasionadas por la actividad de la mina, señalaron como territorio colombiano, cuando histórica y jurídicamente nos pertenece a los venezolanos y por cuyos perjuicios debería estar solicitando ya una justa indemnización nuestra cancillería, junta a la inmediata exigencia de que se nos devuelva la ladera occidental de los Montes de Oca, ocupada ilegalmente, al igual que la parte de la Guajira situada al este del Mogote de Juyachí. Terminada la demarcación terrestre, comencemos la delimitación marítima, pero ya no sobre las aguas del Golfo de Venezuela, que es y seguirá siendo histórica, jurídica y absolutamente venezolano, sino sobre el Mar Caribe. Con vecinos así la integración resultará una vulgar entrega. No le echemos esa vaina ni a Bolívar ni a nuestros hijos. La patria no se entrega. La patria se defiende con argumentos, con razones y con cojones. No con discursos de integración donde en vez de integrados terminamos entregados absolutamente.
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