Ningún sacrificio para el pueblo. Que la crisis la paguen la oligarquía golpista-terrorista y los dirigentes del paro-sabotaje antipopular y antipatriótico. Así terminaremos de derrotar la conspiración.
El sabotaje petrolero y económico ha quemado y está quemando cuantiosísimos recursos financieros del país y contrayendo severamente los ingresos nacionales, lo cual generará una crisis presupuestaria de importantes proporciones y demandará ajustes en los gastos previstos. Se anuncia que puede haber dificultades en el cumplimiento de pagos a los trabajadores y para otros aportes.
El gobierno y el pueblo trabajador, en defensa del nivel de vida, de las conquistas obtenidas y en pos de sus aspiraciones, no deben permitir que esto se traduzca en la descarga de sacrificios y privaciones sobre la población pobre y agraviada por la conspiración de los oligarcas y por los personeros de su frente político contrarrevolucionario.
Los oligarcas y golpistas, los dueños de los medios de comunicación privados, la casta gerencial burocrática de PDVSA, los grandes patronos y sus partidos, la burocracia sindical corrupta y pro-patronal son los que provocaron la crisis con sus acciones golpistas, fascistas, criminales, antipopulares y antinacionales. Que asuman ellos su responsabilidad; son ellos los que deben pagar los costos, indemnizar al país, al pueblo y al Estado por los daños y perjuicios causados con su paro-sabotaje golpista. Que asuman sus cargas es parte de la no impunidad.
Echando mano a todos los recursos legales ordinarios y extraordinarios, y sobre todo: a la fuerza del pueblo movilizado; el Estado debe imponerles cuantiosas compensaciones, multas, impuestos especiales, e incluso se debería recurrir a la confiscación de bienes para resarcir daños y reparar todos los males ocasionados, de manera proporcional a sus magnitudes. Ninguna escuela debe quedarse sin presupuesto, ningún hospital sin los recursos esenciales, ninguna inversión social sin ejecutarse, ningún pensionado sin sus remesas. Que el Estado nacionalice bancos y expropie empresas, propiedades inmobiliarias o tierras de los implicados en la conspiración, especialmente de los dirigentes y actores principales de los hechos terroristas, de sabotaje y estrangulamiento económico. Estos bancos y empresas podrían ser puestos funcionar bajo el control de los trabajadores y organizaciones sociales del pueblo.
Es necesario un plan económico-social de emergencia, acorde con las circunstancias que estamos viviendo y con los requerimientos de nuestros trabajadores y de nuestro pueblo, que reactive la producción semiparalizada, que normalice el suministro de víveres acaparados, que recupere los salarios y el empleo, que restaure el patrimonio nacional deteriorado por los alevosos atentados de la derecha. Y su financiamiento debe salir del bolsillo de la mafia golpista, no de apretones de cinturón para la población.
Si alguien debe sacrificarse para superar la situación creada y para que alcancen los recursos del país son los dirigentes del paro terrorista antipatriótico y quienes les auspician con su poder económico e influencias: Carlos Fernández y los dirigentes empresariales golpistas de FEDECAMARAS, Carlos Ortega y sus sindicaleros corruptos, Juan Fernández y sus meritócratas del petróleo, el potentado Gustavo Cisneros, Marcel Granier y otros dueños de televisoras privadas y medios de comunicación golpistas, los gobernadores y alcaldes enredados en este complot, sin olvidarse del mismísimo Carmona, que usurpó el poder el 11 de abril de 2002, junto a los militares fascistas alzados. Agreguemos a los grandes acaparadores de alimentos y de combustible y a los que causaron destrozos en la industria petrolera.
Paguen los aportes del Seguro Social que se cojen las empresas, en desmedro de la salud y la seguridad de los trabajadores. Que ningún empresario promotor del paro se resbale con los impuetos. Que no vengan con excusas a la hora de pagar sueldos o cumplir con los contratos colectivos. Si no les ha importado "sacrificar" más de un mes de trabajo con el objetivo político de tumbar a Chávez, mal pueden decir ahora a los trabajadores que ahora "no hay real" para cumplir con los compromisos laborales.
Si los sacrificios se volcasen sobre el pueblo, después de todo lo que ya ha sufrido, no sólo sería injusto e inadmisible, sino que los golpistas indemnes aprovecharían para seguir intentando socavar las bases sociales del gobierno elegido por las mayorías populares, achacándole cínicamente sus propias culpas.
Pero, no dejemos de lado otra cuestión fundamental: La Deuda Externa fraudulenta de la IV República.
Potencias y capitales extranjeros “acreedores”, beneficiarios del festín de esa deuda tramposa, contraída por los gobiernos de la oligarquía, estuvieron y están tras los hilos de la conspiración. Chávez ha denunciado más de una vez la perversidad de la deuda en los foros internacionales, aunque se sigue pagando puntualmente en Venezuela. La tragedia de Vargas fue un hecho clave que reclamaba la suspensión del pago de la deuda ilegítima para dedicar los recursos de su amortización a la reconstrucción de las zonas devastadas por el desastre. Ahora tenemos una nueva tragedia con los efectos del paro-sabotaje golpista. La moratoria e incluso el no pago de la deuda estarían plenamente justificados, porque sería intolerable para los trabajadores y el pueblo venezolano que se le diese prioridad a la banca internacional, que no va a pasar hambre por una deuda que en realidad ya fue más que pagada. El gobierno está auditando esa deuda y si quiere ser consecuente con su discurso, tendrá que dar el paso de postergar la deuda externa para darle prioridad a la recuperación del pueblo y de la nación.
No nos pidan sacrificios a los pobres, explotados y excluidos por la oligarquía y el gran capital, que la crisis la paguen los oligarcas y los fascistas que la fraguaron. Presidente: No permita que se sacrifique su pueblo, apunte adonde hay que apuntar, con la fuerza del pueblo movilizado. El pueblo no aceptará pagar los "platos rotos". Así es como defenderemos y profundizaremos esta revolución.>