Parece que la estrategia que ha asumido el gobierno para enfrentar a los fascistas que, disfrazados de políticos, apelando al derecho a la protesta están subvirtiendo el orden legal para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro es el de la judicialización.
Ya, según las informaciones más recientes, al menos dos Alcaldes han sido objetos de medidas judiciales que confirman la idea que enunciamos. También se ha hecho público el caso de la diputada María “guarimba” Machado y de la petición que se tramita a los órganos correspondientes para llevarla a la cárcel también.
Entendemos que las circunstancias políticas que se viven en la Venezuela postchávez son totalmente distintas a las del pasado reciente y que los dirigentes de la revolución se enfrentan a una realidad dura y difícil, especialmente asumiendo que se carece de un liderazgo de la talla de Hugo Chávez, quien con su monumental liderazgo fue capaz de derrotar a sus enemigos, durante 14 años consecutivos, circunscribiéndose siempre al terreno político y en buena medida desdeñando su influencia en el sistema judicial, influencia que nunca fue poca, por lo demás. Todos recuerdan como años después del golpe de 2002, el Presidente firmó el indulto que libró a muchos políticos de la cárcel por haber participado en el derrocamiento del poder legítimamente constituido.
Suponemos que no fueron pocos los que aconsejaron al Presidente Chávez, en distintas oportunidades y en circunstancias bien específicas, que apelara al sistema de justicia formal contra quienes siempre se le opusieron, desde vías insurrecionales, algo a lo que no atendió nunca el Presidente Chávez quien por el contrario apelando a la gran sabiduría política que desarrolló en su corta, pero intensa vida política, siempre le cobró a los desestabilizadores sus deudas en el terreno electoral, donde siempre los derrotó de manera aplastante.
Si de algo ha sido testigo el país todo es del empeño del Presidente Maduro en tender puentes al diálogo. En innumerables apariciones públicas el Presidente, y quienes en su equipo ocupan roles principales, insisten en convocar a la dirigencia opositora al encuentro, llamados y convocatorias que, por otro lado, no encuentran receptividad en una dirigencia opositora que cada día parece menos dispuesta a retomar caminos de convivencia y de paz.
Parece un deber elemental del Estado venezolano que se enfrente con la ley y se le aplique la justicia a quienes tozudamente pretenden quebrantar el marco constitucional. Así los dirigentes opositores que persistan en la idea y en las acciones encaminadas al derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional presidido por Nicolás Maduro parecen condenados a que se les aplique todo el peso de la Ley.
Posiblemente esto también está concebido así en el formato imperial, recordemos que la cabeza pensante de la oposición está fuera del país. Un régimen “dictatorial” como el que la canalla mediática denuncia permanentemente requiere de presos políticos y si son muchos mejor.
Una revolución que no es capaz de aplicarle la justicia establecida en sus leyes a quienes pretenden derrocar al poder constituido terminará sucumbiendo a las presiones de quienes nunca dejarán de tener sus “razones” para sin ninguna fórmula de juicio previo asesinar la revolución que las grandes mayorías del país de manera recurrente han legitimado.
Con Chávez, Maduro y el Pueblo el socialismo es seguro.
